El Fiscal General Jeff Sessions está dispuesto a perjudicar incluso el debido proceso judicial con tal de que las decisiones de las cortes migratorias aceleren los casos de deportación.

Según un memorándum hecho público por el Wall Street Journal, y enviado el pasado viernes a los jueces de inmigración, el Departamento de Justicia informó que se incorporarían “nuevas directivas” para “acelerar el tratamiento de los casos” de inmigrantes.

“El Fiscal General Jeff Sessions ha dicho que el atraso en los tribunales de inmigración permite que las personas que deben ser deportadas permanezcan dentro de Estados Unidos”, explica el WSJ, y es por ello que las nuevas medidas comunicadas por el director de la Oficina Ejecutiva de Revisión Migratoria James McHenry, plantean un sistema de presión sobre los jueces a través de la evaluación por “cuotas”.

“El propósito de implementar estas métricas es promover el manejo eficiente y efectivo de los casos preservando la discreción del juez de inmigración y el debido proceso”, reza el documento.

De acuerdo con las nuevas medidas, los jueces “deberán solventar al menos 700 casos al año” para recibir una evaluación positiva sobre su desempeño, explica el Washington Post, una medida que el sindicato de jueces ha calificado de “inaudita” y que pondría el riesgo la independencia judicial.

Si bien es cierto que existe una gran cantidad de casos acumulados en la Oficina Ejecutiva de Revisión migratoria – unos 600.000 según las estimaciones del Post – los críticos han refutado que esta nueva imposición podría entorpecer el proceso judicial por involucrar los intereses del juez ante cada caso.

“Esta es una receta para el desastre”, explicó al WST Ashley Tabaddor, una juez de inmigración en Los Angeles que es presidenta de la National Association of Immigration Judges. “Vas a tener que, mínimo, impactar la percepción de la integridad de la corte”.

Asimismo, Laura Lynch, asesora principal de la American Immigration Lawyers Association, explicó a CNN que “crear un ambiente donde a las cortes les importe más la velocidad que la precisión, y donde los jueces son evaluados e incluso premiados en base a la cantidad en vez de a la calidad es inaceptable y es una violación al debido proceso”.

De acuerdo al Departamento de Justicia, el juez de inmigración promedio “actualmente completa 678 casos por año”, por lo que la nueva imposición implicaría resolver alrededor de tres casos al día.

“Si los jueces no cumplen, podrían ser despedidos o probablemente trasladados, una técnica que podría expulsar a los jueces del sistema”, continúa CNN.

Asimismo, el documento incluye otro tipo de criterios como la “penalización de quienes refieran más del 15% de los casos a cortes superiores, o quienes programen fechas de audiencias muy lejos en el calendario”, lo que pondría en riesgo incluso la vida de quienes, por ejemplo, soliciten asilo y sus vidas corran peligro si son devueltos al país de origen.

“Nuestra mayor preocupación con respecto a los solicitantes de asilo y las poblaciones vulnerables es que los jueces de inmigración están tomando estas decisiones importantes, a veces de vida o muerte, todos los días”, concluyó Lynch. “Se les debe dar el tiempo adecuado para tomar esa decisión”.