A finales de marzo, Andrea Ruiz se presentó virtualmente ante un juez en Puerto Rico para testificar sobre el aterrador patrón de abuso emocional y persecución de su ex novio. Habló con todo lujo de detalles de cómo este hombre, Miguel Ocasio, la acosaba y hostigaba, y la amenazaba con publicar fotos íntimas de ella en las redes sociales.

Durante la vista, Ruiz presentó una denuncia contra Ocasio, en virtud de la ley de intervención y prevención de la violencia doméstica de la isla, solicitando su detención después de que los tribunales denegaran su petición de una orden de alejamiento contra él.

En ese momento, el juez no encontró "ninguna causa" para el arresto. Pero un mes después de la vista, Ocasio confesó a la policía que había matado a Ruiz después de que su cuerpo quemado fuera encontrado en el arcén de una carretera el 28 de abril.

Ocasio fue acusado de asesinato en primer grado y destrucción de pruebas, pero se quitó la vida mientras estaba en prisión a principios de este mes. 

Una nueva investigación pretende ahora dar a conocer cómo los tribunales puertorriqueños no protegieron a Ruiz y a otras mujeres cuyas vidas se vieron truncadas por la violencia de género. 

Más de 81 mujeres han sido víctimas de feminicidio en la isla desde el año pasado, según la coalición de derechos civiles Observatorio de Equidad de Género. 

Durante una conferencia de prensa el jueves, la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, dijo en español que el número de feminicidios es significativo e inaceptable. 

"Es un número superior al de países que tienen 20 veces nuestra población. Así que, por supuesto, tenemos que hacer más", dijo Oronoz. 

El grupo de trabajo que realizó la investigación se encargó de examinar los "procesos judiciales, administrativos y operativos relacionados con los casos de violencia de género". El Tribunal Supremo creó el grupo de trabajo en mayo, después de que siete feminicidios en abril lo convirtieran en el mes más mortífero para las mujeres en lo que va de 2021. 

Según el informe, obtenido por NBC News, los tribunales no intervinieron en el 91,3% de los casos de violencia de género que terminaron en un femicidio. Para Oronoz, este descubrimiento es el más alarmante. 

"Si en Puerto Rico están muriendo mujeres y hombres por violencia de género, tenemos un grave problema. Por eso el poder judicial se evalúa constantemente... para hacerlo mejor", dijo. 

Parte del informe de 110 páginas se centró específicamente en un análisis de siete feminicidios en los que los tribunales se involucraron, incluyendo el caso de Ruiz. 

Oronoz dijo a NBC News que el informe no identifica explícitamente a las víctimas por su nombre, pero que usando la intuición, el lector es capaz de reconocerlas en base a cómo se perfilan las circunstancias que rodean el caso. 

"El propósito del informe no es examinar cómo ha gestionado cada juez cada caso, sino darnos las herramientas para saber qué prácticas no están funcionando", dijo Oronoz.

Aunque el informe no inspecciona a jueces concretos sobre el modo en que gestionaron determinados casos, el grupo de trabajo informó de que los jueces implicados en los siete casos no obtuvieron buenos resultados a la hora de evaluar la presencia de "indicadores de letalidad".

Algunos ejemplos de indicadores de letalidad que deberían ser "señales de alarma" en los testimonios de las mujeres son: un historial previo de abusos, el aumento de la gravedad de los abusos durante un periodo de tiempo o el acceso a las armas.

El informe señala que el acoso fue el indicador de letalidad más común presente en los testimonios de las víctimas o de los solicitantes de una orden de protección. 

En estos casos, los jueces no se acogieron al "Manual de Órdenes de Protección en Situaciones de Violencia Doméstica", que orienta sobre el proceso de la audiencia, y sobre la valoración de la letalidad, y la gravedad de la violencia doméstica. 

Una de las principales recomendaciones del grupo de trabajo es que el sistema judicial dé instrucciones específicas sobre cómo los jueces deben utilizar el manual, especialmente cuando evalúan los factores de riesgo para medir o anticipar el peligro potencial al que se enfrenta una víctima. 

También sugiere que se aprenda a "elaborar soluciones" que den lugar a la correcta ejecución de la orden final. 

"El grupo de trabajo considera que este manual es un buen recurso que los jueces deberían utilizar continuamente. Aunque se considera un buen recurso, ahora se está actualizando ya que las leyes sobre violencia doméstica han cambiado", dijo Oronoz a NBC News tras la rueda de prensa. 

El grupo de trabajo tiene previsto presentar su informe final con recomendaciones el 31 de enero del próximo año. Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico está adoptando algunas de las recomendaciones en torno a la mejora de las audiencias judiciales virtuales. 

"Para mí, esto es todavía un trabajo en progreso", dijo Oronoz. "Veo el informe que hemos publicado hoy como un documento que sigue vivo".