Pese a la presión abrumadora de grupos a favor de los inmigrantes, la iglesia católica local, la filial estatal de la  NAACP, principal organización afroamericana del país,  y la ACLU,  que defiende los derechos  de los ciudadanos, el gobernador demócrata de Tenesí , Phil Bredesen,  firmó este lunes  28 de junio la ley  SB 1141/HB 670, que permite indagar el estatus migratorio de los arrestados en todos los centros de detención de ese estado, aplicando conceptos de los programas federales de deportación 287g y Comunidades Seguras.
 
En Nashville, Tenesí, fue el lugar donde Juana Villegas de la Paz, una mujer de 33 años, embarazada de nueve meses, tuvo prácticamente que dar a luz encadenada a una camilla gracias a ser indocumentada  y a la existencia del programa de deportaciones 287g, cuando el republicano George W. Bush era presidente en julio de 2008.
 
La mexicana, Villegas había sido detenida por una infracción de tráfico que la convirtió en “lo peor de lo peor”, merecedora  de la expulsión del país.
 
Desde ese incandescente verano, hace dos años, hasta el actual, bajo la administración  del demócrata, Barack Obama, las cosas han cambiado muy poco en Tenesí y en el resto del país.
La periodista de La Opinión, Eileen Truax, presentó hace pocos días  el caso de Leonel Fernández, homónimo del presidente de Republica Dominicana, pero indocumentado mexicano,  que se perdió la celebración  de graduación de preescolar de su pequeña hija, Yasmín, al ser arrestado el jueves 17 de junio por vender elotes en la localidad de Carson, California. Fernández fue deportado usando el programa de Comunidades Seguras.  
 
La reportera de Mi Gente de Charlotte, Carolina del Norte, Patricia Ortiz, había informado en el invierno de 2009, la detención y posterior deportación de Carlos Ramírez, quien también vendía mazorcas en predios de una iglesia. Uno de los sacerdotes del templo denunció a las autoridades la actividad del mexicano  Ramírez, quien terminó enredado en el 287g.
 
María Cristina Loboguerrero  de El Diario –La Prensa, de Nueva York, reveló recientemente la situación  de Italo Silva, quien enfrenta la posibilidad de ser deportado, tras intentar abrir un restaurante en Newark, Nueva Jersey, dónde utilizó el número de identificación tributaria que otorga el Servicio de Rentas Internas (IRS) para la realización de los tramites. Una agente de policía denunció a Inmigración al venezolano, pese a que Newark es ciudad santuario de indocumentados.
 
De acuerdo con The New York Times, el camerunés Herve Fonkou Takoulo  fue detenido por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), después de que su  esposa Caroline Jamieson, ciudadana estadounidense, envió una carta al presidente Barack Obama solicitando ayuda para impedir la deportación de su marido.
No obstante, Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), insiste en que la prioridad de la actual administración es deportar a los indocumentados que son considerados delincuentes peligrosos. Lo dijo recientemente en el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos de Washington y lo reiteró ante los asistentes de la reunión anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO), que se realizó en Denver, Colorado.
 
Ojalá los agentes de ICE nos libren de los verdaderos criminales y no sigan expulsando del país a gente que no es “lo peor de lo peor”.
 
Para demostrar que el proceso es transparente, las autoridades tendrían que suministrar informes diarios y semanales con las cifras del número de arrestados y deportados, desglosando claramente a qué nivel pertenecen: 1,2 y 3.
 
También, los medios de comunicación y las organizaciones de base deben tener acceso a la información de quiénes son los deportados, por qué se les está expulsando y qué cargos legales pesaron sobre ellos.
 
Rafael Prieto Zartha es asesor de medios de comunicación en español de America’s Voice.