El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIJ por sus siglas en inglés, llevó a cabo una de las investigaciones fiscales a nivel mundial con mayor relevancia en la historia reciente. El proyecto, del cual participaron más de 600 periodistas de 117 países, consiguió filtrar cerca de 12 millones de documentos y archivos que analizan a profundidad la riqueza de líderes mundiales, políticos, deportistas, artistas y otros multimillonarios, destapando sus fortunas ocultas y los movimientos que han hecho para que sus capitales crezcan sin tener que pagar sus obligaciones. 

Aunque muchos de los involucrados se manifiestan tranquilos, pues dicen no haber operado fuera de la ley, lo cierto es que la información encontrada en 6,4 millones de documentos, con más de un millón de correos electrónicos, medio millón de hojas de cálculo y cerca de tres millones de imágenes, revelan cómo, a pesar de la crisis económica ocasionada por la pandemia, las fortunas de los más poderosos no dejaron de crecer.

Paraísos fiscales

Son aquellos territorios internacionales en los cuales crear empresas es sencillo y que se prestan para pagar menores cargas fiscales que las que se tienen en los países de origen. Se caracterizan por contar con leyes que dificultan la identificación de los propietarios de las compañías y por cobrar bajos impuestos. Los más reconocidos a nivel mundial son los territorios británicos en el Caribe, las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países como Suiza y Singapur.

Aunque este tipo de “movidas” financieras no son consideradas ilegales, lo cierto es que utilizar una compleja red de empresas para mover el dinero es una de las estrategias utilizadas por el crimen organizado para lavar sus ganancias. Sin embargo, y con el ánimo de no convertir esta investigación en una “cacería de brujas”, es importante destacar que, más allá de querer ocultar sus activos de las respectivas autoridades de impuestos de sus países, algunos de ellos buscan proteger sus activos de ataques criminales o gobiernos inestables. 

Pandora Papers en Latinoamérica

El capítulo dedicado a América Latina salpica a 11 expresidentes e incluso menciona a 3 mandatarios que actualmente dirigen el rumbo de sus naciones. Aunque varios de ellos afirman que no han hecho nada en contra de la ley, la investigación periodística los deja mal parados y en una posición incomoda ante las autoridades fiscales de su país, pero sobre todo, ante la opinión pública.

Emilia Díaz-Struck, coordinadora del ICIJ para América Latina, le dijo a BBC Mundo que cuando se habla de políticos, especialmente si ocupan posiciones de poder en sus países, estas son personas que pueden alterar las regulaciones al beneficiarse de transacciones “offshore” (a otras naciones), acciones que pueden afectar seriamente a los ciudadanos, tanto en temas de impuestos como de ética y transparencia. 

Presidente de Chile

Sebastián Piñera, presidente de Chile, hizo gran parte de su fortuna en la década de los 80 gracias a sus inversiones en una compañía de tarjetas de crédito, en la aerolínea LAN, en un canal de televisión y un equipo de fútbol (el Colo Colo).

El negocio mencionado por la ICIJ en su investigación tiene que ver con la compraventa del proyecto minero Dominga por parte de la familia Piñera, en el cual eran los mayores accionistas y cuya operación de venta, de acuerdo con los datos recolectados, se efectuó en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, fecha para la cual Piñera completaba 9 meses en el cargo.

La venta de la minera al empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia del presidente de Chile, se hizo por un valor de US$ 152 millones, cuyo pago se realizaría en tres cuotas. Justamente, el pago de la última cuota (por valor de US$ 9,9 millones) estaba sujeto al establecimiento de una zona de protección ambiental que dependía del gobierno de Piñera.

Lo que se sabe hasta ahora es que las políticas de protección ambiental no fueron implementadas, pero no está claro si estas medidas habrían suspendido el proyecto minero, cuyos permisos todavía están en trámite, o si el pago se realizó.

Por medio de un comunicado, Piñera sostiene que ni ha participado del proceso de venta, ni tampoco ha recibido información sobre éste. También, desde el gobierno chileno, aseguran que el Presidente no ha participado en la administración de ninguna empresa desde antes de asumir su primera presidencia (hace más de 12 años). "Los hechos mencionados ya fueron investigados por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito (...) y la falta de participación del presidente”, finaliza la misiva. 

Presidente de Ecuador

Los Pandora Papers revelaron documentos que dejaron en evidencia al actual presidente de Ecuador, el exbanquero Guillermo Lasso, por vínculos con 10 compañías “offshore” y varios fideicomisos en Panamá y en Estados Unidos, en Dakota del Sur y Delaware.

De acuerdo con la investigación, Lasso autorizó en 2017 la transferencia de empresas en poder de dos fundaciones de interés privado panameñas, Bernini y Barberini, a dos fideicomisos en EE. UU., Bretten Trust y Liberty US Trust. 

Lasso respondió al ICIJ argumentando que no posee ninguna relación comercial o de ningún tipo con estos fideicomisos norteamericanos, al tiempo que sostiene que nunca ha incumplido con la ley de Ecuador, la cual prohibe a candidatos y servidores públicos hacer parte de sociedades “offshore”. Asimismo, el presidente se desligó de 10 compañías y fundaciones de interés privado ubicadas fuera de suelo ecuatoriano y que ya fueron disueltas, sobre las cuales el mandatario aseguró que su uso fue legítimo y que ninguna estuvo relacionada con su función pública. 

Presidente de República Dominicana

Desde 2020, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, había sido vinculado con los Pandora Papers. Esto gracias a que antes de convertirse en presidente había sido el director general del Grupo Abicor, un consorcio familiar que incluye una firma de construcción y finca raíz, una cementera y una universidad privada.

En compañía de dos de sus hermanos, Abinader figura como dueño de Littlecot Inc. y Padreso S.A., dos empresas creadas en Panamá en 2011 y 2014, respectivamente. Estos dos activos “offshore”, sumados a al menos otras siete compañías del mismo tipo, fueron declarados por el presidente dominicano como un “fideicomiso revocable” y de tipo familiar.

Abidaner defendió sus vínculos con estos activos en el exterior argumentando que hasta hace poco República Dominicana no había emitido leyes corporativas que impidieran que compañías locales adelantaran este tipo de acciones fuera de su territorio.

Colombia

La investigación adelantada en Colombia corrió por cuenta del diario El Espectador y el portal Connectas, quienes incluyeron 588 nombres de personas naturales y jurídicas que figuran como dueños de sociedades “offshore”.

De acuerdo con los Pandora Papers, los expresidentes Cesar Gaviria y Andrés Pastrana, pasando por millonarios, embajadores, excongresistas y hasta el actual director de la Dian, la entidad encargada de la recolección de impuestos en Colombia, estarían vinculados en este tipo de operaciones. 

Gaviria y algunos familiares cercanos, por ejemplo, fueron relacionados por vínculos con compañías creadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. En compañía de su hermano, Luis Fernando, el expresidente y director del Partido Liberal figura como uno de los directores de la empresa de hidrocarburos MC2 Internacional S.A., en cuya fundación participaron como accionistas lo que el ICIJ ha denominado como “empresas cascarón”.

MC2 S.A.S. ESP. se constituyó en el 2006, y un año después el expresidente comenzó a figurar como su accionista mayoritario. Aunque según la investigación de El Espectador y Connectas, nuevos socios han ingresado a la compañía y sus accionistas pasaron de ser personas naturales a estar en cabeza de MC2, los hermanos Gaviria se han mantenido al frente, asegurando que la información financiera y fiscal de los ciudadanos colombianos está amparada por la “reserva documental”

En el caso de Andrés Pastrana, el otro exmandatario involucrado en la investigación, en compañía de su esposa Nohra Puyana figuran como los propietarios de la empresa panameña Vanguard Investment Inc, de la cual es accionista la firma colombiana Salatina Puyana y Cia S. en C., propiedad de Pastrana.

El reporte del ICIJ señala que esta información se mantuvo en secreto hasta el 2016 haciendo uso de la figura de “acciones al portador”, la cual, gracias a los cambios en la regulación, debió ser actualizada con el nombre real de la empresa dueña de las acciones.

Pastrana, a través de una respuesta a los medios que lideraron la investigación en Colombia, explica que su objetivo era, por un lado, “hacer inversiones colombianas en el exterior” y, por el otro, a través de Vanguard Investment, buscar convertir pesos en dólares para “internacionalizar un patrimonio”, información que según él estuvo siempre disponible al público. 

Otro nombre relevante que sobresalió en Colombia con el reporte de los Pandora Papers fue el del director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, quien a través de su cuenta de Twitter ha justificado lo que para él son denuncias sin fundamento legal.

Perú

Otro de los expresidentes de América Latina involucrado con los Pandora Papers es Pedro Pablo Kuczynski, de Perú, quien habría participado como ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo en la creación de la empresa “offshore” Dorado Asset Management Ltd.

La compañía, cuyo objetivo era ofrecer asesorías financieras y servicios de inversión, dejó de operar en marzo de 2019, luego de haberse fundado en las Islas Vírgenes Británicas en 2004 y de su posterior traslado, 10 años después, a Perú.

Lo más llamativo de la investigación del ICIJ, en su capítulo peruano, fueron los vínculos de estas compañías “offshore” con la captación de dineros por corrupción de la firma constructora brasileña Odebrecht. 

Aunque en el 2018 Kuczynski reconoció haber vendido su casa a Dorado para evitar pagar impuestos en EE. UU., luego de haber renunciado a la ciudadanía americana, en el 2019 la Fiscalía de Perú comprobó que el dinero que se había pagado por la adquisición del inmueble provenía de la empresa Westfield Capital Ltd, también de propiedad del expresidente, y que fue vinculada como una de las dos empresas usadas por el funcionario para recibir pagos de Odebrecht, acciones que lo forzaron a renunciar en marzo de 2018 a la presidencia del país Inca y que actualmente lo tienen con arresto domiciliario. 

México

Entre los 3.047 registros de personas que han usado paraísos fiscales para mover sus fortunas, sobresalen Julio Scherer, exconsejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, y el actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis. Los acompañan los reconocidos empresarios mexicanos Germán Larrea y María Asunción Arámbula.

Otros nombres en América Latina

Dentro de la lista revelada por los Pandora Papers para Latinoamérica están incluidos cerca de 100 políticos y funcionarios de 18 países. Algunos de los nombres más relevantes son los de los expresidentes Porfirio Lobo de Honduras, Alfredo Cristiani y Francisco Flores de El Salvador, Horacio Cortez de Paraguay, así como Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez de Panamá. 

Por su parte, en Brasil han salido salpicados personalidades como Paulo Guedes, ministro de Economía, y Roberto Campos, presidente del Banco Central. En Argentina el nombre de Mariano Macri, hermano del expresidente argentino Mauricio Macri, aparece conectado a una sociedad offshore radicada en Belice, la cual hasta ahora no había aparecido oficialmente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. 

Las revelaciones conocidas hasta el momento por los Pandora Papers en el mundo

- El gasto de 70 millones de libras esterlinas del Rey de Jordania en propiedades en Reino Unido y Estados Unidos a través de empresas de propiedad secreta.

- La participación oculta de la principal familia de Azerbaiyán en acuerdos inmobiliarios en Reino Unido por más de 400 millones de libras esterlinas.

- El primer ministro checo no declaró una compañía de inversión offshore usada para comprar dos villas francesas por 12 millones de libras esterlinas.

- La familia del presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, fue propietaria secreta de una red de empresas offshore durante décadas.

- Los archivos exponen cómo algunas de las personas más poderosas del mundo, incluidos más de 330 políticos de 90 países, utilizan compañías offshore secretas para ocultar su riqueza.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos de todo el mundo hasta US$600.000 millones de dólares en impuestos perdidos cada año. Algo que por ahora no parece estar cerca de cambiar, ya que aunque no se considera ético, no hay leyes que hasta el momento impidan que estas operaciones “offshore” se sigan llevando a cabo.

Un caso similar se había presentado en el 2017 con los Panamá Papers, donde también varias figuras mundiales habían sido relacionadas con paraísos fiscales, una investigación que hasta el momento no pasó del impacto mediático del momento.

Para Carlos Eduardo Huertas, director de Connectas, portal que evaluó la información para Colombia, deben ser “las autoridades quienes tengan que determinar si hay o no una irregularidad, pero precisamente como cabezas máximas del ejecutivo deberían ser los primeros en dar ejemplo de transparencia y no tener espacios que den a entender que hay algo de secretismo en el manejo de sus cuentas y sus finanzas personales”.