El movimiento #MeToo ha llegado al Congreso, pero parece que es muy tarde.

18 senadoras demócratas y cuatro republicanas se han unido para solicitarle al órgano la modificación de la legislación que “ayuda a las personas que trabajan en el Congreso a reivindicar las acusaciones de acoso sexual o discriminación”, reporta The Guardian.

Si bien durante el mes de febrero la Cámara de Representantes aprobó una propuesta bipartidista para reformar la Ley de Responsabilidad del Congreso de 1995, el Senado no ha considerado la iniciativa.

Es por ello que la bancada femenina del órgano ha tomado cartas en el asunto emitiendo un comunicado directo a los líderes del Senado reclamando que “la inacción es inaceptable”.

“Las sobrevivientes que han hablado valientemente para compartir sus historias han traído a la luz cómo el acoso y la discriminación siguen estando ampliamente diseminados a través del Capitolio”, reza la carta reproducida por la revista TIME. “No podemos seguir permitiendo que los atacantes se escondan detrás de una ley de hace 23 años. Es momento de reescribir la Ley de Responsabilidad del Congreso y actualizar el proceso a través del cual las sobrevivientes buscan justicia”.

Las senadoras han decidido que es el momento de cambiar las cosas, en especial después de la oleada de acusaciones que ha sacudido al Congreso, donde “al menos siete miembros han renunciado o han decidido no buscar la reelección”.

Aún cuando voceros de ambos líderes en el senado han asegurado que tanto McConnell como Schumer están de acuerdo con que un cambio es necesario, el Senado ha optado por abordar asuntos más apremiantes – como el presupuesto del gobierno – y han dejado de lado las exigencias de las senadoras, según explica Politico.

La movida ha sido encabezada por la senadora Amy Klobuchar de Minnesota junto a las legisladoras Patty Murray y Kristen Gillibrand, y exigen que los legisladores acusados paguen de su bolsillo el costo de las demandas en su contra, la eliminación de la consultoría obligatoria y de la mediación que deben proseguir las víctimas que alegan haber sido objeto de acoso.

Según el Washington Post, las exigencias de las Senadoras parecen haber llegado a un punto muerto “a pesar de las horribles noticias de malas conductas que siguen surgiendo en el Capitolio”.

El medio hace referencia al reporte de Elise Viebeck sobre la congresista Elizabeth Esty que permitió que su jefe de personal permaneciera en el cargo durante tres meses después de supuestamente haber “amenazado de muerte a alguien que trabajaba en la oficina”.

Para el Post, “pareciera que cambiar las reglas sobre acoso sexual sencillamente no era una prioridad para los legisladores esta primavera. Mientras el impulso del movimiento #MeToo del año pasado desvanece en el ojo público, es posible que esto no sea una prioridad tampoco para el verano o el otoño”.