El gobierno de Donald Trump intenta lavarse las manos de una parte fundamental en la reunificación de familias separadas en la frontera.

Según reportó Politico, la administración actual informó a un juez federal que “no se hace responsable de ubicar a los padres deportados” después de haber sido separados “por la fuerza” de sus hijos en la frontera sur del país.

El comunicado fue emitido desde el Departamento de Justicia e indicó que la American Civil Liberties Union (ACLU), quien representa a los demandantes en un proceso judicial colectivo por las separaciones familiares producto de la política de “tolerancia cero” del gobierno, “debería tomar la iniciativa en la reunificación de los padres deportados”.

“El abogado de los demandantes debería usar sus recursos considerables y su red de bufetes de abogados, ONG, voluntarios y otros – junto con la información que los acusados han proporcionado (o proporcionarán) – para establecer contacto con posibles miembros de la (familia) en países extranjeros”, agregó el Departamento.

Si bien la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristjen Nielsen, ha asegurado en repetidas ocasiones que “ningún padre ha sido deportado sin que se le otorgue antes la opción de llevarse a sus hijos con él”, un funcionario de la administración aseguró a Politico que “para el 25 de julio, un estimado de tres cuartos de los padres que abandonaron el país no dejaron ningún registro de haber consentido ser deportados dejando a sus hijos en Estados Unidos”.

Ante el desastre burocrático y administrativo que el gobierno de Trump ha causado, representantes como el senador Dick Durbin (D-Ill.) han solicitado que Nielsen renuncie al cargo y asuma la responsabilidad de una política que no sólo ha causado una crisis humanitaria sino que ha violado los principios en los que se basan los fundamentos del país.

El pasado martes en el Congreso, Durbin llamó a “la arquitecto de este desastre humanitario, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a que renuncie”. El senador argumentó que “la política de separación familiar es más que un lapso burocrático en el juicio, es y fue una cruel política incompatible con los valores fundamentales de esta nación”.