Para los más idealistas, es difícil creer que todos tenemos un precio, pero el caso de la persecución a los individuos indocumentados en Estados Unidos es una realidad que deprime al más optimista.

Los extranjeros que intentan empezar una vida nueva en el país estadounidense no sólo deben batallar con el racismo endógeno, con la más ardua adaptación – a un nuevo lenguaje, a nuevos códigos sociales – sino también a la persecución para ser deportados.

Un artículo publicado por El Diario NY el pasado 19 de julio, ha reportado que al menos 16 condados en todo el país han encontrado una manera de obtener un flujo de dinero constante por parte de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) al mantener individuos indocumentados tras las rejas.

“En Texas, ocho condados se han sumado recientemente al programa federal que permite a agentes del alguacil convertirse en agentes de inmigración certificados”, explica el reporte, transformando al estado en el territorio con más condados que se benefician económicamente de las redadas contra indocumentados, seguido por el estado de Arizona.

El procedimiento es bastante sencillo: cada alguacil se certifica bajo el programa 287(g) y permite que sus cárceles alberguen inmigrantes supuestamente indocumentados. Por cada indocumentado que tengan tras las rejas, cada alguacil recibe 65 dólares diarios.

Este programa, “permite a la policía y a los agentes del alguacil ser entrenados y certificados como agentes de inmigración y les da la autoridad para hacer cumplir algunos aspectos de la ley federal”, según continúa el diario.

Asimismo, un acuerdo de servicio intergubernamental ha facilitado la detención inmigrante, permitiéndole a ICE ubicar a inmigrantes presuntamente indocumentados en prisiones condales, por un precio.

Mary Small, directora de política del Detention Watch Network en Washington, dijo que este tipo de acuerdos son “un incentivo financiero perverso”: “Les permite controlar el canal de personas que entran a las instalaciones de detención donde luego son remunerados diariamente por cada detenido”, agregó.

Por su parte, la vocera del ICE, Sarah Rodríguez, aseguró que las dos medidas – el 287(g) y el acuerdo intergubernamental – no trabajan en conjunto y que es el ICE quien determina el tiempo de reclusión de un detenido, según informó el diario Austin American Stateman.

“Los acuerdos del 287(g) cubren sólo el programa de cumplimiento y no se aplican a las operaciones de detención, así como tampoco funciona como puente para detenciones con el ICE. Los dos procesos son distintos y son dirigidos de manera separada”, aseguró Rodríguez en un correo.

Para Rodríguez, el programa 287(g) es “un multiplicador de fuerzas invaluable para la misión de seguridad pública del ICE, permitiéndole a la agencia poner a extranjeros criminales bajo custodia”.

Este es un escenario radicalmente opuesto al de las Ciudades Santuario, pues el reforzamiento de las medidas de control, patrullaje y detención – sumado al incremento de detenciones a ciudadanos sin récord criminal – parece indicar que la deportación masiva pronto será una realidad.

Según aseguró Rodríguez, ha habido un aumento de casi el 50% en inscripciones de condados en el programa 287(g) desde febrero, coincidiendo con la promesa de la nueva administración de sacar del país a todos los “bad hombres”.

Desde que el programa fuera firmado en el 2002, ha sido fuente de todo tipo de controversias. Según reportó la revista TIMES, la Administración Obama redujo su uso, enfocándose en inmigrantes indocumentados con récord criminal. Entre el 2011 y el mes de marzo del 2017, los condados sumados al programa bajaron de 72 a 37, en 16 estados.

Pero el Presidente Trump, durante sus primeros días en la oficina, solicitó al Departamento de Seguridad Nacional que expandiera las plazas del 287(g), según lo contenido en su proyecto de presupuesto.

Si bien el nuevo presupuesto del presidente incluye la contratación de 15.000 agentes de inmigración nuevos, destinados a las Ciudades Santuario, y el recorte del financiamiento federal a este tipo de ciudades, el programa 287(g) podría significar una reducción importante de los costos y del tiempo necesario para el entrenamiento y la contratación, contando con alguaciles dispuestos a cumplir órdenes.