La posición de la comunidad Hispana en Estados Unidos frente a la labor de organizaciones como Planned Parenthood no es del todo clara.

Mientras algunos consideran que la inclinación profundamente religiosa de los Latinxs les haría favorables a los recortes financieros a organizaciones pro-aborto, otros podrían decir que esa es otra visión reduccionista de una comunidad abismalmente heterogénea.

Sin embargo, el debate en cuanto a la existencia de organizaciones de salud pública como Planned Parenthood influyen en asuntos mucho más extensos.

De acuerdo a cifras de la Kaiser Family Foundation, los Hispanos son la minoría con mayor tasa de no asegurados en el país (un 19%), posicionándose por encima de la comunidad afroamericana por 8 puntos porcentuales.

Asimismo, el acceso a la atención médica entre Latinxs en Estados Unidos presenta mayores obstáculos que en otras minorías, siendo factores de riesgo el ingreso económico familiar, la cultura y el lenguaje.

Un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh determinó que aproximadamente el 26% de los Latinxs podrían no haber visitado un médico en los últimos 12 meses, por razones que varían desde el acceso en transporte público a los proveedores de asistencia médica, hasta la ausencia de un médico que logre comunicarse efectivamente en español.

Esta disparidad a la hora de acceder a servicios fundamentales como son los de salud, influye irremisiblemente en el desarrollo socioeconómico de las comunidades y perpetúa estigmas culturales que se hacen eco en la Casa Blanca.

Es otro caso típico de una serpiente que se come la cola.

Y este lunes, el gobierno ha logrado empeorar la situación para los Latinxs en el país.

Según reportó Politico, Planned Parenthood decidió finalmente retirarse del programa federal de planificación familiar del Título X, “en lugar de cumplir con una nueva regla de la administración Trump que prohíbe que las clínicas financiadas por el gobierno federal remitan pacientes a proveedores de abortos”.

El medio explica que, al retirar más de 400 de sus clínicas participantes del programa, Planned Parenthood “dejará a las mujeres de bajos ingresos en muchas partes del país sin acceso financiado por el gobierno federal para el control de la natalidad y otros servicios de salud reproductiva”.

Esto incluye mucho más que la coartación al derecho al aborto.

El programa federal destinaba alrededor de 60 millones de dólares al año para centros de atención médica cuyos esfuerzos incluían la lucha contra el VIH, la educación sexual en todos los niveles, los programas de prevención y testeo de enfermedades de transmisión sexual, y control y seguimiento prenatal.

Si bien Planned Parenthood argumentó su decisión de retirarse del programa federal pues “obligaría a los médicos y clínicas a retener información médica de los pacientes, interferiría con la relación médico paciente y podría negar a las mujeres embarazadas la gama de opciones disponibles para ellas”, este nuevo recorte en fondos para la asistencia pública afectará gravemente al país en otras dimensiones.

Considerando que las Latinas poseen mayores tasas de cáncer cervical, de diagnósticos de VIH y de enfermedades de transmisión sexual que sus contrapartes blancas o afroamericanas, este es un ataque directo contra la salud y el bienestar de nuestra comunidad.

Y ni hablar de los inmigrantes indocumentados quienes, según explica la plataforma de Planned Parenthood, no tienen acceso a Medicaid o al Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) por orden de Ley Federal, que les prohíbe también comprar seguro médico asequible en el Mercado ACA.

Los centros de asistencia médica de Planned Parenthood atienden hasta 560.000 Latinx cada año a nivel nacional, y la reducción de fondos por parte de la politización radical del gobierno les pone a todos en riesgo.