En la Era Trump ser pobre será cada vez más difícil, y el gobierno aprovecha los escándalos mediáticos para aprobar medidas controversiales sin que nadie se de por aludido.

Tal es el caso de una orientación normativa emitida por el gobierno durante la semana pasada en la que se le permite a los estados imponer requerimientos laborales para los beneficiarios de Medicaid.

Según David A. Super, columnista del Los Angeles Times, se trata de un nuevo término que implica “límites de tiempo”: “descalificaciones para aquellos cuyas búsquedas de trabajo no han dado frutos, o engaños para llevar a personas necesitadas a través de laberintos burocráticos hasta que den un paso en falso y pierdan la elegibilidad”.

Como continúa explicando Super, este tipo de estrategias datan desde la administración Clinton (cuando se aplicaban al Programa de Asistencia a la Nutrición Suplementaria) pero se había mantenido como una opción que quedaba a discreción de cada estado – muy pocos de los cuales escogieron implementarlo.

El nuevo escenario es bastante diferente.

Si bien el sistema es el mismo (quienes no logren conseguir trabajo quedan directamente descalificados del sistema de asistencia), la nueva política auspiciada por el Partido Republicano probará una medida nunca antes vista: la flexibilidad que alguna vez se conoció bajo la Administración Obama – que expandía la cobertura de Medicaid a personas en el rango de 138% del nivel federal de pobreza – ha sido eliminada bajo la “caracterización” de que “los pobres se aprovechan del sistema Medicaid”, según explicó en un reportaje The Hill.

Esta medida se venía cocinando desde los primeros días de esta administración, cuando algunos funcionarios sacaron a la luz la posibilidad de que se autorizara la imposición a nivel nacional. Fue a partir del pasado viernes que se hizo realidad, cuando el estado de Kentucky recibió la aprobación oficial del gobierno para poner en marcha lo que han llamado “la remodelación del programa Medicaid”.

Pero el asunto no será tan sencillo. The Hill explica que “conforme a la ley federal, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) deben considerar si es probable que una exención ayude a promover los objetivos de Medicaid”, y varios abogados y activistas han visto esta condición como argumento suficiente para rechazar los requerimientos laborales debido a que “no promueven los objetivos del programa, pues podrían ser una barrera para la cobertura”.

Frente al posible rechazo de la medida, funcionarios de los CMS han asegurado que los requerimientos sólo aplicaran a “personas no discapacitadas”, y que existirán excepciones para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas discapacitadas.

El programa de Kentucky también incorporará excepciones para personas con enfermedades terminales o adicciones.

Si bien la administradora de los CMS, Seema Verma, aseguró que este nuevo mecanismo funcionará como “estimulación para que las personas consigan trabajo”, varios funcionarios de Kentucky aseguraron que para el fin del 2018, 95.000 personas podrían haber perdido cobertura médica.

Aún así, estados profundamente republicanos como Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Maine, New Hampshire, Carolina del Norte, Utah y Wisconsin están comenzando a aplicar para la exención.