Inconformes con el presente combate a la inmigración, siete senadores republicanos miembros del Comité Judicial se quejaron al Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) por intentar priorizar la detención y deportación de extranjeros auténticamente criminales y peligrosos.

Airados porque la DHS instruye a la Policía de Inmigración (ICE) para que deporte a felones violentos y convictos, los desagradecidos senadores pasan por alto el hecho de que en los pasados dos años la detención y deportación indiscriminada ha sido la norma, incluso alcanzando la meta de deportar a 400.000 extranjeros en el año fiscal 2010.

Para estos senadores republicanos resultaba imposible reconocer que la administración Obama estaba ejecutando con escalofriante eficiencia la indiscriminada política de deportación de inmigrantes instaurada por George W. Bush. 

"Su Departamento es responsable de aplicar la ley tal como está escrita", decían en su carta los desagradecidos senadores dirigidos por el senador de Texas John Cornyn.  Luego, los otrora exorcistas de las grandes burocracias y del gasto público galantemente animaron a una DHS con un ya considerable presupuesto de $56.300 millones de dólares para el año fiscal 2011, para que "requiera un incremento en fondos para ICE suficiente para cubrir necesidad de personal, capacidad de detención, y esfuerzos de coordinación a nivel nacional para lograr un óptimo y robusto sistema de remoción de inmigrantes".

"Hagan lo que le decimos" claman los legisladores a los ejecutores de la ley, sin contemplación alguna a la supremacía de nuestra Constitución y de los existentes controles y balances provistos en este caso por el Poder Judicial.

He aquí solo dos ejemplos de nuestras cortes procurando detener el hostigamiento disfrazado de ley, ordenanzas o de aplicación de la ley  en contra de los inmigrantes:

"Las 'personas' sin perjuicio de su ciudadanía o estatus migratorio no están desprovistas de la protección de la Constitución", reiteró la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito, sentando un precedente al anular dos ordenanzas anti-inmigrantes del pueblo de Hazleton (PA) en septiembre del 2010. 

"Ambigüedades en las leyes criminales citadas por las leyes de inmigración deben interpretarse a favor de los no ciudadanos", dictaminó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en el caso Carachuri-Rosendo v. Holder Fiscal General, el pasado 14 de junio del 2010.

Senadores del Comité Judicial, cuidado con llamar de forma indiscriminada criminales a los inmigrantes, y con confundir la crisis de la inmigración indocumentada con una amenaza terrorista.