El pasado jueves el Senado de Estados Unidos aprobó un presupuesto de 4 billones de dólares para el año fiscal 2018, asegurando que se ha abierto el camino para la Reforma Fiscal que tanto anhela el presidente Trump.

Pero muy pocos entienden de qué se trata esta reforma y cómo nos podría afectar como ciudadanos estadounidenses.

Empecemos por lo más básico:

El Congreso estadounidense es un sistema legislativo bicameral, es decir, que contiene dos grupos (cámaras) de legisladores: el Senado y la Cámara de Representantes.

Todos los legisladores son elegidos mediante elección directa, pero existen algunas vacantes en el Senado que pueden ser completadas por nominación gubernamental.

El Congreso tiene 535 miembros, que pueden votar a favor o en contra de nuevas leyes y medidas legislativas, de los cuales 435 forman parte de la Cámara y 100 del Senado. Según la Constitución de Estados Unidos, tanto la Cámara de Representantes como el Senado son “entidades iguales” en el proceso legislativo, y ninguna ley puede ser aprobada sin el consentimiento de ambos organismos.

Sin embargo, cada uno de ellos tiene misiones distintas: el Senado ratifica tratados y aprueba designaciones presidenciales, mientras la Cámara inicia proyectos de recaudación de ingresos.

Donald Trump llegó al gobierno estadounidense con una mayoría importante dentro del Senado, con 52 escaños Republicanos (versus 46 Demócratas y 2 independientes). También cuenta con una mayoría Republicana dentro del Congreso, con 241 de los 435 escaños (194 de los cuales son Demócratas).

Con esta mayoría, cualquier proyecto de ley que el gobierno de Trump – respaldado por los Republicanos – quisiera impulsar, no debería encontrar demasiados obstáculos.

Este, sin embargo, no ha sido el caso. Frente a la necesidad urgente de derogar la estructura de la administración Obama, el presidente Trump ha hecho todo lo posible por rescindir primero la reforma sanitaria, conocida como Obamacare, e impulsar una nueva reforma fiscal, haciendo eco de su promesa electoral de construir una “América mejor”.

Los desencuentros dentro del mismo partido Republicano no le han favorecido demasiado en derogar la primera. Pero la Reforma Fiscal, por el contrario, parece ir viento en popa.

El pasado mes de julio, los miembros del GOP desvelaron su proyecto presupuestal para el 2018 ante la Cámara de Representantes, exponiendo su meta última de reformar el sistema fiscal estadounidense.

Tras doce horas de debate, el plan – bajo el título de Building a Better America – fue aprobado, autorizando entonces su paso al Senado para ser sometido de nuevo a votación.

El proyecto propone equilibrar el presupuesto federal al recortar los gastos y reformar el gobierno, con la promesa de “lograr un crecimiento exponencial de la economía”.

Según reportaba CNN en el momento, “el presupuesto del 2018 sería un vehículo para cambiar los impuestos. De la misma manera que plantearon en su programa derogar Obamacare en el presupuesto del 2017, los dirigentes del GOP están utilizando una herramienta presupuestaria denominada ‘reconciliación’ para aprobar la legislación fiscal en el Senado con una mayoría simple”.

Y eso fue, precisamente, lo que sucedió el pasado jueves 19 de octubre.

Como reportó el Washington Post, el Senado aprobó el presupuesto republicano, permitiendo al GOP utilizar una maniobra de procedimiento para aprobar la legislación fiscal a través del Senado con 50 o más votos, despejando la necesidad de cualquier tipo de apoyo por parte de los senadores Demócratas.

Y es que los Republicanos no pueden recortar impuestos sin primero lograr aprobar la resolución presupuestaria, y es por ello que todos sus esfuerzos se han centrado en lograr que esto sea lo primero en ser aprobado.

Al mismo tiempo, y como continúa el Post, al acordar un “recorte fiscal masivo”, los republicanos del Senado han desplazado oficialmente al partido lejos de su “meta prometida” de asegurar que el “proyecto fiscal no aumentaría el déficit”.

“La Casa Blanca y los Republicanos de la Cámara habían prometido que los recortes fiscales se compensarían con los ingresos provenientes de la eliminación de ciertas deducciones, pero esa no es ya la meta del GOP. Por el contrario, han abandonado la ortodoxia tradicional del partido frente a la reducción del déficit y están buscando una victoria política tras meses de frustraciones en Capitol Hill”.

El gobierno propone equilibrar el presupuesto para la próxima década, recortando cientos de miles de millones en gastos obligatorios (gastos en programas exigidos por la ley actual). Este tipo de recorte afectaría gravemente a la ciudadanía que depende de esos fondos. Por ejemplo, con respecto a los programas obligatorios la reforma republicana plantea que: “En áreas como la salud, la seguridad, la regulación medioambiental, la educación, el desarrollo de la fuerza trabajadora y el transporte, ponemos el gasto federal en un presupuesto y empoderamos los estados, que están mejor capacitados para abordar las necesidades individuales de sus ciudadanos y comunidades”.

Para ello, tanto el presidente como los Republicanos en el Congreso esperan aprobar un paquete de recortes fiscales a corporaciones, empresas pequeñas y particulares antes del mes de enero, argumentando que los recortes “impulsarán el crecimiento económico de Estados Unidos, el empleo y las ganancias”.

Ante la pregunta que nos hacemos todos sobre el origen de todo este dinero, la respuesta ya la dio en su día el representante principal Demócrata en el Comité de Presupuesto de la Cámara, John Yarmuth: “si usted está escuchando esto y no es millonario, probablemente venga de su bolsillo”.