Pese a no ser aprobada por el Senado, la "Ley de protección de fronteras, antiterrorismo y control de inmigración ilegal", ya ha visto su propósito realizado;  las autoridades federales y estatales consideran al "terrorismo" y a la "inmigración ilegal" como si fueran un mal idéntico.

Hacia agosto del 2010, más del 50 por ciento de todos los enjuiciamientos criminales federales eran por inmigración, un esfuerzo por mucho superior a cualquier otro para combatir el tráfico de drogas y armas, asesinatos o crímenes sexuales.  El Departamento de Seguridad Doméstica (DHS) fue la única fuente del 56 por ciento de todos los casos, por encima del FBI, la DEA y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos (ATF).

El generalizado abuso de Derechos Humanos y constitucionales fue facilitado por la delegación de autoridad federal migratoria a las policías estatales y locales mediante acuerdos 287(g), según un reporte del Inspector General de la DHS.  "Detenciones masivas y deportaciones de inmigrantes no-criminales," a la par del "desconocimiento de los derechos y libertades civiles" fueron la práctica.

En abril fue aprobada la ley S.B. 1070 de Arizona de "hostigamiento mediante ejecución de la ley" autorizando a las autoridades locales para que actúen bajo el inconstitucional precepto de "sospecha razonable" para requerir documentos de personas que parezcan extranjeras.

La presente meta de la Policía de Inmigración (ICE) es la deportación de 1.096 inmigrantes al día, una meta que alcanzó en el año fiscal 2010.  Al tiempo, centros de detención de inmigrantes construidos a medida manejan un promedio de 32.600 inmigrantes diariamente.

Otro golpe vino con la implementación de 'Secure Communities', una base de datos nacional alimentada y compartida por las policías federal, estatal y local con datos biométricos que, pese a solo identificar a un "inmigrante criminal altamente peligroso" por cada 200 inmigrantes,  alerta a las autoridades a tratar a todos los individuos como una amenaza.

Mientras que una promesa del presidente Barack Obama de entregar una reforma migratoria "este año" no se cumpliera, y que cinco demócratas bloquearan el paso del DREAM Act en el Senado, solo el Sistema de Justicia salió al rescate de los vapuleados inmigrantes.

En junio la Corte Suprema de Justicia decidió que "ambigüedades en leyes criminales…deben interpretarse a favor de los no ciudadanos", y en septiembre la Corte de Apelaciones del Tercer Distrito suspendió las ordenanzas anti-inmigrantes de Hazleton en defensa de la cláusulas constitucionales de Supremacía, Debido Proceso, y de Igualdad de Oportunidades.

El paso de Estados Unidos por esta era de oscurantismo en inmigración no vislumbra salida alguna. Tal cual como en las guerras perdidas de Vietnam, Afganistán o Irak, se contentarán con buscar una 'estrategia de salida' dejando atrás horrores inenarrables.