Hoy, martes 14 de enero a las 2 de la tarde, Alejandro Giammattei tomará posesión de su nuevo cargo como presidente de la república de Guatemala, luego de más de quince años de intentos por ser jefe de Estado, durante cuatro campañas presidenciales (2007, 2011, 2015 y 2019).

Nacido en Ciudad de Guatemala el 9 de marzo de 1956, también sustenta la nacionalidad italiana por herencia. Estudió medicina, fue voluntario del cuerpo de bomberos y durante la primera mitad de la los ochentas fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud.

En 2006 fue nombrado director del Sistema Penitenciario de Guatemala. Durante su periodo como director de la institución fue llevaba a cabo la operación Pavo Real (el 25 de septiembre de 2006) que consistió en la retoma de la Granja de Rehabilitación Penal de Pavón, en la Ciudad de Guatemala, pues las autoridades habían perdido control sobre ella y los presos habían constituido una micro república independiente, con sus propios órganos regentes y licencias que iban desde desde una casa con jacuzzie hasta bacanales inundadas de alcohol.  Durante esa operación murieron 7 reos, por cuya presunta ejecución extrajudicial Gimmattei fue procesado en 2010 por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Durante este tiempo, Gimmattei pagó diez meses de prisión preventiva, tras los cuales fue puesto en libertad por falta de pruebas. No obstante, Erwin Sperisen, quien por entonces era el jefe de la Policía Nacional de Guatemala, fue condenado a quince años de prisión (rebaja frente a una cadena perpetua anteriormente impuesta) por un tribunal suizo, bajo cargos de complicidad en tales asesinatos.    

Aún así, Gimmattei conserva una imagen de lucha contra la corrupción, que fue una de sus banderas durante la última carrera electoral. El 11 de agosto de 2019 ganó la presidencia de Guatemala con un 58.4% de los votos y un abstencionismo superior al 50%.

Con unas propuestas de campaña muy enfáticas en la intención de incentivar la inversión extranjera, la transparencia y fortalecer las relaciones internacionales de Guatemala, Gimmattei se mostró como un candidato con un fuerte interés en reactivar la economía guatemalteca a fin de aliviar las fuertes problemáticas sociales de pobreza y violencia que aquejan al país.

Otra de sus promesas de campaña fue combatir “con testosterona” la inseguridad, el narcotráfico, crimen organizado y pandillas, así como impulsar una ley que trate a estas últimas como terroristas. En entrevistas también se mostró en disposición de aplicar la pena capital a aquellos criminales cuyos casos se ajusten a la constitución.

Gimmattei, abiertamente en contra del aborto y el matrimonio igualitario, llega al poder teniendo en su contra con manto de acusaciones a personas allegadas, acusaciones de conflictos de interés respecto a su Ministro de Energía y acusaciones de intimidación al medio investigativo guatemalteco Nómada.

Con todo, su reto más acuciante será hacer frente al acuerdo firmado entre el gobierno del expresidente Jimmy Morales y el gobierno del presidente Donald J. Trump, en que se establece la cooperación entre Guatemala y Estadso Unidos para el examen de solicitudes de protección. En la práctica, este acuerdo buscaría establecer a Guatemala como un tercer país seguro para la petición de asilo.

A pesar de los llamados de la prensa y comunidad internacional, el acuerdo del tercer país seguro implicaría que los inmigrantes que pasen por Centro América rumbo a Estados Unidos tendrían que pedir asilo en Guatemala antes de poder hacerlo en Estados Unidos.

El acuerdo firmado está en tensión tanto con la Convención sobre el estatuto de los refugiados de 1951 que los sustenta como con las decisiones tomadas por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca.

Lo primero pues en el Artículo 1 de la Convención consta que:

“En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se entenderá que la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad posea”.

Y en el Artículo 145 de la Constitución Guatemalteca dice que “También se consideran guatemaltecos de origen, a los nacionales por nacimiento, de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente, su deseo de ser guatemaltecos. En este caso podrán conservar su nacionalidad de origen, sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos”.

Los países que pertenecieron a la Federación de Centroamérica durante el siglo XIX son los que ahora conforman Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Esto implicaría que la República de Guatemala se vería en obligación de proteger a los nacioanles salvadoreños, hondureños, nicaragüenses y costarricenses que quisieran vivir en dicho país. Esto, en breve, es muy conveniente para la implementación de las políticas de Trump.

Sin embargo, el acuerdo firmado por el Secretario Interior de Seguridad Nacional, Kevin K. McAleenan y el Ministro de Gobernación Enrique A. Degenhart Asturias no estaría en rigor con la ley guatemalteca en la medida en que en septiembre de 2019 la Corte de Constitucionalidad decidió que este acuerdo debería ser sometido a votación en el Congreso de Guatemala, cosa que a la fecha no ha sucedido.

Ya desde la campaña presidencial, Alejandro Gimmattei había anunciado que se opondría a ese acuerdo, pese a las amenazas de Trump de imponer sanciones al país de negarse a ser un tercer país seguro.

¿Cómo lideará Gimmattei este primer reto que se le impone?