Desde que el Departamento de Comercio anunciara a principios de año la incorporación de la pregunta de ciudadanía en el censo del año 2020, la población Latina se ha visto una vez más amenazada por una Administración que insiste en perseguir a todos los inmigrantes, “legales” o no, en el país.

Un procedimiento gubernamental con más de 200 años de edad, y diseñado para determinar la justa distribución del financiamiento en todo el territorio y el dibujo de los distritos del Congreso, ha sido transformado ahora en un arma de doble filo para los inmigrantes.

Ahora la Oficina del Censo planea “preguntarle a las personas en el censo del 2020 si son ciudadanos, nacidos en el país o naturalizados, o no ciudadanos”, explicó NBC. La medida ha sido interpretada como un mecanismo de persecución y de “supresión de votos” diseñada por el gobierno para contar a los ciudadanos que considera estadounidenses “de verdad”.

La nueva pregunta podrá no sólo alterar el verdadero conteo de ciudadanos en el país, reduciendo su representación en el Congreso, sino obstaculizar la llegada de fondos a comunidades preponderantemente inmigrantes.

El personaje que ha representado esta medida ha sido el Secretario de Comercio de la Administración, Wilbur Ross, quien aseguró ante el congreso que la decisión había sido autorizada y recomendada por el Departamento de Justicia, una aseveración que se contradice con un memorándum hecho público por la investigación de la Fiscal General de Nueva York Bárbara Underwood.

El documento forma ahora parte de una demanda liderada por la Fiscal contra la incorporación de la pregunta y demuestra que “el Departamento se opuso en un principio” a la medida, lo que transformaría las declaraciones de Ross ante el Congreso en una mentira bajo juramento.

Ante el procedimiento judicial, el Departamento de Justicia ha solicitado a la Corte Suprema el día miércoles que “bloquee la orden de una corte menor para que el secretario de Comercio sea interrogado” por los abogados que dirigen la demanda y que argumenta preocupaciones por la justicia de la medida, y que se han visto “amplificadas por las políticas, acciones y retórica anti-inmigrante que focaliza a las comunidades inmigrantes” y podrían “afectar desproporcionalmente a los estados más Demócratas”, según reportó Reuters.

Por su parte, Ross aseguró esta semana que “el Censo es estrictamente confidencial”, en una declaración en el National Partnership Press Event en colaboración con la Latino Coalition.

“Las respuestas no se comparten con nadie fuera de la Oficina del Censo”, continuó el Secretario de Comercio. “Desde 1954, los trabajadores del Censo han jurado de por vida defender las protecciones de confidencialidad contenidas en el estatuto legal del Título 13”.

Ross hace referencia a la interdicción de la ley ante la difusión de la información del encuestado con cualquier persona o departamento gubernamental, que incluye el IRS, el FBI, el ICE y el DHS.

Sin embargo, cifras estadísticas demuestran que la ciudadanía no confía del todo en el gobierno. Una encuesta llevada a cabo por Latino Decisions y NALEO descubrió que “más de dos tercios – 68% - de los Latinos aseguraron creer que la administración Trump compartirá su información personal recolectada por el Censo, incluyendo su estatus migratorio”.

Según explicó Arturo Vargas, director ejecutivo de NALEO, a NBC, el nivel de miedo que la Administración Trump ha creado en torno a la inmigración impedirá a todas miras un conteo justo durante el Censo, tanto por la reticencia de las personas a responder como por la dificultad que implicará para funcionarios y voluntarios explicar la naturaleza de la pregunta.