(Barcelona) El presidente separatista catalán Carles Puigdemont quiso esperar exactamente 24 horas para responder al Rey Felipe VI y llevar a cabo un intento de jaque mate. Pero el Estado español, con el Rey y el presidente conservador Mariano Rajoy al frente, forman un bloque duro de pelar. 

"Así, no," regañó el presidente Puigdemont al Rey de España en un discurso televisado que siguieron miles de catalanes. Puigdemont lamentó que la noche del martes, después de una jornada de huelga general y protestas multitudinarias en las calles de Barcelona, el Rey se negara a condenar la brutalidad de la policía española contra la población civil durante la celebración del referendum por la independencia, el pasado domingo.

"Sus palabras han decepcionado a mucha gente en Catalunya que le aprecia, que durante muchos años le ha apoyado," criticó Puigdemont, recogiendo el sentimiento de frustración de la sociedad catalana, al ver que ni siquiera el Rey ha denunciado la carga policial del domingo, que dejó más de 700 heridos, según cifras oficiales de la Generalitat, el gobierno catalán. 

En lugar de eso, el Rey se limitó a alinearse con la postura del gobierno central y acusar al gobierno catalán de estar actuando al margen de la Constitución y de accentuar la división social en Catalunya.  

Para muchos, el discurso del Rey fue una ocasión perdida para abrir la vía del dialogo entre el gobierno español y catalán, enfrentados desde hace seis años, cuando los separatistas catalanes empezaron a reclamar un referendum de independencia. Desde entonces, Madrid se ha cerrado en banda y hace oídos sordos a los miles de ciudadanos catalanes que cada año toman las calles exigiendo que se convoque un plebiscito popular. El gobierno central se aferra a la idea de que este tipo de referendum es inconstitucional y se niega a reformar la Constitución para que tenga cabida. 

Ante la imposibilidad de convocar un referéndum legal, el gobierno catalán, controlado por los separatistas desde 2015, decidió convocar un referéndum por su cuenta, contando con la aprobación del Parlamento regional. 

La reacción del gobierno central ha sido la de la fuerza. Una semana antes del referéndum, Madrid desplazó a Catalunya a centenares de policías nacionales y agentes de la Guardia Civil con la orden de confiscar urnas, papeletas y propaganda electoral. También ordenó el arresto de 12 funcionarios públicos de la Generalitat por su implicación en la organización del referendum, lo que incrementó la tensión social a pocos días de la convocatoria. La gota que colmó el vaso fue la orden de la Fiscalía a las fuerzas policiales de frenar a toda costa la celebración del referendum. La orden implicaba precintar y cerrar los colegios electorales antes de las 6 de la mañana, y los agentes se lo tomaron muy en serio.  Las escenas de violencia de la policía nacional y la Guardia Civil arremetiendo contra los civiles que protegían los colegios electorales han dado la vuelta al mundo y llenado las portadas de la prensa internacional. Sin embargo, el jefe de la Guardia Civil justifica la actuación policial y ha acusado a los medios de manipular las imágenes de violencia. 

Por su parte, el gobierno de Rajoy sigue afirmando que el "referendum no tuvo lugar" y que la policía nacional actuó como es debido. De hecho, la Fiscalía acusa ahora a la policía regional catalana,  los "Mossos", de no haber seguido las órdenes de la Fiscalía,  dejando todo el trabajo a la policía nacional. Los Mossos recibieron la instrucción de precintar los colegios, pero que en ningún momento debían usar la violencia. 

"El Rey ha ignorado la violencia contra algunos de sus conciudadanos, a quienes se les debe un respeto," insistió Puigdemont, recordando los más de 700 heridos a causa de la violencia policial. También recordó que los catalanes son un pueblo pacífico y sereno, y que pide "diálogo."

Puigdemont insistió en varias ocasiones que su gobierno pide mediación. Esa misma tarde, el líder de Podemos, partido de izquierdas en la oposición, se ofreció como mediador entre el gobierno catalán y el gobierno central. De momento, Rajoy ha rechazado la oferta, alegando que el Estado no puede negociar con un gobierno que le chantajea y que actúa sin respetar la Constitución. 

La única brecha abierta al diálogo se produciría si Puigdemont descarta explícitamente una declaración unilateral de independencia (DUI), una amenaza que afloró de forma indirecta en su discurso televisado. "El pueblo catalán está cada vez más cerca de su deseo histórico," dijo Puigdemont. 

Un mes antes del Referendum, el parlamento catalán aprobó por la vía "express" una ley de Transitoriedad que obliga al gobierno catalán a anunciar la DUI 48 horas después de anunciar los resultados oficiales del referéndum. 

El presidente Puigdemont, pues, parece querer ganar tiempo. Cuatro días después de la celebración del Referendum, el gobierno no ha anunciado los resultados oficiales. Según las estimaciones oficiales, el plebiscito contó con el 42% de participación y el "sí" ganó con el 90% de los votos.  Unas cifras difíciles de defender delante de la comunidad internacional, que de entrada ya considera este referendum ilegal. 

Los socios independentistas de Puigdemont en el gobierno - los partidos ERC y CUP - presionan a Puigdemont para que el lunes anuncie los resultados del referéndum y tome las acciones pertinentes. Veremos qué ocurre.

La incertidumbre está en el aire. Ayer, esta corresponsal cenó con unos amigos catalanes y en la sobremesa se dedicaron a hacer una quiniela sobre los posibles escenarios. ¿Proclamará Puigdemont la DUI? ¿gabrá diálogo?  ¿Irá Puigdemont a la cárcel? ¿Se marchará finalmente la policía nacional de Catalunya? Triste y temeroso, todo al mismo tiempo. 

Este sábado, un grupo de ciudadanos ha convocado manifestaciones en todos los pueblos de España para pedir el diálogo. Bajo el nombre: "¿Hablamos? ", la manifestación tiene solo una condición: no llevar banderas y vestir de blanco.