En una movida contenida en el nuevo paquete anti-inmigración de la Administración Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ha hecho oficial el fin del Estatus Temporal de Protección (TPS) a los ciudadanos salvadoreños residentes en Estados Unidos.

Según el documento, los individuos que hayan solicitado la protección después del terremoto que azotó El Salvador hace dos décadas y hayan decidido establecerse en Estados Unidos tendrán hasta el 9 de septiembre del 2019 para conseguir una manera alternativa de residencia o dejar el país.

Según explica el portal Politico, los inmigrantes de El Salvador son la población más grande bajo el estatus de protección, que fue renovada consecutivamente bajo administraciones tanto Republicanas como Demócratas hasta este momento.

Alrededor de 263.000 personas se encuentran ahora desprotegidas y bajo amenaza de deportación, pues el TPS les permitía residir legalmente y trabajar en Estados Unidos.

Para la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, “las condiciones en El Salvador han mejorado de manera significante desde (la catástrofe)”, lo que pone fin a la justificación original de la protección a la deportación de estos inmigrantes.

“Sólo el Congreso puede legislar una solución permanente para la falta de un estatus migratorio legal y definitivo para aquellos que se encuentran actualmente protegidos por el TPS y han vivido y trabajado en Estados Unidos por muchos años”, dice el documento. “La rescisión diferida de 18 meses permitirá al Congreso elaborar una potencial solución legislativa”.

Según explica el Washington Post, esta es la medida más radical impuesta por la administración Trump, considerando la cantidad de personas que se ven afectadas: esos 200.000 salvadoreños son padres de alrededor de 190.000 jóvenes nacidos y nacionalizados como estadounidenses, y un tercio de ellos son dueños de propiedades en el país.

Durante el mes de noviembre, el gobierno terminó también con el TPS que protegía a 60.000 haitianos y a 2.500 nicaragüenses tras los desastres naturales del 2010 y 1998, respectivamente.

Esta decisión no sólo afectará a los salvadoreños que residen en Estados Unidos sino a su país de origen también, que es catalogado como una de las naciones más violentas en toda América Latina. De acuerdo a Kevin Appleby del Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, poner fin al TPS implicará la “desestabilización de un país de por sí violento”, lo que se traduce en el “debilitamiento de nuestro interés en una Centroamérica más estable”.

Pero para columnistas y analistas como Cristian Izquierdo (NACLA), el TPS se ha transformado en una herramienta política tanto para el gobierno de turno estadounidense como para los gobiernos salvadoreños.

Según Izquierdo, los cientos de miles de salvadoreños que llegaron a Estados Unidos en la década de los 90, huían del “gran impacto de un conflicto armado que duró 12 años (1980-1992), en el cual las fuerzas apoyadas por Estados Unidos mataron hasta a 75.000 civiles”. Fueron los desastres naturales entre 1998 y el 2001 lo que finalmente conllevó a la formación del TPS como medida migratoria preventiva, lo que implicó un ingreso de hasta 120 millones de dólares anuales por las tasas de aplicaciones a permisos.

Asimismo, las remesas familiares enviadas desde Estados Unidos hacia los países de Centroamérica han sumado hasta 8.5 mil millones de dólares, tan sólo en el 2016, lo que se interpreta como el real significado del “símbolo de amistad y apoyo” al que hacían referencia las administraciones Bush y Obama.

Esta realidad fue utilizada por la derecha salvadoreña para obtener votos durante las elecciones, amenazando con que la izquierda haría desaparecer el TPS de llegar al poder.

Para Trump, por otro lado, la anulación del TPS le gana solidaridad dentro de sus círculos más cercanos – un gabinete de personas que han demostrado su antagonismo a la inmigración – y a quienes deberán votar a favor de sus representantes republicanos durante las elecciones de este año.

Finalmente, quienes realmente salen perdiendo no son sólo los cientos de salvadoreños que se encontrarán desprotegidos, sino las empresas que dependen de la mano de obra inmigrante, pues de todos los que poseen la protección, el 80% se encuentra trabajando, según explicó la directora ejecutiva de Haitian Women of Miami, Marleine Bastien al Miami Herald: “ellos son nuestros profesores, educadores y dueños de negocios”.

La decisión queda en mano ahora del Congreso, quien deberá encontrar una solución en medio del caótico escenario político que se prevé en el 2018.