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MCALLEN, TX - 10 DE JUNIO: foto proporcionada por la Oficina del Inspector General que muestra hombres adultos detenidos en una celda con solo espacio para estar de pie, según lo observado por la OIG en la Estación McAllen de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos el 10 de junio de 2019 en McAllen, Texas. (Foto de la Oficina del Inspector General/Departamento de Seguridad Nacional a través de Getty Images)
MCALLEN, TX - 10 DE JUNIO: foto proporcionada por la Oficina del Inspector General que muestra hombres adultos detenidos en una celda con solo espacio para estar de pie, según lo observado por la OIG en la Estación McAllen de la Patrulla Fronteriza de…

La Administración Trump rediseña la “tortura” en los Centros de Detención

Una demanda en nombre de 55.000 inmigrantes acusa a la Administración Trump de someterles a nuevas formas de tortura al negarles atención médica fundamental.

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Si bien es cierto que cuando hablamos de tortura nuestra primera idea suele ser la de ahogamientos simulados o electrocución, no existe distinción lingüística cuando de mecanismos de maltrato se trata.

Desde el primer año de gobierno de la Administración Trump, múltiples denuncias han surgido por las cuestionables circunstancias a las que son sometidos los inmigrantes indocumentados bajo custodia federal.

Sin embargo, el día lunes una demanda colectiva presentada en Los Ángeles en nombre de 55.000 detenidos ha acusado a la Administración de “negar sistemáticamente alimentos, medicamentos y otras necesidades básicas a los migrantes en las instalaciones de ICE en todo el país”, según reportó Common Dreams.

De esta manera, un colectivo de grupos de defensa puso en lenguaje legal el maltrato generalizado y las cuestionables condiciones a las que son sometidos los inmigrantes en los centros de detención y le equivalen a tortura.

The Guardian, quien tuvo acceso a la demanda, rescata tres casos que muestran el alcance del maltrato y donde los pacientes no eran tratados adecuadamente por afecciones crónicas, se les negaba el tratamiento a insulina o asistencia en casos tan graves como parálisis cerebral.

Según explicaron los abogados al medio, las condiciones de algunos centros de detención son tan brutales “que los inmigrantes que huyeron de la tortura y la violencia se ven obligados a abandonar los recursos de alivio de inmigración y aceptar la deportación por el desesperado deseo de escapar de la tortura a la que son sometidos en territorio estadounidense”.

El pasado mes de junio, ya varios abogados y médicos que tuvieron acceso al centro de detención en Clint y McAllen (Texas) habían descrito “las horrorosas condiciones” en las que se encontraban niños y adolescentes en las instalaciones.

“Las condiciones dentro de las cuales se encuentran podrían comprarse con instalaciones de tortura”, escribió la doctora Dolly Lucio Sevier en una declaración médica a la que tuvo acceso ABC News.

Lucio, quien observó de primera mano el interior del centro Ursula en McAllen (el centro de detención de la Patrulla Fronteriza más grande del país), recibió a cinco bebés detenidos que debieron ser trasladados de emergencia a cuidados intensivos por un brote de gripe que no fue controlado.

A todas estas, el gobierno ha respondido con medidas aún más agresivas contra los inmigrantes indocumentados puestos bajo custodia.

Esta semana, una vocera de la Agencia de Inmigración y Aduanas emitió una declaración en la que aseguraba que el gobierno administraría las vacunas necesarias a inmigrantes detenidos, argumentando “la complejidad de llevar a cabo programas de vacunación”.

Estados Unidos llevaba más de una década sin muertes infantiles bajo custodia, según explico CNBC. En los últimos meses al menos tres han muerto.

Si bien las cifras de cruces fronterizos indocumentados han aumentado durante los años del gobierno de Donald Trump, mecanismos fallidos como la política de tolerancia cero no han hecho sino agravar el problema, creando un caos absoluto a la hora de lidiar con el número de detenidos.

Para sumar males, el Departamento de Seguridad Nacional declaró el pasado miércoles que rescindirá del Acuerdo Flores que impedía la detención de niños inmigrantes por más de 20 días consecutivos y procederá a detener familias juntas por períodos de tiempo indefinidos.

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