Asustados, desorientados, nerviosos y sin entender media palabra de lo que el juez les dice, así se encuentran cientos de niños todos los días al sentarse en las altas sillas de un juzgado donde se les interroga sobre su circunstancia, un proceso que para el más veterano de los abogados puede parecer enrevesado.

Después de que la Administración Trump pusiera en marcha su política de “tolerancia cero” el número de menores sin acompañante ha escalado considerablemente, obligando a muchos de ellos a comparecer ante un juez de inmigración sin representación alguna, intentando obtener una autorización para quedarse en el país.

Según explicó CNN, “históricamente, uno de cada tres (niños) tenía abogados, de acuerdo a los datos recopilados por un centro de información en la Universidad de Syracuse. Pero datos hechos públicos recientemente por el Departamento de Justicia han demostrado que durante los dos primeros cuartos de este año fiscal, el 79% de los niños con casos de al menos un año de antigüedad fueron representados”.

Si bien este proceso se ha mantenido durante administraciones previas, la política de “tolerancia cero” del gobierno de Donald Trump ha puesto el foco de todos los medios, críticos y activistas sobre el proceso de separación de familias y lo que deben sobrellevar los menores a la hora de ser procesados sin sus padres.

Sobre el banquillo deben sentarse niños de todas las edades, desde adolescentes hasta niños pequeños que no alcanzan tocar el suelo con sus pies.

De acuerdo con datos recopilados por Univisión, “más de 9 de 10 niños que comparecen solos en una corte de inmigración son deportados, mientras casi la mitad de quienes obtienen representación de un abogado logran obtener el permiso para quedarse”.

Y es que, según la ley estadounidense, niños arrestados por entrar de manera “ilegal” al país “no tienen derecho a solicitar un abogado o intérprete asignado por la corte”.

La política de la administración Trump no ha hecho sino agravar el asunto pues, a la hora de separar a las familias, muchos infantes desconocen siquiera las razones por las que abandonaron su país o los argumentos por los cuales deberían quedarse.

Sin embargo, varias organizaciones de asesoría legal han decidido defender y representar a los jóvenes y familias separadas al ingresar al país sin documentación.

Según declaró Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center en Los Ángeles, “estuvimos representando a un niño de tres años recientemente en corte quien había sido separado de sus padres. En mitad de la audiencia, el niño empezó a subirse a la mesa”, explicó a Kaiser Health News (KHN). “Realmente resaltó lo absurdo de lo que se está haciendo con estos niños”.

Durante el pasado mes de junio, el Departamento de Justicia confirmó el proceso judicial al que se someten los niños; la vocera de la División de Asuntos Legislativos y de Comunicación, Kathryn Mattingly dijo que “los expedientes de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) muestran que hay demandados en procedimientos de deportación que son menores de edad, algunos incluso de tres años que actualmente no tienen registrado ningún abogado”, dijo en un comunicado al que tuvo acceso The Independent.

Muchos de los menores de edad detenidos se ven introducidos en un enrevesado sistema legal, cuya solución definitiva puede tomar varios años. Después de haber pasado por las instalaciones del Servicio de Salud y Recursos Humanos, algunos de ellos logran establecerse con algún familiar, y se les asignan citas de revisión de caso mientras el juez toma una decisión.

Pero la Administración Trump ha dado prioridad a la velocidad con la que se resuelven los casos, intentando cerrar “vacíos legales” e incluso imponiendo un sistema de cuotas a los jueces de inmigración.

Actualmente, y según observó CNN en un caso en Virginia, un solo juez puede revisar hasta 16 casos en 45 minutos.