El miércoles 18 de agosto, un tribunal federal de Nevada dictaminó que una sección de la ley de casi 70 años de antigüedad que convierte en delito la reentrada en Estados Unidos tras la deportación, es inconstitucional. 

El juez dictaminó que, dado que esta sección de la ley se promulgó con una clara intención discriminatoria contra los latinos, viola la Cláusula de Igualdad de Protección.

El juez Miranda Du, emitió una orden el miércoles desestimando un caso contra Gustavo Carrillo-López, quien fue acusado el verano pasado por estar en los estados a pesar de sus deportaciones en 1999 y 2012. 

Este parece ser el primer caso en el que un tribunal ha tomado una decisión de este tipo, a pesar de que el estatuto conocido como Sección 1326 ha estado bajo consideración por varios tribunales de distrito. 

"Debido a que Carrillo-López ha establecido que la Sección 1326 fue promulgada con un propósito discriminatorio y que la ley tiene un impacto dispar en las personas Latinx, y el gobierno no demuestra que la Sección 1326 habría sido promulgada sin animus racial ... la Corte concederá la Moción", escribió Du.

Este caso es una pérdida para el Departamento de Justicia (DOJ), que presentó por primera vez la acusación durante la administración Trump, una era de políticas de inmigración agresivas. 

Grupos de izquierda como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes (NIJC), han insistido en que la administración Trump ha "armado" la Sección 1326 y otras leyes de inmigración de hace décadas como parte de su estrategia de inmigración de "tolerancia cero". 

"Estas leyes son dañinas, costosas y discriminatorias en su origen y aplicación. Las leyes provienen de un período oscuro de la historia xenófoba cuando los legisladores influenciados por los eugenistas trataron de criminalizar el acto de la migración en la década de 1920. La administración de Trump ha armado estas leyes para demonizar a los inmigrantes y separar a las familias y comunidades", escribió el NIJC. 

Julián Castro, ex secretario de la Administración de Vivienda y Desarrollo Urbano bajo el presidente Barack Obama, tuiteó el miércoles que la ley tiene "una historia increíblemente racista", y que no confía en que el DOJ de Biden quiera defenderla en el tribunal de apelación. 

La sección 1326 hace ilegal que cualquier persona entre, vuelva a entrar o intente entrar en el país, si previamente se le ha denegado la admisión en EE.UU., ha sido expulsado, salido o excluido de EE.UU., o ha salido bajo una orden de expulsión o deportación. 

En la mayoría de los casos, esto se castiga con una multa y hasta dos años en una prisión federal, con penas más duras para los condenados por delitos graves o tres o más delitos menores relacionados con las drogas o la violencia contra otros. 

Según SCOTUSblog.com, más de 25.000 personas fueron acusadas bajo el estatuto en el año fiscal 2019, lo que representa alrededor del 30% de todos los casos penales federales. 

El estatuto fue enmendado cinco veces en las décadas de 1980 y 1990 para aumentar los castigos por violación. 

La orden de Du señala que la ley tiene un impacto dispar en los latinos, afirmando que el 87% de los individuos aprehendidos en la frontera en 2010 eran mexicanos. 

El gobierno federal se defendió argumentando que estas estadísticas son simplemente una función de la geografía y la cercanía de México con los estados, pero Du dijo que el argumento no era lo suficientemente convincente. 

"El poder plenario del gobierno federal sobre la inmigración no le da licencia para promulgar estatutos racialmente discriminatorios en violación de la protección de la igualdad", escribió Du.

Du citó los argumentos de una profesora de historia de la UCLA, Kelly Lyte Hernández, que rastreó la historia legislativa de la ley hasta los años 20, cuando el gobierno estableció cuotas basadas en la nacionalidad. 

"Con el paso de los años, los orígenes racistas de las Secciones 1325 y 1326 han sido enterrados y la política construida sobre ellos normalizada. Pero la criminalización del cruce de fronteras tiene un impacto duradero en las vidas de los inmigrantes y sus familias", escribió en un amicus curiae.

Las audiencias sobre los proyectos de ley durante este período incluyeron argumentos de los defensores de la eugenesia, que pintaban a los que elaboraban las leyes de deportación como "criadores exitosos de caballos de pura sangre". 

Aunque el artículo 1326 no se promulgó hasta 1952, Du dijo que gran parte de las disposiciones de la ley anterior de 1929 persistieron en la medida aprobada dos décadas más tarde, y apenas hubo esfuerzos significativos por parte del Congreso para reconocer los orígenes. 

Du también señaló que, en 1952, el Congreso anuló un veto del presidente Harry Truman en el que expresaba su preocupación por que la última ley de inmigración perpetuara las injusticias del pasado.

United We Dream, la primera y mayor organización de jóvenes inmigrantes del país, tuiteó para celebrar esta última victoria de los derechos de los inmigrantes.

"¡Nuestra gente debe ser libre para moverse y libre para quedarse! La migración es un derecho humano y nunca debe ser criminalizada!"