La administración de Donald Trump ha desatado una tormenta política y judicial en su primer mes de regreso a la Casa Blanca. El Departamento de Justicia ha intervenido directamente en casos de alto perfil, ha ordenado la destitución de fiscales clave y ha promovido decisiones que favorecen a aliados políticos del presidente.

El caso más emblemático es el del alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusado de corrupción y financiación ilegal de campañas, cuyos cargos fueron abruptamente retirados tras presiones de la administración Trump. Esto generó una crisis sin precedentes en la fiscalía de Manhattan, llevando a la renuncia de la fiscal federal en funciones, Danielle Sassoon, junto con otros fiscales de la división anticorrupción.

El episodio recuerda la "Masacre del Sábado por la Noche" de 1973, cuando altos funcionarios renunciaron en protesta contra la intervención de Richard Nixon en la investigación de Watergate. Ahora, la situación es similar: la salida de fiscales de carrera pone en jaque la independencia judicial y revela un patrón de intromisión gubernamental en los procesos judiciales.

Pero la purga en la fiscalía de Nueva York no fue un hecho aislado. La administración Trump también ordenó la destitución de todos los fiscales nombrados durante la era Biden, afectando investigaciones en curso sobre temas de corrupción, derechos civiles y financiamiento político. En Washington D.C., el despido de fiscales que trabajaron en los casos del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y en la investigación sobre el mal manejo de documentos clasificados por parte de Trump ha levantado acusaciones de represalia política.

¿Una estrategia para blindarse?

El golpe al sistema judicial no es casualidad. Desde su primer mandato, Trump ha enfrentado un sinfín de investigaciones y procesos legales que han puesto en entredicho su conducta. La estrategia de su administración para desmantelar la independencia judicial está directamente relacionada con los numerosos casos en los que ha estado involucrado.

Uno de los casos más recientes es la investigación sobre el intento de manipular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. A pesar de las evidencias presentadas por la fiscalía, la administración Trump ha maniobrado para debilitar la acusación, removiendo a fiscales clave y dificultando el avance del caso.

Otro episodio que marcó la historia judicial de Trump fue su condena por 34 cargos, dictada por un juez de origen colombiano Juan Merchán. Aunque Trump fue hallado culpable, no se le impuso ninguna pena efectiva debido a su condición de presidente electo. Esta decisión generó controversia sobre el trato especial que recibe el mandatario en comparación con otros ciudadanos.

La lista de casos en los que Trump ha estado bajo la lupa judicial es extensa. Desde las demandas por abuso sexual hasta la investigación por obstrucción a la justicia en el caso de la trama rusa, el expresidente ha logrado evadir sanciones graves.

Los jueces como muro de contención

A pesar de que las medidas adoptadas por el Gobierno Trump debilitan la independencia judicial, los tribunales han logrado frenar algunas de sus decisiones más radicales. Un ejemplo claro es el reciente fallo en contra de su intención de eliminar el derecho a la nacionalidad por nacimiento, una medida que fue bloqueada por una Corte de Apelaciones y el tema podría terminar en la Corte Suprema de Juticia.

La jueza Sonia Sotomayor, sin mencionar al Prier Mandatario, pero preocupada por la evidente injerencia del Gobierno en el sistema judicial, dijo en una reciente entrevista que "el presidente de Estados Unidos no es un emperador" y que sus poderes tienen límites definidos por la Constitución.

El choque entre Trump y el sistema judicial plantea serios interrogantes sobre el futuro de la democracia en Estados Unidos. Si el mandatario logra consolidar un control absoluto sobre el Departamento de Justicia y las cortes federales, la separación de poderes quedaría gravemente comprometida.

Históricamente, la independencia judicial ha sido una de las garantías fundamentales de la democracia estadounidense. La capacidad de los jueces de actuar sin presiones políticas es crucial para mantener el equilibrio de poder y evitar el abuso de autoridad.

Sin embargo, la ofensiva de Trump contra los fiscales y jueces sugiere que su administración no está dispuesta a respetar los límites de las buenas formas. La destitución de fiscales, la presión para cerrar casos en su contra o el de sus aliados y los intentos de intervenir en decisiones judiciales muestran un patrón preocupante que podría debilitar la confianza en el sistema judicial.

El reto ahora es cómo responderán los jueces y fiscales ante este nuevo panorama. La resistencia de algunos sectores judiciales sugiere que no todos están dispuestos a ceder ante las presiones del Ejecutivo. La dimisión en masa de fiscales en Nueva York, así como los fallos en contra de medidas arbitrarias, indican que todavía hay actores dentro del sistema que defienden la independencia judicial.

El camino hacia la preservación de la democracia pasa, en gran parte, por garantizar la integridad de jueces y fiscales. Mientras exista la separación real de poderes, el Estado de derecho podrá resistir los embates del poder político. No obstante, si la administración Trump logra consolidar su influencia sobre la justicia, Estados Unidos podría estar en la antesala de una crisis institucional sin precedentes.