Muchos son los casos de ciudadanos inmigrantes, detenidos y sujetos a juicio migratorio – con o sin orden de deportación – que se encuentran frente a un juez sin nadie que les defienda.

Tal es el caso de Florencio Banos, inmigrante salvadoreño de 45 años, cuya historia fue publicada originalmente por The Daily Beast. Banos estuvo detenido por más de cinco meses en el centro Varick Street en Manhattan, y cuando tuvo la oportunidad de presentar su caso ante el juez, no tuvo abogado que le defendiera.

“Tendré que esperar a hablar con un abogado de la Sociedad de Asistencia Legal, porque no tengo dinero para pagar un abogado”, dijo Banos a la juez de inmigración Patricia Buchanan.

Si bien las condiciones de detención en los casos de criminales indigentes y en los casos de detención migratoria son exactamente las mismas, los derechos frente al proceso judicial no son remotamente parecidos.

Pareciera que ser inmigrante anula el más mínimo derecho a la defensa legal.

Según explica The Daily Beast, el hecho de no tener un abogado reduce las vías de asistencia e impugnación, sobretodo en el intrincado de leyes migratorias, anulando la posibilidad del recurso judicial o de la solicitud de evasión de deportación. Es decir, un inmigrante sin abogado es un potencial ciudadano expulsado inmediatamente, sin derecho a una defensa como Dios manda.

Si bien este sistema legal precede a la administración Trump, ha sido la nueva retórica y el nuevo impulso de detenciones y persecución contra el inmigrante lo que ha aumentado en un 21% la cantidad de casos presentados ante las cortes de inmigración. Así lo determinó la Transactional Records Access Celaringhouse de la Universidad de Syracuse, que demostró que para el 31 de mayo de este año, las cortes habían recibido alrededor de 600.000 casos.

Según reportaba el New York Times en marzo del 2013, las circunstancias de hacinamiento que enfrentan los inmigrantes en espera de juicio, son bastante previas a la nueva administración. En aquel momento, alrededor de 300 inmigrantes detenidos se encontraban en confinamiento solitario, sin la certeza de lograr obtener asistencia legal que lograra resolver su situación.

“Entre los detenidos sin garantías de representación, se encuentran niños, discapacitados mentales, víctimas de tráfico sexual, refugiados, supervivientes de tortura y residentes permanentes legales”, informaba el periódico newyorkino.

La asistencia legal gratuita, y las organizaciones que la proveen, suele depender de financiamiento privado y federal, que no suele ser suficiente, haciendo que los abogados tomen tan sólo algunos casos puntuales o urgentes.

El sistema de inmigración estadounidense es uno de los más costosos y otorgar asistencia legal a inmigrantes podría duplicar su costo. “En el 2012, el presupuesto general de la administración Obama para la aplicación de la ley migratoria fue de 18 mil millones de dólares”; en el caso de Donald Trump, su presupuesto ha planteado unos 185.9 millones para contratar nuevos agentes migratorios, 500 millones para transporte, 1.2 mil millones para aumentar la capacidad de detenciones a nivel nacional y un aumento en 2.7 mil millones para aumentar la seguridad en la frontera.

¿Pero dinero para asesorías legales? Ni un centavo.

Según Paul Grussendorf, juez de inmigración en Filadelfia entre 1997 y el 2001, y quien vio pasar muchos inmigrantes ante su tribunal, muchos de ellos estaban calificados para quedarse en el país, pero fueron finalmente deportados porque no tenían representación legal.