A principios del mes de septiembre, los fiscales generales de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia, introdujeron una demanda de 58 páginas retando la decisión del presidente Trump de poner fin a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, mejor conocida como DACA.

Quizás hayan pasado por alto la monumental actualización de noticias porque estábamos muy preocupados por nuestros familiares en Barbuda, las Islas Vírgenes, San Martí, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Cuba o Florida, que estaban siendo víctimas – o esperaban serlo – del fuerte impacto de los vientos del huracán Irma. Ahora que es lunes, sin embargo – y que Irma se ha desvanecido en una Tormenta Tropical – es momento de voltear la mirada hacia otro huracán: la recisión histórica de la política federal de inmigración que ha ayudado a más de 800.000 jóvenes en nuestra nación.

De esa inmensa figura, alrededor de 5.889 beneficiarios de DACA son oriundos de Pennsylvania. Ellos, como miles de otros alrededor del país desde su concepción en el 2012, han pagado una cuota de 495 dólares, han aprobado las evaluaciones de su historial, han dado sus huellas dactilares y sus direcciones particulares, obedeciendo nuestras reglas, asistiendo a nuestras escuelas, trabajando para nuestro país, pagando impuestos y sin recibir beneficios federales a cambio. En Pennsylvania, 87% de los beneficiarios de DACA están empleados, generando aproximadamente 20 millones de dólares en impuestos locales y estatales, y 357.080,795 dólares en actividad económica anual. Para estos dreamers, el beneficio más importante de DACA no es monetario, sino sencillamente el obtener la oportunidad de quedarse en un país que muchos consideran su único hogar durante la mayor parte de sus vidas.

En la nota de prensa oficial del Fiscal General Josh Shapiro, declaró que nuestras leyes de inmigración son “una desgracia” y que la incapacidad de nuestro gobierno de abordar el asunto de manera ética y efectiva durante los últimos 15 años ha sido “vergonzoso”. En nombre de AL DÍA News y de la audiencia a la que nos dirigimos, le pregunté al Sr. Shapiro si podía dar una explicación más robusta con respecto a lo que quería decir:

“Las leyes migratorias son una desgracia – muchas personas están en el limbo, muchas personas están en las sombras. El Congreso y el presidente, durante muchas administraciones – tanto republicanas como demócratas – durante las últimas dos décadas no han logrado aprobar reformas migratorias comprensivas que puedan proveer seguridad y estabilidad”.

La larga demanda toma grandes precauciones al detallar cada razón por la cual estos 16 Fiscales Generales sintieron que debían tomar acciones legales en respuesta a la decisión de la Administración Trump de “violar el estado de derecho”. Además de convenir en las repercusiones económicas que seguramente surgirán si los beneficiarios de DACA pierden su estatus de protección, la introducción del caso en el documento reserva una pate de su argumento para presentar una demanda por “los compromisos declarados por el presidente Trump – bien fueren personales, declarados para complacer a alguna porción de sus seguidores o alguna combinación de ambos – con castigar y menospreciar a las personas con raíces mexicanas”. Como contempla la demanda, más del 78% de los dreamers son de origen mexicano.

En la sección correspondiente al Estado de Pennsylvania como demandante, el articulo 166 recuerda que “Pennsylvania fue fundada por William Penn, un Cuáquero temprano y defensor de la democracia, la inmigración y la libertad de credo, quien le daba un gran valor a la tolerancia, la diversidad, el multiculturalismo y la apertura a otros individuos de diferentes razas, religiones y nacionalidades”. Esta fidelidad a los ideales fundamentales de William Penn es enfatizada por la firma del Fiscal General Josh Shapiro en la demanda, así como en el Acta de Relaciones Humanas de Pennsylvania y en el hecho de que Filadelfia es una ciudad santuario.

“En el corazón de nuestro argumento legal, estos beneficiarios de DACA, contaron con la promesa hecha por el gobierno federal. Eso, a cambio de compartir su información personal, y que no fuera utilizada en su contra al deportarlos – al menos, por supuesto, que violaran la ley – y es por ello que creemos que nos da pie a un proceso debido para demandar y que es claramente ilegal. Estoy llevando el presidente a los tribunales para proteger a los Dreamers y, ojalá, a través de esta acción y de la sentencia subsecuente, seamos capaces de proveer la seguridad a los dreamers de que el gobierno federal no utilizará esta información para deportarles”, continuó el Sr. Shapiro.

Entre los acusados en esta demanda se incluyen a Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina de Inmigración y Aduanas y la secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Elaine C. Duke.