El Consejo de Educación de Filadelfia está estudiando una propuesta que exigiría a todos los empleados del distrito escolar obtener la aprobación de la oficina de comunicación del distrito antes de hablar con los medios de comunicación. 

La respuesta inmediata ha sido negativa.

Durante una reunión del comité la semana pasada, el miembro de la junta Mallory Fix-Lopez calificó la propuesta de "orden de mordaza". La Federación de Profesores de Filadelfia dijo en un tuit que la política revisada propuesta representaba "intentos atroces y censurables" de limitar la capacidad de sus miembros para hablar con los medios de comunicación, y prometió revisar su legalidad. 

Los cambios en la política de relaciones con los medios de comunicación incluyen un texto que dice que "los miembros del personal no darán información escolar o entrevistas solicitadas por los representantes de los medios de comunicación sin la aprobación previa de la Oficina de Comunicaciones". También prohibiría al personal compartir cualquier foto tomada dentro de los edificios escolares. 

En la actualidad, se pide a los empleados del distrito que se pongan en contacto con la oficina de comunicaciones si la prensa se pone en contacto con ellos, pero no existe una política del consejo que les obligue a hacerlo. Los empleados también pueden ponerse en contacto con los periodistas por su cuenta. 

Frank LoMonte, profesor de Derecho de la Universidad de Florida y director del Centro Brechner para la Libertad de Información, declaró al Philadelphia Inquirer que esta política sería sorprendentemente inconstitucional.

"Cuando se les dice a los empleados públicos que no son libres de hablar sobre su trabajo, se está incurriendo en lo que el Tribunal Supremo llama 'restricción previa'", dijo LoMonte. 

Lisa Haver, presidenta de la Alianza para las Escuelas Públicas de Filadelfia, dijo a la junta que los profesores y el personal no "renuncian a sus derechos constitucionales" cuando se convierten en empleados del distrito.

Sin embargo, Monica Lewis, portavoz del distrito, no ve de dónde viene la confusión. Lewis dijo a Chalkbeat Philadelphia que la propuesta es un procedimiento operativo estándar.

"Cualquier persona que haya trabajado para el distrito, le pedimos que nos informe cuando haya sido contactada por los medios de comunicación", dijo Lewis.

Lewis dijo que los empleados no serán reprendidos por hablar con los medios de comunicación sin el permiso de su oficina, pero el lenguaje revisado no aborda las consecuencias de la violación de la política.

La portavoz de la Junta, Janice Hatfield, dijo a Chalkbeat que la política es un "marco para guiar al superintendente que creará un procedimiento que podría o no incluir una acción disciplinaria". 

El público tendrá dos oportunidades más para comentar la propuesta. Se debatirá de nuevo en diciembre y llegará a la junta para su votación en enero. 

El presidente de la Federación de Profesores de Filadelfia, Jerry Jordan, dijo al Inquirer que la propuesta obstaculizaría la capacidad de sus miembros para hablar libremente con la prensa, y que el sindicato trabajaría para asegurarse de que los cambios no se aprobaran.

"A menudo, los miembros denuncian las graves injusticias que sufren nuestros niños, desde la falta de personal hasta los edificios escolares tóxicos. La propuesta autoritaria es un intento abominable de encubrir las preocupaciones que legítimamente plantean los miembros que abogan por las condiciones de trabajo y aprendizaje que todo nuestro personal y los niños merecen", dijo Jordan.