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Foto: panampost.com
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El coronavirus y las maras salvadoreñas: dos lados de la moneda

En El Salvador, las pandillas se han puesto de acuerdo para obligar a la población a cumplir con la cuarentena impuesta por el Presidente, Nayib Bukele.

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El pequeño país centroamericano de El Salvador fue el primero en cerrar fronteras para intentar contener la llegada del COVID–19 a su territorio y, ante la imposibilidad de contener el avance del virus, el Presidente, Nayib Bukele, impuso una cuarentena de 30 días, a partir del 21 de marzo.

La cuarentena, como ha ocurrido en todas partes, ha tenido otros efectos aparte de contener la epidemia.

En un país con un alto nivel de informalidad en la economía y sin un servicio de seguridad social sólido, ha sucedido que partes vulnerables de la población no tengan cómo acceder al subsidio de 300 colones prometido por el gobierno y, en consecuencia, tengan que salir a buscar el sustento diario.

Otro efecto inesperado de la cuarentena, en el país del mundo con el índice más alto de asesinatos por cada 100.000 habitantes, fue haber pasado dos días sin que se registrara ninguna muerte violenta. Este record es consecuencia de dos factores: la menor circulación de población en general y el real miedo que las pandillas tienen de la enfermedad.

Como reafirmación de su poder y mecanismo para garantizar el cumplimiento de la cuarentena, tres pandillas enemigas entre sí se coordinaron, según reportó el medio salvadoreño El Faro, para advertir a las poblaciones de las zonas que controlan que permanezcan en casa so pena de muerte o de recibir una paliza. El otro punto en que las pandillas han acordado es cesar el cobro de extorsiones o cambiar los términos y plazos con que cobran.

Es una decisión de Barrio, o sea de toda la pandilla, es general. Todos los corredores y palabreros (líderes locales) ya lo saben. En algunos lugares ya se están aplicando las medidas, a algunos cuerudos ya se les tuvo que pegar un coscorrón”, declaró un emisario de la MS–13 para El Faro.

Este caso, como el de las milicias que impusieron toque de queda en las favelas de Río de Janeiro, muestra por una parte que el crimen organizado tiene un mayor control sobre la población que el Estado y, por otra, que las pandillas han entendido que el único mecanismo que tienen para disminuir su propia vulnerabilidad ante la epidemia es la cuarentena.

A las pandillas les preocupa tres aspectos en los que el COVID–19 los hace más vulnerables, según reportó El Faro: el primero es que mientras más personas incumplan la cuarentena, hay mayor probabilidad de que barrios que no están militarizados reciban una fuerte presencia policiva o del ejército.

El segundo punto es un esfuerzo de las pandillas por evitar que se dé un brote del virus en las cárceles salvadoreñas, donde muchos de sus miembros están internados y con quienes siguen teniendo lazos de lealtad, a pesar del cautiverio.

El tercero es que para los pandilleros está claro que si los médicos salvadoreños se ven en la necesidad de elegir a quién asignarle un ventilador en la Unidad de Cuidado Intensivo y tienen que elegir entre un marero (lleno de los característicos tatuajes) y cualquier otro ciudadano, es probable que se decida por la otra persona, incluso si el cuadro clínico indica que el marero tendría más probabilidades de sobrevivir.

El COVID–19 es una enfermedad absolutamente democrática, contagia a todos por igual, pero las condiciones que hacen que una u otra persona puedan afrontarla dependen de muchísimos factores, alguno de los cuales no son evidentes, como el miedo que un marero sienta ante algo que no puede ni ver.

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