El fallo judicial dictado por la Corte Suprema de México en el que se ratifica la ley aprobada a finales del año pasado para permitir la adopción de hijos por parte de las parejas casadas del mismo sexo en la Ciudad de México tiene a algunos observadores preguntándose: ¿acaso México es más tolerante que los Estados Unidos?

El fallo judicial emitido en México, el tercer caso histórico en el que se ratifica la ampliación de los derechos de las personas lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero (LHBT) en México en el lapso de sólo dos semanas, contrasta en forma tajante con una serie de resoluciones judiciales emitidas en el 2008 y el 2009 en California, en virtud de las cuales primero se concede y luego se deniega a las parejas del mismo sexo el derecho a casarse en ese estado. Sin duda, a ambos países aún les queda un largo trecho por recorrer antes de que se les conceda plenos derechos legales a sus ciudadanos LHBT. Y la igualdad no se consigue únicamente a través de los cambios de política.

La sociedad en sí debe cambiar a un nivel muy fundamental, como lo demuestra nuestra propia lucha larga y aún inconclusa por los derechos civiles, la igualdad de género y otros problemas de justicia social en los Estados Unidos. La serie de fallos judiciales emitidos el mes pasado en los que se ratifican los derechos humanos de las parejas del mismo sexo en la Ciudad de México sólo demuestra los avances más recientes de lo que actualmente puede considerarse con justeza como una tendencia regional hacia la ampliación de los derechos de las personas LHBT y el gobierno secular.

Los actuales esfuerzos que se realizan para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en varios países representan un desafío importante a las normas y tradiciones regionales establecidas en una región donde existe una cultura machista infame, pero que aún sigue siendo muy celebrada. Ya ha comenzado a manifestarse la reacción negativa en contra de las leyes que conceden derechos de matrimonio entre parejas del mismo sexo, en particular en México y Argentina, los dos países donde los cambios han sido más amplios.

La demanda judicial para impugnar la ley de la Ciudad de México que permite el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo se interpuso a instancias del Presidente Felipe Calderón, quien argumentó que otorgarle estos derechos a las parejas del mismo sexo "planteaba una amenaza a las familias tradicionales y a la procreación de hijos". No sólo fracasó Calderón, sino que su plan resultó contraproducente, en tanto el texto del fallo del Tribunal podrá hacerle mucho más difícil a cada estado el poder impugnar el mandato federal de que se acepten los matrimonios del mismo sexo implantado en la capital.

En julio, Argentina, nación donde el catolicismo es la religión oficial por designación constitucional, se convirtió en el primer país latinoamericano en legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo a nivel nacional y algunos consideran que el fervor con el que la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su esposo el ex Presidente y diputado actual del parlamento Néstor Kirchner luchan por los derechos de las personas homosexuales se derivan en lo fundamental del deseo de adelantar su batalla de larga data con la Iglesia Católica más que de su preocupación por la igualdad de las personas LHBT.

Parece ser inminente que se produzcan similares batallas muy politizadas sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo en Chile y Brasil, donde también se siente con fuerza la presencia de la Iglesia Católica. El aborto en Chile es ilegal en cualquier circunstancia—aun en el caso de que se considere médicamente necesario para salvar la vida de la madre—y el divorcio sólo se legalizó en el 2004. La Iglesia de Brasil, que es la nación con más católicos de la tierra, excomulgó a la madre y los médicos de una niña de 9 años que terminó su embarazo después de haber sido violada por su padrastro y quedar embarazada de gemelas.

El resultado de los esfuerzos por ampliar los derechos de las personas LHBT en Chile y Brasil, donde la influencia tradicional de la Iglesia sobre la política social es tan fuerte como en cualquier parte de la región, puede resultar particularmente instructivo en lo que respecta al futuro de los derechos de las personas homosexuales y las perspectivas de buen gobierno secular en la región.

Pero los avances en la adopción de políticas que reafirmen los derechos humanos de las personas LHBT no deberían malinterpretarse como un reflejo de un cambio de paradigma en los temas de las personas LHBT dentro de la sociedad latinoamericana en su conjunto. La aceptación de las personas LHBT en América Latina va en aumento, sobre todo entre la generación más joven de la región, pero este cambio de actitud sigue siendo limitado en su alcance.

Las agresiones contra los hombres y las mujeres transgénero son comunes en Centroamérica y en otras partes de Latinoamérica. Las personas transgénero suelen ser víctimas de la violencia a manos de la policía, que generalmente goza de impunidad total por los delitos cometidos contra los "indeseables". En otras partes de América Latina las personas LHBT continúan enfrentando discriminación, y muchas veces carecen de protecciones legales si son despedidas de sus empleos o discriminadas de alguna otra forma.

El cambio de política, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, es sólo el primer paso en un largo camino hacia la plena igualdad de las personas LHBT, sobre todo por que, en el caso de América Latina, dicho cambio se extiende por media docena de países muy diversos de una región grande. Con todo, los recientes cambios de política en América Latina constituyen un paso crucial: un paso que encierra la posibilidad no sólo de adelantar la igualdad ante la ley, sino también de fortalecer la práctica del buen gobierno secular en décadas venideras.