Este lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo una petición formal a la Corte Suprema para que intervenga y bloquee la controvertida ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de las seis semanas de embarazo mientras se resuelven los desafíos legales.

 

En su solicitud formal ante el tribunal de mayor rango en el país, la Administración del presidente Joe Biden argumentó que la ley texana sobre el aborto imposibilita que las mujeres y personas gestantes ejerzan su derecho constitucional de interrumpir un embarazo, como se reconoce en la histórica sentencia de la Corte en el caso 'Roe v Wade', que estableció en 1973 la legalización del procedimiento en todo el país.

 

La ley es "claramente inconstitucional" y permitir que siga en vigor "perpetuaría el actual daño irreparable a miles de mujeres de Texas a las que se les niegan sus derechos constitucionales", argumenta el Departamento de Justicia.

 

El documento pide que se revoque la decisión de septiembre de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, uno de los más conservadores del país, y hace énfasis en cómo la ley está diseñada para evadir, sobre todo, la vía judicial.

 

El tribunal solicitó una respuesta de Texas antes del mediodía del jueves 21 de octubre.

 

Además de pedir a los jueces que detengan la ley ahora, el gobierno también quiere que el tribunal acceda a escuchar los argumentos orales en esta legislatura y decida por sí mismo si la ley pasa el examen de constitucionalidad. Si los jueces acceden a esta petición, se elevaría el nivel de la disputa y se resolvería el caso a finales de junio. 

El 1 de diciembre la Corte escuchará uno de los casos más importantes sobre la ley del aborto, ademas del de Texas, en una disputa centrada en la legislación de Mississippi que prohíbe abortar a las 15 semanas de embarazo.

 

Mississippi ha solicitado a los jueces que revoquen el fallo Roe v. Wade que, además de legalizar el aborto en Estados Unidos, estableció en un trimestre el plazo en el que puede llevarse a cabo. 

 

Aunque el fallo se espera para junio de 2022, los argumentos ya han sido rechazados en casos anteriores por el mismo Tribunal Supremo.