El Circo Trump ha inaugurado su nuevo show: una emboscada contra los alcaldes de las Ciudades Santuario.

Durante el día miércoles el Departamento de Justicia aumentó su presión contra las Ciudades Santuario amenazando en una nueva carta con retirar los fondos para seguridad y desarrollo local, si los alcaldes no cumplían con la rendición de cuentas sobre su colaboración con las fuerzas de inmigración.

La carta fue hecha pública al mismo tiempo en que un grupo selecto de alcaldes recibía una invitación para reunirse con el Presidente Trump, como si de un club privado se tratara. Varios de los alcaldes de las Ciudades Santuario fueron excluidos de la exclusiva reunión, en un mensaje que pretendía leerse claramente: quienes no cumplan con las exigencias presidenciales, serán marginalizados de los beneficios federales.

Según reportó El Diario de Nueva York, miembros de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos (USCM), incluyendo al alcalde angelino Eric Garcetti, condenaron a través de una declaración conjunta lo que consideraron como “una nueva amenaza de la Administración de emitir citaciones judiciales contra 23 alcaldes de Ciudades Santuario”.

“Los alcaldes de Estados Unidos quieren cumplir con la Constitución pero este es un problema del Congreso, no de los alcaldes. No lograrán dividirnos ni intimidarnos”, afirmó el alcalde de Nueva Orleans y presidente de la Conferencia durante la apertura de su 86va reunión anual de invierno.

En una demostración de apoyo, y rodeado por los alcaldes de ciudades con alta concentración de población inmigrante, el alcalde Mitch Landrieu (quien sí recibió una invitación a la reunión) condenó la estrategia de la Administración y la decisión del presidente Trump de reunirse con un selecto grupo de alcaldes “y no con toda la Conferencia, como ha sido la costumbre en el pasado”.

Según explica el medio, varios alcaldes que no recibieron la carta decidieron boicotear la reunión con el presidente como gesto de solidaridad, haciendo eco de las palabras de Landrieu, quien aseguró que “un ataque contra cualquiera de nuestras ciudades, es un ataque contra todos”.

Tanto Landrieu como Bill de Blasio (Nueva York) y otros alcaldes decidieron no asistir como protesta ante los ataques del Departamento de Justicia contra las Ciudades Santuario.

De Blasio escribió en Twitter que no asistiría a la reunión “después de que el Departamento de Justicia decidió renovar su asalto racista contra nuestra comunidad inmigrante,” escribió. “No nos protege más y viola los valores fundamentales de Estados Unidos”.

Por su parte, el presidente Trump rechazó la postura de la Conferencia durante su reunión con los alcaldes, asegurando que quienes habían decidido boicotear el evento “han puesto las necesidades de criminales inmigrantes ilegales por encima de los estadounidenses que respetan la ley, pero déjenme decirles, la gran mayoría de la gente asistió”, dijo el presidente, según reportó CNN.

En una rueda de prensa simultánea a la reunión, De Blasio extendió sus denuncias, asegurando que la carta del Departamento de Justicia era “una bofetada en la cara para nuestras ciudades y nuestra gente”.

“Esto demuestra que no tiene intención de tener un diálogo honesto,” dijo De Blasio, haciendo referencia a la carta. “Vine aquí esperando una reunión seria, y lo que recibí fue un truco publicitario de la administración Trump”.

Según reportó la revista TIME, 23 jurisdicciones recibieron la carta, entre ellas la ciudad de Illinois, Nueva York, California, Nuevo Mexico, Washington, Massachusetts, Kentucky, Vermont y Oregon.

El fiscal general Jeff Sessions ha culpado reiteradas veces a las Ciudades Santuario por amparar el crimen y la violencia de pandillas, y el día miércoles reforzó su postura en unas declaraciones: “hemos visto muchos ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que han impedido activamente la ejecución de las fuerzas federales de inmigración. Ya basta”.

Sin embargo, y como continúa la revista, varios activistas de las Ciudades Santuario aseguran que estas políticas de asilo de hecho “mejoran la seguridad pública al promover la confianza entre los agentes de seguridad y la comunidad inmigrante, reservando los pocos recursos policiales para otras necesidades relativas al crimen, más urgentes”.