El mes de enero fue catastrófico para el gobierno de Donald Trump. En vez de celebrar su aniversario con logros legislativos y con desarrollo igualitario para todos, el Congreso debió llegar a un acuerdo puntual para mantenerse abierto mientras entre Demócratas y Republicanos se pasaban la pelota de la culpa.

Para muchos, la manzana de la discordia era el futuro de los jóvenes indocumentados llegados en la infancia (llamados Dreamers); para otros, el obstáculo era el obstruccionismo del presidente y su incapacidad para tomar una decisión política fundamental.

El cierre gubernamental fue sólo un síntoma de un problema mucho más enrevesado, y que sigue costándole a los estadounidenses la tranquilidad de espíritu día a día.

Según reportó el Washington Post, varias familias han estado a punto de vender sus pocas pertenencias para poder seguir costeándose la salud de sus hijos, como fue el caso de Varina Mead en Alabama, cuya economía familiar dependía de que el Programa de Salud Infantil (CHIP, por sus siglas en inglés) se mantuviera en pie después del cierre del gobierno.

“Aún cuando ningún niño en el país perdió la cobertura médica durante el estancamiento de meses del CHIP, esta política arriesgada dejó un cúmulo de escombros burocráticos y psicológicos”, explica el Post.

“Sus efectos demuestran lo que podría pasar con otros programas gubernamentales si el Congreso sigue sin aprobar un plan de financiamiento a largo plazo, tan sólo autorizando soluciones temporales tras soluciones temporales, mientras los programas sociales siguen colgando en la distancia”.

Para trabajadores sociales como Jim Carnes, de Alabama Arise, esta postura desinteresada del gobierno tan sólo implica que pretenden “jugar con el seguro médico de nuestros hijos por un rato y ver qué surge de ello”.

Esto también ha implicado la necesidad de gobiernos estatales de recurrir a sus fondos de reserva para mantener los programas andando, como fue el caso de la gobernación de Oregon; o estados como Colorado y Virginia, donde varios padres debieron buscar opciones aleatorias bajo recomendación de sus gobiernos locales.

Las enfermedades que deben costear los padres no son siempre cuadros crónicos; el simple caso de un hijo asmático, alérgico o con déficit de atención, requiere un presupuesto familiar específico que se ha visto amenazado por las batallas ideológicas internas de los partidos dentro del Congreso.

En el caso de Varina Mead, por ejemplo, CHIP le permitía asegurar a sus hijos por 104 dólares al año. Sin el programa, su prima de salud podría aumentar hasta 500 dólares al mes.

Mucho se ha hablado del futuro de los Dreamers en manos del Congreso, pero una solución temporal al plan de presupuesto no les garantiza nada a estos jóvenes.

Según reportó The Daily Beast, el acuerdo legislativo de abrir temporalmente el gobierno y conseguir una solución al programa DACA para el 8 de febrero pone en riesgo a muchos jóvenes, como Jaqueline Romo (Jalisco, México) de 21 años cuyo estatus de protección vence el 4 de febrero.

“Muchos de nosotros no dormimos porque sabemos que las cosas están cambiando drásticamente para quienes nos rodean”, dijo Romo al medio. “Realmente no sabemos lo que viene. Es como volver a perder protagonismo – para mí, DACA era una manera de liberarme”.

Tanto Romo como Mead (y el país entero) estarán esperando con ansias el discurso sobre el Estado de la Unión que dará el presidente Trump este martes, en espera de que sus posturas se determinen y poder tener más claridad sobre el futuro de sus vidas.