(Esta historia fue publicada originalmente en The New York Times)

En Estados Unidos, tan sólo los estados de California, Nueva York y Florida han permitido otorgar licencias a migrantes indocumentados para que ejerzan derecho. El asunto es complicado, pues estos asesores podrían “poner en riesgo a sus clientes”, considerando que el gobierno actual podría retirarles el permiso en cualquier momento.

Así lo reportó el New York Times, en un artículo donde hace seguimiento a Lizbeth Mateo, una inmigrante nacida en México y quien recibió su licencia de abogacía aún sin tener documentación.

“Lizbeth, de 33 años, se juramentó como abogada de manera oficial en junio. Después de pasar años como persona indocumentada y en flagrancia abierta de las leyes migratorias, ahora es parte del sistema jurídico y espera representar a otros como ella que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal”, introduce el reportaje.

La juramentación de Lizbeth como abogado fue presidida por el líder del senado californiano, Kevin de León, quien la catalogó como “la personificación del sueño americano”. Pero las circunstancias políticas en las que le toca ejercer a la mexicana oriunda de Oaxaca, son muy complicadas.

Los nuevos lineamientos de detención del presidente Trump, la promesa de un muro fronterizo y la estigmatización del inmigrante como fuente de todos los males, harán mucho más difícil de aceptar a una abogada, inmigrante e indocumentada dentro del sistema judicial estadounidense.

Si bien para Lizbeth esta es una manera de pelear contra medidas “injustas” de la administración de turno, para John C. Eastman, constitucionalista y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Champan en California, su posición es una paradoja legal: “prometes que vas a proteger la Constitución de Estados Unidos y al mismo tiempo violas las leyes que contempla. Estás violando el juramento del cargo desde el momento en que lo tomas: eso es un gran problema”.

De la misma manera, la Federación para una Reforma Migratoria Americana (FAIR; por sus siglas en inglés), ha manifestado en la voz de Ira Mehlman que “si estás en el país de manera ilegal, no hay razón por la que deberías poder ejercer derecho”.

Y es que la categorización de “ilegal” por parte del gobierno se ha ampliado considerablemente. Desde que el gobierno emitiera su orden ejecutiva de inmigración en el mes de enero, una persona que haya utilizado un número de seguridad social falso para trabajar también califica como criminal, y ahora el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha dejado claro que ser de DACA no garantiza una protección legal. La respuesta de personas como Lizbeth Mateo ha sido la del identificarse públicamente como indocumentados, no sólo para atraer clientes sino también “para contar sus historias” y generar un cambio.

“Quieren que estemos atemorizados”, dijo Lizbeth en un discurso ante estudiantes de la Universidad de California. “La gente dice que tiene miedo, pero no tenemos que ser invisibles. Estás más seguro cuando reconoces tu estatus, cuando estás conectado a gente que sabrá si el ICE vino por ti en mitad de la noche”, añadió.

El caso de esta inmigrante es importante para los miles de ciudadanos que viven una circunstancia parecida en Estados Unidos hoy en día. Lizbeth también fue detenida al intentar reingresar al país después de haber viajado a Oaxaca a visitar a sus familiares, pero exigió, junto con otros ocho estudiantes indocumentados, que les permitieran entrar a través del cruce fronterizo y poder pedir asilo. Tras ser liberada, pudo argumentar su caso ante una corte mientras empezaba sus estudios, y su protesta “pretendía atraer la atención sobre la enorme cantidad de personas que habían sido deportadas antes de que fuera implementado DACA, pero varios activistas la criticaron de haberlo hecho como un ardid publicitario”.

A pesar de que su circunstancia es delicada, pues se le ha negado la posibilidad de formar parte de DACA, Lizbeth cuenta con un grupo de legisladores federales, líderes universitarios y “todo un ejército de abogados migratorios”, que están dispuestos a defenderla hasta último momento.

¿Qué debería hacer un ciudadano que ha buscado una vida mejor en otro país si, a pesar de haberse formado como profesional, no obtiene la oportunidad de ejercer y crecer tan sólo por su estatus migratorio?

Esta es una historia que se repite en miles de ciudadanos anónimos, que escogieron huir de la violencia y de la inestabilidad política de sus países de origen para buscar el éxito en otros horizontes.

Y es que no todos los “indocumentados” son traficantes, como no todos los residentes son abogados. La diferencia va mucho más allá de un permiso de residencia, la diferencia está en el valor atribuido a las oportunidades.