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La adhesión de la pregunta de ciudadanía en el Censo del año 2020 ha desencadenado una fuerte oleada de criticismo y advertencia por parte de representantes Latinos en el Congreso. 
La adhesión de la pregunta de ciudadanía en el Censo del año 2020 ha desencadenado una fuerte oleada de criticismo y advertencia por parte de representantes Latinos en el Congreso. 

Representantes Latinos rechazan la nueva pregunta del Censo 2020

Los legisladores Latinos no se quedarán de brazos cruzados ante la incorporación de la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020.

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Después de que el pasado lunes el Departamento de Comercio anunciara la reincorporación de la pregunta de ciudadanía en el censo del año 2020, la respuesta inmediata fue la de varios legisladores y representantes Latinos quienes perciben esta movida como “una estrategia para infundir el miedo en las comunidades inmigrantes”.

Según reportó Latino Rebels, “prácticamente cada organización nacional latina condena la decisión de preguntar por la ciudadanía en el Censo 2020”, incluyendo la National Hispanic Leadership Agenda, la Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF) y la National Asociation of Latino Elected and Appointed Officials (NALEO).

Por su parte, el Caucus Hispano en el Congreso, encabezado por Michelle Lujan Grisham, había venido advirtiendo sobre la movida, y en una carta fechada el 16 de enero de este año insistieron al Secretario de Comercio, Willbur Ross, a que reconsiderara la solicitud del Departamento de Justicia.

“El Censo estadounidense se lleva a cabo cada diez años para recolectar los datos que reflejan con exactitud el total de la población de Estados Unidos, sin importar la ciudadanía”, reza el texto. “Las preguntas del Censo pasan por años de exhaustivas revisiones, incluyendo pruebas de campo y respuestas de grupos de discusión. Incluir una pregunta no evaluada podría afectar seriamente la habilidad del Buró de producir un conteo correcto de la población y podría resultar en un aumento en los costos del Censo”.

Después de que se hiciera oficial la medida de la Oficina del Censo, Lujan Grisham emitió un comunicado resaltando el inminente peligro de la nueva pregunta.

“Esta no es una adición lógica al censo, de hecho es una movida peligrosa, alarmante y profundamente política, que ha sido rechazada por la American Sociological Association, grupos de derechos civiles, seis ex directores de la Oficina del Censo de administraciones tanto Republicanas como Demócratas, más de 161 alcaldes, 19 Fiscales Generales estatales y miembros del Congreso”, escribió la representante. “Esta es otra acción de la Administración Trump para sembrar el miedo en comunidades y para proseguir con su agenda anti-inmigrante”.

Asimismo, el National Immigration Forum recurrió a Twitter para dejar en claro que “la pregunta de ciudadanía es un nuevo intento de sembrar miedo basado en datos. La comunidad inmigrante, con documentos o sin ellos, pensará dos veces antes de compartir información con el gobierno”.

Sumándose a la crítica, el Caucus Demócrata de la Cámara, escribió que “esta movida de la Administración Trump ataca las bases de nuestra democracia y es un flagrante intento de sembrar el miedo en las comunidades inmigrantes. El censo no debería ser utilizado como un juego político”.

Pero las acciones no se han reducido a declaraciones públicas.

El Representante Vicente González, del Distrito 15 de Texas, anunció que se tomarían medidas locales para combatir la manera en la que el Censo se llevará a cabo, “instaurando por primera vez una oficina del Censo en el Valle para asegurar un mejor conteo en el área”.

González explicó que la medida había sido solicitada a la Oficina del Censo hace algunos meses y que “contratar a personas locales que conocen las zonas rurales – que frecuentemente no son contadas – permitirá alcanzar a esa población”, evitando así el miedo de abrir la puerta a un desconocido que represente al gobierno.

La Casa Blanca, por su parte, ha intentado defender su decisión cayendo en imprecisiones históricas (cuando la vocera Sarah Huckabee Sanders aseguró que la pregunta “siempre ha estado en el Censo excepto en el 2010”) y en declaraciones “problemáticas”, según reportó la Associated Press.

El Departamento de Comercio declaró que “entre 1820 y 1950 casi cada censo decenal preguntó sobre la ciudadanía de alguna forma”, algo que Associated Press ha demostrado que no es “exactamente correcto”.

Para el medio, lo más preocupante es que, si bien el gobierno ha argumentado que “el actual nivel de datos es insuficiente en alcance, detalle y veracidad para determinar violaciones a los derechos de los votantes”, para conocedores del tema “el uso de la pregunta podría causar mayores daños en los derechos políticos de grupos minoritarios pues disuade a los inmigrantes de participar, resultando en una representación disminuida en la Cámara de Representantes de Estados Unidos”.

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