La distancia entre las palabras y los hechos se reduce cada vez más cuando de la Administración Trump se trata.

Tras los actos de violencia del fin de semana, donde 31 personas resultaron fatalmente heridas a manos de la violencia armada, la politización de la tragedia en la comunidad hispana ha llegado a un nuevo nivel.

El día miércoles, mientras el presidente Donald Trump visitaba las comunidades de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio) afectadas por tiroteos masivos, la Agencia de Inmigración y Aduanas llevaba a cabo la redada más grande en la historia del país.

Alrededor de 700 inmigrantes indocumentados, la mayoría Latinos, fueron detenidos en siete plantas de procesamiento de alimentos en seis ciudades de Mississippi, según reportaron los medios.

24 horas después, 377 personas fueron mantenidas bajo custodia, 271 fueron puestos en libertad con orden de aparecer ante un tribunal y 32 fueron liberados por razones humanitarias, según explicó Jere Miles, el agente a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de New Orleans.

Entre ellos, al menos una docena eran padres y madres de familia, cuyos hijos quedaron a merced de la ayuda de vecinos y familiares, mientras sus padres eran trasladados en autobuses a los centros de detención de ICE.

Imágenes y vídeos de niños llorando y clamando por sus padres poblaron las redes sociales, detonando una campaña de repudio por parte de demócratas y activistas a nivel nacional, lo que permitió la liberación de algunos de los detenidos, según explicó el vocero de la agencia, Bryan Cox, a la BBC.

“(Los detenidos) fueron procesados ante tribunales federales de inmigración y tendrán su día en el tribunal en una fecha posterior”, aseguró Cox en un comunicado, agregando que quienes tuvieran problemas para cuidar de sus hijos serían “procesados y devueltos rápidamente”.

Sin embargo, la estrategia ha funcionado perfectamente: el miedo y la persecución son ahora el sentimiento generalizado entre la comunidad inmigrante, especialmente entre Hispanos.

“Si bien somos una nación de inmigrantes, somos más que eso; ante todo, somos una nación de leyes”, declaró el fiscal federal Mike Hurst del Distrito Sur de Mississippi. “Tienen que venir aquí legalmente o no deberían venir aquí en absoluto”.

Estas declaraciones no distan mucho de lo que argumentaba el ex Fiscal General de la Administración, Jeff Sessions, cuando puso en marcha la política de tolerancia cero contra la inmigración el año pasado.

Tras la indignación generalizada por la política de separación de familias instaurada por el gobierno al detener inmigrantes en la frontera, Sessions declaraba que “sí, espero que las personas reciban el mensaje y crucen la frontera en el puerto de entrada y no crucen la frontera ilegalmente”.

Pareciera que ahora la política de tolerancia cero a llegado al corazón del territorio nacional.

Los niños separados de sus padres después de la redada del día miércoles fueron ubicados en un gimnasio local después de haber llegado a casa y darse cuenta que sus padres no estaban, explicó la BBC.

Muchos de los niños son ciudadanos estadounidenses hijos de inmigrantes indocumentados susceptibles a deportación, en especial tras haber sido detenidos con una orden judicial y catalogados de “extranjeros ilegales” por ICE.