Faltan apenas unas semanas.

El pasado septiembre, el presidente Donald Trump anunció que cancelaba el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) y daba plazo al Congreso hasta el 5 de marzo de este año para decidir el destino de miles de jóvenes inmigrantes, cuyas vidas él mismo se encargó de someter a la incertidumbre.

No están claras todavía las consecuencias que sufrirán los Dreamers, como se conoce popularmente a los beneficiarios del DACA, si el Congreso no logra acordar una solución a tiempo. Sin embargo, dada la volátil naturaleza de nuestro presidente y la demostrada actitud hostil de su administración hacia los inmigrantes, sería naif descartar la posibilidad de que el gobierno ordene la deportación de miles de jóvenes indocumentados que entraron en el país siendo menores y que pudieron ampararse del DACA.

Estamos hablando de una cifra de alrededor de 800,000 inmigrantes a nivel nacional. D estos,, 21.000 de ellos en el estado de Pensilvania, incluyendo 5.000 en la región de Filadelfia, según el auditor general Eugene DePasquale.  

Como auditor general, De Pasquale es el supervisor en jefe de las finanzas de Pensilvania y su trabajo consiste en asegurar que el dinero recaudado por el estado mediante los impuestos se gasta de manera legal y efectiva. Su oficina también determina si las instituciones y programas del estado están siendo gestionadas lo más eficientemente posible.  

Nacido en Pittsburgh, DePasquale - un Demócrata - fue elegido Auditor General en 2012 y actualmente cumple su segundo mandato. Antes de ocupar este cargo, fue representante del Distrito 95 en la Cámara de los Representantes de Pensilvania durante seis años.

A lo largo de su carrera política, DePasquale ha defendido la transparencia del gobierno, convirtiéndose en el primer legislador estatal de Pensilvania en hacer públicas sus cuentas de gastos en internet. Como auditor general, ha liderado varias iniciativas a nivel estatal como mejorar los servicios de protección infantil y reducir el número de kits para casos de violación pendientes de examinar usados por la policía. También ha sido un firme defensor de la reforma de las cárceles y de la legalización de la marihuana para uso recreacional.

El pasado 12 de febrero, DePasquale habló con AL DÍA News de sus preocupaciones ante el embrollo político que ha ocasionado el debate sobre el futuro de los DACA.

DePasquale dejó claro que él apoyó totalmente la decisión del presidente Barack Obama de implementar el DACA, primero, y antes de todo, “como ser humano, y como americano”. Aunque el mero pensamiento de que el gobierno federal empiece a deportar Dreamers le parece una tragedia, como auditor general, DePasquale está obligado a explorar las consecuencias financieras que podría acarrear la terminación del DACA.

“Si la Administración Trump llega a revocar el programa y el Congreso no encuentra una solución, las implicaciones económicas para Filadelfia, la región de Lehigh Valley y buena parte de Pensilvania serán desastrosas”, dijo DePasquale.

Calcular la cifra exacta de este impacto es complicado, pero DePasquale estima que la pérdida de 21.000 ciudadanos de Pensilvania - trabajadores, innovadores, contribuyentes fiscales y sociales - representaría para la economía del estado una pérdida de decenas de millones de dólares.

Más allá de las consecuencias económicas, la revocación del DACA “supondría un claro abandono de los principios americanos”, dijo DePasquale. Cuando estos inmigrantes indocumentados lograron salir de la penumbra gracias al programa DACA, el gobierno de la nación les hizo una promesa:  

“Si pudiéramos volver atrás, a ese compromiso, sería como dejar un ojo amoratado a todo Estados Unidos”, dijo. “Porque nos encontraríamos con el siguiente mensaje: no cumplimos con nuestras promesas”.

Para DePasquale, deportar a los “Dreamers” no debería ser una alternativa real sobre la mesa en el debate legislativo sobre los DACA.

“Creo que es necesaria una reforma migratoria integral, que también incluya el camino a la ciudadanía”, comentó. “La política migratoria debería avanzar en esta dirección”.

Cuando DePasquale era joven, su padre tuvo que cumplir una condena mínima de cárcel en una prisión federal por compraventa de narcóticos.

El Auditor General explicó que su padre, herido mientras servía en la guerra de Vietnam, empezó a consumir medicamentos para calmar el dolor, lo que eventualmente le abrió el camino a las drogas duras.

“De hecho, se trata de una vía a las drogas muy frecuente, no exclusiva de mi padre”, dijo DePasquale. “Nuestras cárceles federales están llenas de personas cumpliendo condenas similares”.

En respuesta a esta epidemia de opiáceos, que no solo afecta a Pensilvania, sino a todo el país, DePasquale cree que los legisladores deberían adoptar un enfoque diferente - más que encarcelar a los drogadictos no violentos, quienes en su mayoría ya sufren mucho dolor, el estado debería centrar sus esfuerzos a tratar la adición, médica y científicamente.

Este proceso debería incluir más trabajos de colaboración con la comunidad médica para asegurar que los doctores prescriben medicamentos menos adictivos para paliar el dolor, según DePasquale. Añadió que es crucial priorizar la seguridad en el entorno laboral, donde ocurren la mayoría de lesiones que causan dolor crónico.

DePasquale enfatizó que los crímenes más graves relacionados con drogas, incluyendo delitos de violencia o venta de narcóticos a niños, deben ser procesados por la Justicia criminal, pero que las cárceles deberían liberarse de vendedores de droga no violentos y así poder destinar el dinero de los contribuyentes a instituciones más necesitadas de financiación, como las del sistema educativo.  

Para explicarse mejor, el Auditor General explicó que la educación pública en Pensilvania cuesta una media de 10.000 dólares a 14.000 dólares por niño al año. Paralelamente, el coste de los encarcelamientos es de 40.000 dólares por preso al año.

Al ser preguntado por su opinión acerca de los lugares de inyección segura, un polémico concepto que se está planteando actualmente para abordar la crisis de los opiáceos en Filadelfia, DePasquale dijo que todavía no se ha llegado a un consenso.

“Creo que si alguien es adicto, debemos asegurarnos de que recibirá atención médica”, dijo DePasquale. “¿Son los lugares de inyección segura una forma de tratar este tema? Todavía no estoy preparado para decir que lo sean”.