El Servicio Postal de EE.UU. (USPS) anunció este jueves pérdidas de 5.200 millones de dólares en el último trimestre, lo que
eleva sus pérdidas netas en lo que va de año fiscal a 11.600 millones,
casi el doble que en el curso pasado.

Una semana después de
cometer el primer impago de su historia al Departamento del Tesoro, la
entidad de correos estadounidense adelantó que tampoco podrá cumplir
otro pago previsto para el próximo septiembre y destinado a cubrir los
beneficios de salud de los futuros jubilados de la compañía.

"Vamos a reducir en un tercio nuestro personal y nuestras horas de
trabajo, pero no podemos hacerlo todo. Necesitamos ayuda del Congreso",
dijo en una intervención ante la Junta de Gobernadores del USPS el
director de la entidad, Patrick Donahoe.

De los 5.200 millones
de dólares de pérdidas entre abril y junio, "sólo 1.000 están
relacionados con las operaciones" del servicio postal, y el resto con la
reestructuración de la institución, aseguró Donahoe al explicar un
resultado muy superior al del mismo trimestre del año fiscal 2011,
cuando se perdieron 3.100 millones.

Según los datos oficiales,
el Servicio Postal perdió el pasado año fiscal más de 9.000 millones de
dólares y el volumen de envíos en los últimos diez años ha descendido
un 50 %, debido, sobre todo, a la irrupción de los medios de
comunicación digitales.

Para este año, la agencia ha
pronosticado unas pérdidas de unos 14.100 millones de dólares, y asegura
que, a no ser que el Congreso reforme su sistema, sus pérdidas anuales
superarán los 21.000 millones en 2016.

Hasta ahora, el USPS ha
perdido 11.600 millones de dólares en el año fiscal 2012, comparadas
con los 5.700 millones del mismo tramo del curso anterior.

La
legislación que el Servicio Postal pide al Congreso le permitiría
eliminar la entrega del correo los sábados y reducir el pago anual de
beneficios de salud, valorado en más de 5.000 millones de dólares y al
que la agencia no podrá hacer frente este año por falta de liquidez.

El pasado septiembre, el Servicio Postal anunció el cierre de 250
plantas de distribución, más del 50 % del total, y un recorte de 35.000
puestos de trabajo, al reconocer que su infraestructura "ya no es
sostenible financieramente".