Como funcionarios públicos, la epidemia de opioides ha llegado a afectar casi todo lo que tocamos.  El año pasado, se cobró la vida de alrededor de 1200 personas, cuatro veces el número de homicidios y superó por más de 200 a las muertes por la epidemia del SIDA en su peor año. 

Sin un final a la vista, la adicción a los opioides sigue destruyendo vidas.  Es responsable de gran parte de la violencia de la ciudad y ha llevado a nuestro sistema de servicios de emergencia médica (EMS) al borde del abismo. La adicción ha creado desafíos constantes dentro de nuestro sistema penitenciario y contribuye a la cantidad de personas que se ven forzadas a dormir a la intemperie todas las noches. 

Barrios enteros están bajo el asedio por aquellos que sufren de adicción a los opioides y por aquellos que se aprovechan de los adictos. 

Pero, para muchos habitantes de Filadelfia, esta crisis no es nueva. 

Hace treinta años, el crack invadió nuestra ciudad. Con él llegó la adicción y la violencia, y el gobierno respondió con una llamada "Guerra contra las drogas" en todo el país, particularmente en las grandes ciudades como Filadelfia con una población mayoritariamente conformada por minorías y una tasa de pobreza históricamente alta. 

Como sociedad, les fallamos a muchas personas durante la epidemia del crack al tratarla únicamente como un problema de cumplimiento de la ley en lugar de un problema de salud.  Muchas personas pasaron tiempo en la cárcel cuando deberían haber pasado tiempo en tratamiento. Sin duda, penalizar la adicción ocurrió en parte porque las personas afectadas eran principalmente afroamericanas, latinos y pobres. La raza determinó el modo en que el país, así como el Estado de Pensilvania y la Ciudad de Filadelfia, respondieron a la devastadora crisis. Estas políticas 'duras contra el crimen' resultaron en que Filadelfia tuviera la tasa de encarcelamiento más alta de cualquier jurisdicción grande en el país. 

Eso fue un gran error. Trágicamente, demasiadas familias, seres queridos y vecindarios aún sufren las consecuencias no solo de la adicción, sino también de las políticas que separaron a las familias y diezmaron a las comunidades. 

Ahora sabemos que la adicción es una enfermedad.  Ya es hora de eliminar el estigma de la adicción y ayudar a quienes no pueden ayudarse a sí mismos. 

Si bien no podemos deshacer años de política regresiva, podemos adoptar un enfoque intencional para tratar la adicción y los delitos relacionados con las drogas con esa historia en mente. 

Como concejal de la ciudad, el alcalde Jim Kenney patrocinó y aprobó una legislación que despenalizó la posesión de una pequeña cantidad de marihuana en 2014, en parte, para abordar la disparidad racial encontrada en los arrestados por posesión de marihuana. Desde que se convirtió en alcalde, creó una fuerza de trabajo dedicada al flagelo de los opioides con la responsabilidad de crear un plan de acción y recomendaciones que la ciudad está utilizando para buscar soluciones a largo plazo y así poder poner fin a esta crisis de opioides.  Además, en 2016, Filadelfia recibió $3.5 millones del Desafío de Seguridad y Justicia de la Fundación MacArthur (MacArthur Foundation Safety and Justice Challenge) para invertir en estrategias que reducirán de manera segura en más de un tercio la población diaria promedio de las cárceles en los siguientes tres años, y particularmente mitigarán el encarcelamiento de individuos con delitos menores por de drogas o con trastornos de adicción. 

El fiscal del distrito, Larry Krasner, cree que la solución a la adicción a las drogas es el tratamiento, no el encarcelamiento.   En su nueva función, el fiscal ha prometido aumentar las capacidades del tribunal de drogas de Filadelfia e incrementar las oportunidades de alternativas, permitiendo así que los arrestados por posesión de drogas o por delitos menores debido a la adicción obtengan el tratamiento que necesitan en lugar de ser encarcelados. 

Recientemente, la Ciudad entabló una demanda contra los fabricantes de opioides para hacerlos responsables de su papel en esta crisis. El objetivo es terminar con las prácticas de comercialización engañosas utilizadas por estas compañías y ayudar a los residentes que sufren de adicción a los opioides a cubrir los costos de tratamiento. La Oficina del Fiscal del Distrito también ha presentado una demanda contra varias compañías farmacéuticas en virtud de la Ley de Protección al Consumidor y las Prácticas Comerciales Desleales (Unfair Trade Practices and Consumer Protection Law) para responsabilizarlas por su papel en la epidemia de opioides. 

El Fiscal de Estado estadounidense Jeff Sessions ha expresado su intención de responder a la epidemia de opioides con un enfoque centrado en la aplicación de la ley, retrotrayendo así a la nación a las tácticas divisivas utilizadas durante la respuesta de la "guerra contra las drogas" a la epidemia de crack.  Es importante que resistamos esto y nos concentremos en salvar vidas del modo en que las investigaciones han demostrado que funciona. 

La respuesta de la Ciudad es multifacética.  El Departamento de Salud está trabajando con médicos y compañías de seguros para reducir la probabilidad de que las personas se vuelvan adictas.  El Departamento de Salud del Comportamiento ha agregado espacios de tratamiento y está dirigiendo recursos hacia los tratamientos más efectivos.  El Departamento de Servicios para Personas Sin Vivienda está trabajando para proporcionar refugios de barreras bajas para que aquellos que son adictos salgan de nuestras calles y de nuestros vecindarios.  La Ciudad está expandiendo programas para remover agujas, campamentos y basura que están directamente relacionados con los usuarios de opioides.  La policía local está trabajando conjuntamente con nuestros socios federales y estatales para arrestar a traficantes y distribuidores de drogas. 

La adicción a los opioides nos afecta a todos. Si bien más blancos están muriendo de sobredosis en estos días, sabemos que los opioides también están consumiendo vidas negras y marrones. En 2016 y 2017, más afroamericanos murieron por sobredosis que por homicidio en Filadelfia.  Según datos de la Oficina del Médico Forense, en 2016, de las 907 muertes por sobredosis registradas, 398 fueron personas de raza negra, hispana, u otros. 

Estos son tiempos sin precedentes y estamos tomando medidas sin precedentes.   Es por eso que la ciudad está alentando activamente a la comunidad filantrópica y sin fines de lucro para que establezca y admita Sitios de Participación Integral de Usuarios (CUES, por sus siglas en inglés). 

Un CUES sería una instalación que acoge a usuarios de drogas inyectables que aún no están en tratamiento, ofreciéndoles ayuda para iniciar el tratamiento y, al mismo tiempo, los ayuda a mantenerse con vida hasta que comiencen el tratamiento.  Además, se espera que estos sitios saque a algunas personas fuera de las calles donde su adicción activa impacta la seguridad y el ambiente del resto del vecindario. En un CUES, los consumidores de drogas recibirán suministros médicos estériles para inyección y se les permitirá inyectarlos en el sitio.  Si una persona tiene una sobredosis, los miembros del personal capacitados pueden proporcionarle Naloxone de manera inmediata.  Sin embrago, queremos dejar en claro que un CUES es más que un lugar donde las personas adictas usarán drogas bajo supervisión; estos sitios también proporcionarán un vínculo directo al tratamiento, recursos para vivienda y comidas, y lo más importante, salvan vidas.  

Los CUES son solo una parte de una estrategia de múltiples componentes para lidiar con la crisis de opioides, junto con esfuerzos para prevenir el abuso de drogas, ayudar a los usuarios de drogas a recibir tratamiento y ayudar a las personas sin hogar a obtener vivienda. 

Esta crisis es más grande que todos nosotros y sabemos que necesitamos el apoyo de la comunidad para progresar.  Obtenga más información sobre el plan integral desarrollado por la Fuerza de Tarea de Opioides del Alcalde para prevenir el abuso de drogas y ayudar a las personas sin hogar en la ciudad en www.phila.gov/opioids. 

Jim Kenney, alcalde 

Larry Krasner, fiscal de distrito