En otro intento por deshacerse del patrimonio de la Administración Obama, el presidente Trump ha hecho saber, a través de su cuenta en Twitter, que su gobierno “no aceptará ni permitirá” que individuos transgénero sirvan “en ninguna capacidad” en las Fuerzas Armadas.

“Nuestras fuerzas armadas deben centrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes costes médicos y la perturbación que implicarían los transgénero”, explicó el presidente en un mensaje de 140 caracteres.

En junio del 2016, el gobierno del presidente Obama declaró la apertura del reclutamiento militar a personas transgénero, da la mano del entonces secretario de defensa Ash Carter, estipulando que el Pentágono pagaría por los costos de algunos servicios médicos como cirugías y terapia hormonal, de acuerdo al reportaje de The Hill.  

En un intento infructuoso por despejar cualquier duda de su apoyo a la comunidad LGBT – que fue otra de sus promesas electorales – Trump ha argumentado que la comunidad transexual “perturba” y aumenta los costos de salud en las Fuerzas Armadas, aún cuando el presupuesto del Departamento de Defensa destina 8.4 millones de dólares al tratamiento de la población transgénero, que representa tan sólo un 0,02% del gasto total anual, según reportó EFE.

Según un estudio publicado por la Rand Corp, “los costos del tránsito de género son relativamente bajos (…) y esfuerzos previos por la integración y las experiencias de fuerzas militares extranjeras han indicado un mínimo impacto en las capacidades de la fuerza”.

Desde 1974, cuando Holanda se transformara en el primer país del mundo en permitir a homosexuales, bisexuales y transexuales unirse a las tropas, tan sólo 18 países han legalizado por completo el servicio militar LGBT, según reportó NewsWeek, y uno de ellos era Estados Unidos.

Aunque el país norteamericano ha estado posicionado en el número 40 de los países más inclusivos para la comunidad gay, según el Centro de Estudios Estratégicos de la Haya – incluso por debajo de Colombia, Chile y Cuba –, la medida del presidente Obama intentaba progresar en este tipo de asuntos.

Pero si algo nos ha dejado claro el nuevo presidente, es que los Estados Unidos de Trump no es un país progresista ni innovador.  

El gobierno aún no ha determinado cómo aplicará esta prohibición dentro de las Fuerzas Armadas, que cuenta con alrededor de 6.600 transexuales entre los 1.3 millones de integrantes del cuerpo militar.

Este mismo mes, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, rechazó por muy poco margen una enmienda presupuestaria que prohibía el uso de fondos del Pentágono para tratamientos relacionados con cambio de sexo, aunque sus impulsores la quieren volver a presentar.
Con el secretario de Defensa, James Mattis, de vacaciones, su portavoz, Jeff Davis, se limitó a comentar hoy durante un encuentro con periodistas que la decisión de Trump fue producto de consultas con el Pentágono y remitió a la Casa Blanca para más información al respecto.
En paralelo, Davis precisó en un comunicado que el Pentágono "continuará trabajando estrechamente" con la Casa Blanca para adoptar las nuevas directrices de Trump como "comandante en jefe" de las Fuerzas Armadas del país.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump presumió de ser un "amigo" de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) y prometió luchar por ellos si lograba la Presidencia.
En enero pasado, pocos días después de llegar a la Casa Blanca, Trump prometió la continuidad de una orden ejecutiva de Obama que prohíbe a las empresas que tengan contratos con el Gobierno federal discriminar a sus empleados LGBT.
Pero apenas un mes después, Trump revocó una norma, también proclamada por Obama, que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen.
La decisión anunciada hoy por el presidente, que supone un paso atrás en el camino hacia el fin de la discriminación por orientación sexual en las Fuerzas Armadas iniciado en 2011 con la cancelación de la política conocida como "Don't ask, don't tell" (No preguntes, no cuentes), ha sido criticada por activistas y congresistas tanto demócratas como republicanos.