¿Ha escuchado hablar de la provisión 8 U.S.C.1226? Pues miles de inmigrantes se encuentran amenazados de deportación bajo esta cláusula de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que ha llegado a la Corte Suprema.

Según explicó el profesor de ley constitucional de la Universidad de Baltimore, Garrett Epps, a The Atlantic, esa sección “autoriza a las autoridades federales a detener a cualquier extranjero que pueda estar sujeto a ‘expulsión’”, es decir, que pueda ser procesado para deportación. Epps expone que existe un amplio rango de casos que caen dentro de eta definición: “personas que cruzan la frontera y son arrestadas después de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, turistas o estudiantes que han sobrepasado sus visas, y residentes permanentes legales que han cometido ciertos delitos”.

La demanda colectiva fue introducida por la American Civil Liberties Union (ACLU), y cuestiona “la interpretación generalizada por el gobierno de una ley de detención obligatoria de 1996 que requiere que ciertas personas permanezcan detenidas durante la duración de sus procedimientos de deportación sin derecho a una audiencia, pues están en posesión de antecedentes penales”, explica la página web de la organización. “El gobierno interpreta que la ley exige la detención sin una audiencia en los casos en que la persona cometió y delito y cumplió una condena hace años o incluso décadas”.

Las nuevas estrategias legislativas implementadas por la Administración Trump han resultado en la detención de individuos que no han reincidido en crímenes, que han hecho sus vidas con sus familias y se han vuelto “miembros productivos de sus comunidades”, sin derecho a una audiencia que decida sobre el caso.

De esta manera, miles de inmigrantes se encuentran detenidos con riesgo de deportación inmediata.

Los casos introducidos por la ACLU varían desde inmigrantes que han residido en el país durante años y han cometido delitos menores hace más de una década a inmigrantes indocumentados detenidos por ICE recientemente, siendo todos puestos bajo custodia sin derecho a un procedimiento judicial que evalúe el caso.

El gobierno ha argumentado que “el Congreso, preocupado por los crímenes cometidos por extranjeros indocumentados, tiene la intención de exigir la detención sin fianza de todos los ‘extranjeros criminales’. La cláusula del ‘cuándo’ no limita este requisito (…) El momento de la detención es irrelevante”, continúa The Atlantic.

El caso Nielsen vs. Preap será uno de los primeros en llegar a las manos del recién juramentado Brett Kavanaugh en la Corte Suprema durante esta semana.