Según el informe, cuando un refugiado o solicitante de asilo introduce una queja ante el Departamento de Seguridad Nacional, no se lleva a cabo un procedimiento de seguimiento ni se emiten respuestas al respecto.

El proceso debería ser seguido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), determinando las causas y la veracidad de las quejas y denuncias de abusos en contra de inmigrantes indocumentados.

El reporte fue realizado en conjunto con los jesuitas en Canadá y Estados Unidos, a través de la Kino Border Initiative (KBI), una organización binacional dedicada a inmigrantes en Nogales, Arizona y Sonora (México), según informó EFE.

La agencia presentó 49 denuncias desde octubre del 2015 hasta marzo del 2017, representando a los inmigrantes que han denunciado “abusos por parte de agentes fronterizos”.

De los 49 casos, tan sólo 13 fueron investigados, y los 36 restantes tan sólo recibieron un acuse de recibo.

“La investigación es un proceso eficaz de supervisión, es necesaria tanto para proteger la dignidad humana de los individuos que cruzan la frontera como para mejorar la capacitación y el profesionalismo de agentes y oficiales”, indicó el director ejecutivo de la KBI, Sean Carroll.

Como cualquier proceso de denuncia, las diferencias entre los testimonios de ambos lados suelen diferir. Es por ello que un registro debe cumplirse a cabalidad, pero en el caso de la CBP, la conversación se transcribe y se archiva; según la KBI, no existe un registro de audio que pueda corroborar el testimonio.

Según reportó Tucson News Now, la patrulla fronteriza podría llenar el reporte como si el individuo buscase trabajo pero no refugio, anulando la posibilidad de asilo.

“Cuando el individuo habla con nosotros nos dice, ‘mire este video en el que mi primo es asesinado por no unirse al cartel, eso es lo que me podría pasar a mí’”, comentó Joanna Williams, egresada de la Universidad de Georgetown que ha trabajado para KPI por dos años.

El reporte emitido por la agencia lleva por nombre “Intake Without Oversight: Firsthand Experiences with Custom and Border Protection Complaints Process”, y destaca casos como el de una mujer con ocho meses de embarazo y un tobillo herido, que fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza al intentar cruzar a través del desierto, y que no recibió atención médica alguna a pesar de su situación.

Según informa EFE, “durante su detención sólo recibió comida cada seis horas, le negaron su derecho de hablar con representantes del consulado de México y fue deportada tres días después de su detención”.

KPI introdujo una queja en nombre de Ignacia el 7 de diciembre del 2015 y recibió una notificación un mes después, donde se negaban las acusaciones, alegando que el oficial encargado de la detención aseguró no haber “notado” el embarazo de la inmigrante.

Ante circunstancias como ésta, KPI asegura que el reporte no pretende incriminar al DHS sino transformarse en una herramienta para mejorar el sistema.

“No les percibimos como una relación antagónica”, aseguró Williams, “lo que queremos es que el Departamento de Seguridad Nacional haga un mejor trabajo y respete los derechos y la dignidad de la gente”.

Asimismo, Williams aseguró que gran parte del fallo en el proceso es debido a la falta de fondos y personal que sufren las agencias independientes encargadas de investigar las quejas.

Mientras tanto, el gobierno ha preferido solicitar un presupuesto de mil millones de dólares para construir un muro, antes de financiar proyectos humanitarios que podrían ayudar a combatir el problema de raíz.