En una medida poco conocida por el público, la administración Trump ha puesto en marcha una política de rechazo a la posibilidad de menores de edad no acompañadas a interrumpir sus embarazos, reportó el Washington Post.

Esta medida ha afectado a cuatro menores de edad desde el mes de octubre, quienes fueron víctimas de violación y violencia, y que han solicitado poner fin a un embarazo no deseado; las jóvenes han tenido que enfrentar a audiencias en las que el gobierno les ha ofrecido el apoyo en centros anti-abortistas o ha hecho caso omiso a los tiempos jurídicos necesarios para procesar la solicitud.

El último caso fue reportado durante esta semana, en la que una joven de 17 años detenida en un centro para inmigrantes indocumentados recibió la negativa de la Oficina de Reubicación de Refugiados ante su solicitud de asistencia para poner fin a su gestación.

El director de la oficina, E. Scott Lloyd, rechazó la moción de la joven argumentando que la oficina gubernamental “no puede ser un lugar de refugio y un lugar de violencia al mismo tiempo. Hemos decidido, y debemos decidir, preservar la vida en vez de destruirla”.

Estas nuevas medidas contraindican aquellas tomadas por la administración Obama que, si bien cubría los gastos de abortos realizados sólo en casos de violación, incesto o peligro de la vida de la madre, no impedía a los inmigrantes bajo custodia federal obtener abortos por su propia cuenta dentro de Estados Unidos.

La American Civil Liberties Union (ACLU) ha decidido tomar cartas en el asunto y ha decidido llevar el caso a una batalla legal, asegurando que “la política de esta administración afecta a cientos de adolescentes bajo custodia y es una restricción anticonstitucional a los derechos al aborto”, según continúa el Post.

Durante el año fiscal 2017, se registraron 420 niñas embarazadas bajo custodia federal, de acuerdo con los registros de la corte.

Brigitte Amiri, abogada principal de la ACLU declaró al diario The Independent que, “Lo que me preocupa, lo que me mantiene despierta de noche es pensar que hay jóvenes allí afuera que no conocemos, y quienes son obligadas a llevar a término sus embarazos contra su voluntad, sólo porque el gobierno las obliga, las persuade a hacerlo, y que nunca tendrán una voz, nunca llegarán a contactarnos”.

Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo en un comunicado que estas jóvenes “tienen la opción de regresar voluntariamente a su país de origen y conseguir quien les financie el proceso”.