Casi parece repetitivo decir que el COVID-19 ha sacudido el mundo y que ha creado una mayor brecha en la disparidad y la pobreza entre la población de los Estados Unidos, pero la crisis de desalojo pendiente es un ejemplo más. A medida que los meses han pasado como si se arrancaran páginas del calendario, también lo ha hecho el tiempo para cada moratoria de desalojo. 

Después de prorrogar la moratoria nuevamente en julio, el Gobernador Tom Wolf ha declarado que ordenar otra prórroga ya no es de su competencia y ahora pide a la legislatura estatal que intervenga. 

A él se han unido los líderes políticos locales y de base de todo el estado.

Sin embargo, la administración de Trump anunció el martes 1 de septiembre que está poniendo una extensión en la moratoria de desalojo hasta el final del año con efecto inmediato. 

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades anunció la noticia aliviadora como una medida para continuar implementando el distanciamiento social y para permitir que el país pueda manejar el colapso económico causado por la pandemia. 

La moratoria se aplicará a quienes ganen menos de 99.000 dólares al año y no puedan pagar el alquiler o la hipoteca.

El portavoz de la Casa Blanca, Brian Morgenstern, dijo a los periodistas el 2 de septiembre que "el presidente Trump está comprometido a ayudar a los estadounidenses trabajadores a permanecer en sus hogares y a combatir la propagación del coronavirus".

Aunque no está claro cómo va a afectar la mudanza a los propietarios, da la oportunidad a los americanos de recuperarse de la devastación económica causada por la pandemia.

Los que buscan protección deben demostrar que no pueden pagar el alquiler debido a la crisis, y que sin la ayuda se quedarán sin hogar si se ven obligados a desalojar sus casas. También tendrán que certificar que están pagando todo lo que pueden según el CDC. 

A finales de año, cuando la moratoria esté sobre nosotros, los inquilinos tendrán que hacer los pagos atrasados a sus propietarios. 

Por último, los altos funcionarios de la administración dijeron que como el CDC tiene autoridad para tomar medidas para combatir la propagación del virus, también tienen autoridad para interponerse en una relación propietario-inquilino si tiene que ver con la actual crisis de salud pública. 

Lo que queda en duda son los próximos meses, ya que la moratoria de Trump termina, y la gente todavía no tiene el dinero para pagar, ¿qué pasará? ¿Cómo va a ayudar el gobierno a las miles de personas que podrían ser desplazadas porque todavía no tienen trabajo... 

Al final, es una bomba de tiempo si no hay otras resoluciones para ayudar a los americanos a ponerse al día con sus luchas financieras.