BARCELONA.- Antes de 2006, cuando las farmacéuticas querían comercializar un medicamento para niños, adaptaban las dosis que se habían probado en adultos al peso del pequeño. En ese año, la UE aprobó un reglamento que bajaba hasta el más mínimo de los detalles, con el que permitía que se hicieran pruebas en menores porque se había demostrado que mejoraría la eficacia de los fármacos. Un diario británico contó la noticia con el titular “La UE quiere probar medicamentos con tus hijos”.

Las fake news han existido siempre y hasta ahora iban “creando una brasa que espera a que sople viento favorable”, cuenta Enrique Serbeto, corresponsal en Bruselas del diario español ABC desde 2002. Pero el ascenso de las redes sociales y la sobreinformación en el siglo de Internet hacen el resto. Y de aquellos polvos, estos lodos. Algunos muy concretos, como el Brexit. Ahora la UE se enfrenta a unas elecciones europeas que se celebrarán el 26 de mayo en el momento más crítico del proyecto comunitario y con el miedo al avance de la desinformación.

El 83% de los europeos piensan que las fake news son una amenaza para la democracia, según el último Eurobarómetro. Sin embargo, el responsable de la política de información del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, reconoce que las estrategias de la UE contra las fake news están aún “en nebulosa”. Y al mismo tiempo, admite que la desinformación empezó a convertirse en un “fenómeno desestabilizador” hace cuatro años cuando Ucrania se convirtió en un conflicto entre Europa y Rusia.

Ese plan aún lejos de la nitidez es una iniciativa del Parlamento Europeo que aún tiene que coordinarse con las otras dos instituciones fundamentales de la Unión Europea, la Comisión (el poder ejecutivo) y el Consejo Europeo (la reunión de jefes de Estado y de Gobierno). Aunque difuso, Valcárcel señala dos claves fundamentales: los verificadores son impresicindibles y es necesario alfabetizar la información para que llegue a todo el mundo. Es decir, para que cualquier europeo sepa que la UE no quiere usar a sus hijos para probar medicamentos, sino que adapta la legislación para que a través de los test, los fármacos puedan ser más eficaces.

Las noticias falsas afectan a todo país conectado a Internet. Pero mientras algunos medios las difunden, en Europa los políticos no acusan de mentir a las grandes insignias del periodismo. Las descalificaciones del presidente Donald Trump a The New York Times o CNN son, de momento, impensables entre líderes europeos. Nadie se imagina a Angela Merkel atacando al Süddeutsche Zeitung o a Theresa May llamando mentirosos a The Times o The Guardian.

En Europa preocupa la injerencia extranjera en las elecciones sobre todo de Rusia, país vecino. Los altos cargos de la UE no tienen duda de que Putin está detrás de las campañas de fake news virales que dieron el sí al Brexit. Así que los dirigentes no desconfían de sus colegas europeos, sino de la Rusia a la que recurrentemente se acusa de querer dividir a Occidente. Y si en los Estados Unidos las iniciativas contra la desinformación salen de los medios privados, la UE quiere dotar a su Servicio Exterior de un mayor presupuesto para contratar verificadores. 

A falta de una iniciativa conjunta, cada país de la UE ha legislado por su cuenta. Alemania fue el primer país en aprobar una ley contra las fake news que multa con hasta 50 millones de euros a las páginas que no retiren contenidos que puedan ser falsos en menos de 24h desde que se denuncian. Francia anunció una ley contra la desinformación a principios de 2018 e Italia dispone de un portal web en el que los ciudadanos pueden denunciar fake news.

Aunque cada país persigue la mala praxis de sus periodistas, no lo hace con todas las páginas que distribuyen ese contenido. Y mucho menos se rastrean comunicaciones a través de WhatsApp, clave en la difusión de bulos que han marcado elecciones como la de Bolsonaro en Brasil. Las redes como Twitter o Facebook funcionan con algoritmos y la mayoría de sus contenidos son públicos, pero WhatsApp cifra sus comunicaciones y quien recibe la noticia falsa, suele hacerlo de personas cercanas en las que confía.

Si desde Europa se entiende que el primer triunfo de las fake news fue la victoria de Donald Trump en Estados Unidos y el sí al Brexit en el referéndum británico, ninguna elección estatal ha sufrido aún el tsunami de la desinformación. Pero la presencia de muchos partidos populistas y de extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo preocupa a los expertos.

“La verdadera fábrica de noticias falsas es Rusia” sentencia el vicepresidente de la Eurocámara. ¿Pero cómo puede la UE actuar contra esas irregularidades? El corresponsal Serbeto fotografía el mapa institucional mundial y apunta a que los poderes, desde el financiero hasta el terrorismo, se han globalizado y han puesto en cuestión la concepción del Estado. Sí, hay que regular la información para perseguir a quien produce fake news igual que se hace con el agricultor que comercializa frutas y verduras en mal estado pero, ¿quién legisla y para quién? “Las organizaciones que controlan nuestros datos, como Google, están por encima de la legislación de un país”, explica Serbeto, “y Google sabe más de nosotros que la CIA sin que podamos hacer nada”.

El responsable de la política informativa cree firmemente en una regulación que vaya más allá de un simple código de buenas prácticas o manual ético. “Y los grandes gigantes tecnológicos también tienen que cumplir”, señala. Si los Veintisiete Estados miembros se pusieran de acuerdo en una legislación con la que perseguir a los fabricantes y difusores de fake news, podrían proteger a la ciudadanía europea de la influencia de los bulos. Pero abrir ese cajón supone hablar de derechos fundamentales como el de la libertad de expresión o limitaría incluso la propaganda de los gobiernos. Sería difícil abrir ese melón sin recibir acusaciones de intento de adoctrinamento. Y los líderes europeos no parecen dispuestos a enfrentar esa batalla ahora. Una más del proyecto comunitario que cada día suma menos adeptos.