En otro intento por deshacerse del legado de la Administración Obama, el presidente Trump ha hecho saber, a través de su cuenta en Twitter, que su gobierno “no aceptará ni permitirá” que individuos transgénero presten servicio en las Fuerzas Armadas.

“Nuestras fuerzas armadas deben concentrarse en la victoria decisiva y arrolladora, y no pueden ser lastradas con los enormes costos médicos y la perturbación que implicaría los transgénero”, trinó el presidente el pasado 26 de julio.

En junio del 2016, el gobierno del presidente Obama había declarado la apertura del reclutamiento militar a personas transgénero, estipulando que el Pentágono pagaría por los costos de algunos servicios médicos como cirugías y terapia hormonal.  

Pero la felicidad de la comunidad transgénero duró poco. Faltando a una de sus promesas electorales –la de mantener su apoyo a la comunidad LGBT– Trump ha argumentado que la comunidad transexual “perturba” y aumenta los costos de salud en las Fuerzas Armadas, aún cuando el Departamento de Defensa destina 8.4 millones de dólares anuales a servicios médicos de la población transgénero, cifra que representa un 0,02 por ciento de su presupuesto anual, según reportó la agencia EFE.

El gobierno aún no ha determinado cómo aplicará esta prohibición dentro de las Fuerzas Armadas, que podría afectar a alrededor de 15.500 soldados activos que se identifican como transgénero, de un total de 1.3 millones de soldados que conforman las tropas activas del ejército de Estados Unidos.

En julio, la Cámara de Representantes rechazó por muy poco margen una enmienda presupuestaria que prohibía el uso de fondos del Pentágono para tratamientos relacionados con cambios de sexo, aunque sus impulsores (republicanos) la quieren volver a presentar.

El portavoz del Departamento de Defensa Jeff Davis se limitó a comentar el pasado 26 de julio, que la decisión de Trump fue producto de consultas con el Pentágono y remitió a la Casa Blanca para más información al respecto.

Durante la campaña electoral de 2016, Trump presumió de ser un “amigo” de la comunidad LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transgénero) y prometió luchar por ellos si lograba la Presidencia.

Coincidiendo con ello, y pocos días después de llegar a la Casa Blanca, Trump prometió la continuidad de una orden ejecutiva de Obama que prohíbe a las empresas que tengan contratos con el Gobierno federal discriminar a sus empleados LGBT.

Pero apenas un mes después, Trump revocó una norma, también proclamada por Obama, que permitía a los alumnos transexuales usar los baños y los vestuarios que prefieran en función del género con el que se identifiquen.

La decisión anunciada por el presidente con respecto a las personas transgénero que sirven en el ejército, ha sido fuertemente criticada por activistas y congresistas tanto demócratas como republicanos.

Pero la respuesta más contundente ha sido por parte de los mismos soldados y funcionarios públicos que desempeñan algún tipo de labor dentro del organismo de defensa nacional.

En un vídeo, la American Veterans for Equal Rights, un colectivo de veteranos pertenecientes a la comunidad LGBT, Steve Loomis, presidente nacional de la organización, afirmó que el presidente Trump “sin haber servido nunca a la nación dentro de las Fuerzas Armadas”, se equivocó al intentar transformar un mensaje de 140 caracteres en ley o política, logrando únicamente “reducir la seguridad de nuestros miembros transgénero y la agilidad de nuestras unidades de misión”. Para Loomis, los miembros transgénero del ejército “no menoscaban la disposición ni agilidad de las unidades de misión, por el contrario, son los más motivados y quienes más contribuyen a la preparación de las unidades”.

Loomis también desvirtuó la supuesta razón económica que el gobierno tendría para prohibir el reclutamiento de soldados con estas características. Según el veterano, la asistencia médica para los soldados transgénero representa “menos del 4% del presupuesto total de salud en el Departamento de Defensa. De hecho, esa cartera gasta diez veces más en viagra que lo que gasta en el tratamiento médico transgénero”.

La historia de discriminación y persecución moral contra quienes se identifican fuera del marco de la heteronormatividad en las FFAA ha sido larga y progresiva, aún cuando documentos históricos han demostrado que incluso uno de los oficiales que acompañó al General George Washington –Friedrich Wilhelm von Steuben– había llegado a Estados Unidos huyendo de la persecución por su homosexualidad en Alemania.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos excluyeron durante muchos años a los ciudadanos que se consideraban homosexuales o bisexuales, impidiéndoles servir a su país dentro del cuerpo de defensa.

Si bien podríamos estar seguros de que en tiempos de guerra cualquier soldado es útil, la primera ley implementada en las FFAA contra comportamientos homosexuales –catalogados de sodomía– fue implementada en marzo de 1917, especificando castigos como la corte marcial y la baja deshonrosa. Posteriormente, y en medio de la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras Harry Stack Sullivan y Winfred Overholser redactaron lineamientos de evaluación para soldados que se sospechara fueran homosexuales, una herramienta que se implementó tanto en la Marina como en las Fuerzas Armadas femeninas.

Con la incorporación de Estados Unidos al conflicto mundial, la necesidad de tropas conllevó a un cambio de las cortes marciales por sodomía por una medida llamada blue discharges, o bajas azules, que representaba un mecanismo administrativo de expulsión del personal homosexual (aunque también fue utilizado contra los afroamericanos). Si bien las “bajas azules” no implicaban directamente una deshonra, sí se transformaron en un estigma que dificultaba la reintegración del soldado en la vida civil.

Las “bajas azules” se transformaron en bajas “generales”, y a partir de 1949 ser homosexual en las FFAA era sencillamente impensable, al punto que se transformó en la razón principal de muchos para evitar el servicio militar o el reclutamiento en conflictos como la Guerra de Vietnam.

En la década de los 70, varios personajes surgieron en la escena pública a favor de la normalización de la homosexualidad, especialmente personas como el político Harvey Milk (que había servido en la Guerra de Corea) y el sargento técnico Leonard P. Matlovich, que incluso llegó a estar en la portada de la revista Time.

Durante ese tiempo, fueron muchos los soldados que debieron mantener su identidad de género y su orientación sexual escondidas, sin ninguna medida legal que les protegiera. En 1993 otra polémica medida fue implementada por el gobierno estadounidense. Ese año el presidente Bill Clinton firmó una ley en la que se instituía la política conocida como Don’t Ask, Don’t Tell (No preguntes, No digas), que permitía a homosexuales y bisexuales incorporarse a la milicia, bajo la condición de que no revelaran su orientación sexual.

El sistema legal estadounidense tardó 18 años en promover una medida que protegiera a la comunidad homosexual y bisexual a la hora de prestar su servicio militar. El 10 de octubre de 2009, el entonces presidente Barack Obama anunció en un discurso para la Human Rights Campaign que lucharía por la justicia y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos americanos que decidieran servir en sus Fuerzas Armadas.

El proceso fue más complicado. Tomó dos intentos por parte del partido demócrata para lograr revocar la ley, pues la oposición de los republicanos en el Senado –liderados por John McCain– era inamovible. Finalmente, el 18 de diciembre del 2010, el Senado revocó la ley por 65 votos contra 31, dos días después de haber logrado revocar también el veto contra los homosexuales.

Según declaró Obama, a partir de ese momento, el gobierno dejaría de pedirle a “miles de personas que vivan una mentira para servir al país que tanto aman”. Para el entonces presidente, “el sacrificio, el valor y la integridad ya no vendrán determinados por la identidad sexual, como no vienen determinados por la raza o el género”.

La derogación del Don’t Ask Don’t Tell no sólo permitió el acceso a las FFAA para todo ciudadano estadounidense, sino que democratizó un espacio para el trabajo público. Cuando el presidente Obama levantó el veto a soldados transgénero, la adecuación de los mecanismos de reclutamiento e integración tomaron alrededor de doce meses para ponerse en marcha, incluyendo la incorporación de beneficios de salud dentro del presupuesto del Departamento de Defensa.

El presidente ha recurrido a argumentos como “altos costos médicos” y la “perturbación” dentro de las tropas, como si tantos años de investigación y debate académico hubiesen sido en vano. Sus nuevas posturas, sin embargo, parecen ser un gesto para aplacar a miembros de la Cámara de Representantes que se oponen a la inclusión de personal transgénero en las fuerzas militares, como es el caso de la representante republicana Vicky Hartzler (Missouri), quien ha amenazado con no aprobar el financiamiento del muro en la frontera si las FFAA siguen empleando fondos en el tratamiento médico de soldados transgénero.

Según el estudio The Transgender Military Experience: Their Battle for Workplace Rights, publicado por el Journal of Workplace Rights, para el 2015 las FFAA estadounidenses contaban con 15.500 soldados transgénero en servicio activo, y más de 134.300 veteranos. Estos individuos se identifican con un género que no coincide con el sexo asignado a la hora de su nacimiento, y suelen optar por terapias hormonales y cirugías para reestructurar su cuerpo de acuerdo a su identidad.

La permeabilidad de las fronteras entre los géneros ha supuesto una amenaza a las “características fundamentales” de los cuerpos militares como la “dominación, agresión, fuerza física y la capacidad de poner en riesgo la propia vida”, características que han sido frecuentemente catalogadas como “masculinas”. 

Otro estudio, el LGBT Military Personel. A Strategic Vision for Inclusion, publicado en 2014 por The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS),  afirma que si los soldados cumplieran al pie de la letra con estos requisitos, sólo un hombre heterosexual podría prestar servicio militar, descalificando de esta manera no sólo a las mujeres sino a toda la comunidad LGBTQ.

Según el informe, no existe ningún tipo de evidencia científica que asevere la incapacidad de individuos homosexuales o transgénero para cumplir con requisitos en los cuerpos de defensa, sobre todo después de que la homosexualidad fuera retirada de los manuales de psiquiatría como incapacidad mental en la década de los 90.

A pesar de que varios estudios determinan que la comunidad LGBTQ es más propensa a problemas como la depresión y la ansiedad, la inclusión y la normativización de sus roles dentro de la sociedad podrían ser, de hecho, el mecanismo para asegurar una mejor salud mental.

Según el estudio de la HCSS, los efectos positivos de los individuos transgénero en las FFAA incluyen un aumento en la moral de las tropas determinado por el sentido de cohesión y aceptación de todos los integrantes, descartando el argumento del presidente de una supuesta “disrupción” en las capacidades de los equipos de defensa, considerando especialmente que los procesos de adecuación sociales que la comunidad homosexual ha llevado a cabo han generado una disminución de episodios de rechazo y discriminación en lo que va de siglo XXI.

Según el informe “solicitar a miembros del servicio que trabajen a su máxima capacidad junto con personal de otros trasfondos es una situación común en las fuerzas armadas, particularmente en el contexto de cooperaciones internacionales”.

En cuanto al gasto que implica la comunidad transgénero en la Fuerza Armada, el estudio determinó que la política del DADT entre 1993 y el 2010 invirtió entre 290 y 500 millones de dólares en investigación, enjuiciamiento y traslado de soldados homosexuales, así como el entrenamiento y la incorporación de sus reemplazos.

Ahora bien, observando de cerca los datos del presupuesto en atención médica de los miembros del ejército estadounidense, el gasto que implican los tratamientos, asistencia y terapia hormonal, son realmente mínimos, comparados con el presupuesto general.

De acuerdo con un estudio de la Rand Corporation en el 2016, el costo total de la comunidad transgénero en las Fuerzas Armadas es de entre 2.4 y 8.4 millones de dólares anuales, muy lejos del supuesto millardo de dólares que ha argumentado el presidente Trump.

Durante el año fiscal 2014, el Pentágono gastó 6.7 mil millones de dólares en la salud de todo el personal militar activo. Durante el mismo año, se invirtieron 49.3 mil millones de dólares en gastos que incluían no sólo a los miembros del ejército, sino a sus familiares y a sus retirados.

Según un análisis de The Guardian, un avión F-35 cuesta 91.1 millones de dólares, lo que representa 984% más que el presupuesto de asistencia médica para transición de género.

Entonces, ¿cuál es la razón real detrás de la decisión del presidente?

La nueva iniciativa del presidente Trump es una bofetada a años de lucha por los derechos civiles y la igualdad de oportunidades en Estados Unidos.

Una nación con un patriotismo tan enraizado y cuyo nacionalismo ha sido la marca registrada de su identidad, pareciera estar siempre en conflicto con la determinación del género, como si la adecuación de los parámetros de la inclinación sexual fuese una amenaza para la fortaleza y la integridad de su organismo de defensa.

Grandes ejércitos en países como Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Alemania y Australia, han determinado que los mecanismos de inclusión dentro de sus Fuerzas Armadas traen más beneficios que complicaciones; no sólo desde el punto de vista social y moral sino también desde el análisis económico de los beneficios laborales y de calidad de vida.

Más allá de los prejuicios y de la tendencia a regresar a parámetros sociales binarios, xenófobos y descalificadores, la nueva administración de la Casa Blanca atraviesa una crisis política que marca la pauta en sus decisiones.

Con un partido republicano dividido y una bancada demócrata intransigente –además de una cadena de escándalos y conductas contraproducentes entre sus más cercanos colaboradores– el presidente es capaz de desmantelar las estrategias progresistas logradas durante la presidencia de Barack Obama con tal de asegurar apoyo donde no lo hay.

Pero los números y la experiencia hablan más fuerte, y son los mismos representantes de las Fuerzas Armadas quienes han decidido marcar la línea de lo que el presidente puede o no hacer. 

En una carta dirigida al presidente el primero de agosto, 56 almirantes y generales retirados protestaron la medida de remoción contra los soldados transgénero, asegurando que “no deben ser despedidos, privados de asistencia médica necesaria u obligados a comprometer su integridad o esconder su identidad”. 

La carta fue publicada por el centro de investigaciones Palm Center, en San Francisco, e insiste en que si la prohibición volviera a instaurarse, “causaría problemas importantes, privando al ejército de talentos importantes para misiones y comprometería la integridad de las tropas transgénero que se verían obligadas a vivir una mentira, así como a los colegas no-transgénero quienes se verían obligados a elegir entre reportar a sus camaradas o desobedecer una ley”.

A todas luces, la decisión del presidente traería más gastos en plata y más pérdidas en el número de soldados entrenados y en quienes han decidido servir a su país. Además volvería a abrir heridas muy profundas en el tejido social de Estados Unidos.