(Barcelona). Todas las opciones de diálogo entre España y Catalunya se agotaron. ¿De quién es la culpa?

No está claro, pues los dos protagonistas de este culebrón separatista que amenaza con dejar una profunda huella social en la sociedad catalana y española – se han dedicado a “pasarse el marrón” de un lado a otro. De Madrid a Barcelona. De Barcelona a Madrid. En bucle, a diario, desde que el pasado 1 de octubre Catalunya celebró un polémico referéndum por la independencia que el Tribunal constitucional declaró ilegal y que, por tanto, el estado español considera ilegal.

Este jueves, el presidente catalán Carles Puigdemont, fue invitado a asistir a una sesión del Senado, en Madrid, para presentar las alegaciones de su gobierno para frenar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspenderá los derechos de autonomía de Catalunya en represalia por el desafío separatista.

Pero Puigdemont, bajo presión de sus socios independentistas en el gobierno catalán, decidió no ir al Senado, sin dar explicaciones, aunque dando a entender que no serviría para nada. En una carta enviada por burofax al Senado, dijo que su gobierno había presentado una petición ante el Constitucional alegando que la forma con que el gobierno español de Mariano Rajoy (PP) propone aplicar el 155 es inconstitucional. El artículo 155 que se votará hoy en el Senado implica la suspensión del gobierno y el Parlamento catalán, así como la intervención de Hacienda catalana, los “Mossos” ( la Policía Regional) y los medios de comunicación públicos. (Tv3), tres pilares de la autonomía catalana, que consiguió recuperar tras la muerte de Franco, a finales de los años 70.

El objetivo del artículo 155, según el gobierno español, es conseguir que el gobierno catalán regrese al marco de la legalidad y convocar elecciones regionales. Han asegurado que la medida se extendería durante seis meses, pero podría alargarse hasta que la situación democrática se normalice. Algunos analistas políticos críticos con el Partido Popular han advertido de que se trata de una medida demasiado severa y que esconde un intento de recentralización por parte del Estado. Catalunya, el País Vasco y Navarra cuentan con una autonomía política y fiscal destacada por motivos históricos.  También coincide con que son comunidades autónomas donde el conservador PP no tiene un peso electoral importante.

A mediados de esta semana, el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE, anunció no obstante que si Puigdemont retiraba la amenaza de una posible declaración unilateral de independencia y llamaba a elecciones autonómicas, el artículo 155 no se aplicaría.

Varios miembros de su coalición política presionaron ayer a Puigdemoent para que convocara elecciones regionales y evitara el desastre del 155, que tendría consecuencias para todos los catalanes, independentistas o no. La economía también lleva dando señales de aviso de que una declaración unilateral de independencia sería nefasta para Catalunya: desde la celebración del referéndum, el día 1 de octubre, más de mil empresas han movido su sede social fuera de Catalunya, y las reservas turísticas han caído en picado. Todo esto se traducirá en pérdidas de empleo en los próximos meses.

El rumor de que Puigdemont finalmente convocaría elecciones regionales empezó a circular el jueves al mediodía. Eran rumores basados en una fuente interna del gobierno citada por el diario La Vanguardia: DUI descartada, elecciones autonómicas en diciembre. La bolsa subió, primeras dimisiones en las filas independentistas. El presidente Puigdemont anunció un discurso presidencial para las 13h30 para explicar a la ciudadanía su decisión. Frente al Palacio de la Generalitat, el gobierno catalán, en Barcelona, empezaron a llegar estudiantes universitarios con banderas independentistas, desilusionados ante la inminente  decisión del presidente. “President, no es faci enrere!” (Presidente, no se eche para atrás), le gritaban. Se pasaron allí todo el día. Porque Puigdemont finalmente apareció a las 17h, tres horas y media después de la hora prevista. Apareció con semblante serio y cara de agotado, después de casi un mes sin dormir. Y en lugar de convocar elecciones, como todo el mundo esperaba, dijo que el “gobierno de Mariano Rajoy no le había dado garantías suficientes de que no aplicaría el articulo 155 si convocaba elecciones, así que dejaba la decisión de declarar o no la independencia al Parlamento catalán.

Hoy viernes, pues, el Parlamento catalán votará qué hacer frente al artículo 155, que ya asoma como una realidad inminente. Oliéndose una declaración de independencia, el secretario de economía catalán, Santi Vila, presentó ayer noche su dimisión. Vila ha insistido en los últimos meses que la declaración de independencia no era una buena salida a la crisis. Por muy duro que sea el artículo 155.

La prensa de Barcelona - La Vanguardia, El Periódico, diari ARA-  ha lanzado editoriales muy duras contra el presidente catalán. Le acusan de sacrificar la autonomía de Catalunya por una independencia que no tiene el suficiente apoyo popular y que tendrá un duro impacto en la economía, aparte de que no tendrá el reconocimiento internacional. El referéndum del 1 de octubre, celebrado en condiciones totalmente irregulares (con un censo universal, entre ataques cibernéticos al sistema y cargas policiales ordenadas por Madrid) obtuvo un 42% de la población, y el “sí” ganó en un 90%. Los votantes del no, ante unos comicios que Madrid considera ilegales y por tanto, no vinculantes, no tenía demasiada motivación para ir a votar.

Está claro que si el gobierno español hubiera aceptado realizar un referéndum legal de independencia – algo que el gobierno catalán lleva pidiendo desde 2012 – la situación no hubiera llegado a este extremo. Las encuestas indicaban con toda probabilidad que ganaría el no. Pero Madrid se aferra a la Constitución para repetir que un referéndum de autodeterminación es ilegal. Tiene el respaldo de Europa, temerosa de que después del Brexit estallen nuevos nacionalismos que puedan poner en equilibro la hegemonía territorial de la Unión Europea. Francia, Italia y Alemania tienen sus propias regiones autonómicas con deseos de más poder regional.  ¿Debería Bruselas replantearse la constitución territorial de Europa para adaptarse a las aspiraciones de las regiones y disminuir el poder de los estados?

Quizás sí, pero no será un proceso rápido. Los estados y sus aparatos de poder se mueven con pies de elefante.