WASHINGTON, D.C. – El decimosexto operativo del alguacil Joe Arpaio, con vehículo blindado con metralleta en el desierto de Arizona, coincidió con la primera audiencia sobre la SB1070 en un tribunal federal de Phoenix, aunque él asegura que no fue un montaje mediático. Al día siguiente se reveló que dos empleados estatales de Utah –posiblemente más-, habrían divulgado la lista de nombres y datos de 1,300 latinos presuntamente indocumentados, acrecentando el temor en que ya viven muchos inmigrantes, y violentando la protección a la privacidad -de todos-, resguardada por leyes estatales y federales.

La batalla legal a favor y en contra de la implementación de la SB1070 el 29 de julio entra esta semana en una fase clave al escucharse la demanda del Departamento de Justicia federal contra Arizona argumentando que le están usurpando la autoridad de aplicar las leyes migratorias. Arpaio anunció otro operativo para el 29 de julio.

Esto prevalece: Arpaio, la ley de Arizona, Utah, medidas antiinmigrantes en Nebraska y otros estados, intentos de 'clonar' la SB1070, 'vigilantes', reportes de ataques de tinte racial, y en general, un clima que da nuevos bríos a quienes sin SB1070 ya culpaban a los inmigrantes de todos los males del país. Los políticos, por su parte, derrochan retórica electorera que nada compone.

¿Y el gobierno federal? Apagando incendios sin que se vislumbre una solución integral de parte del Congreso que ahora tiene asuntos "más importantes" que atender, como asegurar la reelección o la elección, y culparse mutuamente por la inacción legislativa.

Condenar lo sucedido o lo que puede suceder, y repetir lo que debería hacerse, según cada bando, no resuelve nada legislativa o administrativamente.

Aunque el gobierno federal dice que no puede haber un mosaico de leyes migratorias estatales, su inacción genera un mosaico de situaciones desafortunadas que no apelan a la sensatez sino a los peores prejuicios.

No sólo lo dicen grupos pro inmigrantes.

El procurador estatal de Utah, Mark Shurtleff, republicano, afirma que aunque muchos se refieren a la lista de Utah como la "lista negra", "en realidad es una lista de eliminación". "Así no se hacen las cosas en Utah".

Shurtleff asegura que no intervendrá en la demanda federal contra Arizona, aunque otros republicanos de Utah abogan por una medida similar a la SB1070. Ya son nueve los procuradores estatales –todos republicanos-, que han intervenido en favor de la SB1070.

Según Shurtleff, el tema migratorio no debe resolverse "propagando odio, con retórica política, amenazas o racismo" sino con una "solución integral".

Una solución integral sin la cual muchos disfrazan sus agendas bajo el escudo de la seguridad.

Arpaio, por ejemplo, detiene a un puñado de indocumentados, pero ya son más de 40,000 las órdenes de arresto por delitos graves que no ha atendido, según un análisis del Fondo Educativo de America's Voice que identifica 21 ejemplos de los excesos del alguacil, incluyendo el uso de perfiles raciales y las 2,700 demandas que pesan en su contra.

En la guerra de la percepción contra la realidad, Arpaio y sus clones, sin embargo, dan la impresión de que "están tomando cartas en el asunto". Y el gobierno federal de que no hace nada. En este caso, ni parece tratar de apagar el fuego pues lleva casi dos años investigando al alguacil y nada. Hasta Arpaio los reta a que lo acusen si pueden.

El gobierno federal intenta apagar el incendio de la SB1070, pero éste amenaza con propagarse.

¿Cuántos más habrá que apagar antes de que los magos de la percepción, nuestros insignes políticos en Washington, actúen?