Una nueva ley que entrará en vigor el 1
de julio en Florida autoriza el traslado de prisioneros a centros en
otros estados para controlar el hacinamiento en sus cárceles y los
altos costos y podría afectar a miles de reos hispanos.

En las cárceles de Florida, los internos que no son ciudadanos
estadounidenses son más vulnerables a la "exportación", ya que la
nueva ley SB 1722 prevé que el Departamento de Correcciones tome en
cuenta la proximidad familiar y los lazos comunitarios del preso.

Actualmente, el estado cuenta con una población "extranjera" de
5.523 reos, de los cuales el 61 por ciento está en prisión por un
delito violento, 21,3 por ciento por asesinato u homicidio, y el 18
por ciento por delitos relacionados con drogas.

De estos, 1.128 son mexicanos, mientras que hondureños,
nicaragüenses, dominicanos, guatemaltecos, salvadoreños y
canadienses constituyen el 14,1 por ciento de los internos
considerados "extranjeros".

Cuba es el país con más ciudadanos encarcelados (21,3 por ciento)
en Florida, según el reporte anual del Departamento de Correcciones.

"Los términos en los que la ley está escrita parecería que se
dirige directamente a los indocumentados internos en las cárceles de
Florida", dijo a Efe Matt Nuckett, director ejecutivo de la
Asociación de Benevolencia Policíaca, (PBA, en inglés) el sindicato
más grande de policías que también representa a los guardias
penitenciarios que no simpatizan con la nueva pieza legislativa.

Para la PBA, la nueva legislación constituye una especie de
bofetada a sus luchas por evitar que Florida ponga las prisiones en
manos privadas.

"Es una ley que por todos los lados no vemos con simpatías",
admitió Nuckett.

"No sólo permitirá que los internos sean trasladados a cárceles
privadas, algo contra lo que hemos mantenido una lucha histórica,
sólo que lo harán fuera del estado; también podría prevenir la
contratación de más agentes correccionales, afectando así la
seguridad en las cárceles y encima de eso, afectará la integración
de los internos a sus comunidades, incrementado así las
posibilidades de volver a delinquir", dijo.

En eso, Nuckett coincide con el Secretario de Prisiones de
Florida, Walter McNeil, quien tampoco ve con buenos ojos la nueva
ley, pese al impacto positivo que la misma tendría en el presupuesto
del sistema carcelario, según análisis de la Comisión Económica y
Demográfica Legislativa.

"Uno de los principales objetivos del secretario McNeil es el de
la seguridad pública y reducir el número de prisioneros que regresan
a las cárceles", dijeron en una declaración electrónica a Efe
fuentes del Departamento de Correcciones, que también indica que
mantener a los internos cerca de sus familiares y con lazos
comunitarios son dos elementos importantes para ayudarlos a
reincorporarse a la sociedad.

"Remover a los prisioneros aún más de sus familiares y comunidad
subestima el objetivo de reducir el volver a delinquir", manifestó a
Efe McNeil a través de la misma declaración electrónica, en la que
además enfatiza que "El Departamento no tiene planes de enviar a los
internos fuera del estado".

La decisión de McNeil es vista con beneplácito por la PBA que
indica a su vez que "gracias que la ley deja en manos del secretario
decidir si la pone en práctica, y eso es un gran alivio en estos
momentos".

De acuerdo con McNeil, el Departamento de Correcciones de Florida
sólo consideraría exportar a sus internos, en casos extremos como
desastres naturales como huracanes.

La SB 1722 también crea un fondo estatal, manejado por el
Departamento de Prisiones, para implementar otros programas que
eviten el hacinamiento y que permita que los tribunales condenen a
ciertos delincuentes no violentos a cumplir penas en facilidades
residenciales o no, donde podrán recibir tratamiento contra la
adicción a las drogas, oportunidades de empleo, y otros servicios.

La ley además aumenta un dólar, de 4 a 5 el pago que hacen los
internos por recibir servicios médicos no urgentes, y que
equivaldría a unos 11.187 dólares adicionales, eliminaría la
necesidad de unas 781 camas nuevas en las prisiones y en general
resultaría en más de 15 millones de dólares en ahorros al estado
durante el año fiscal del 2009-2010.