Tras un acalorado debate, la Asamblea General de Maryland aprobó el lunes 12 de abril una importante ley sobre los derechos de los inmigrantes. 

La Ley "Dignidad, no Detención", patrocinada por el Delegado Vaughn Stewart, pretendía originalmente prohibir a las jurisdicciones de Maryland la apertura de contratos con el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) para detener a personas indocumentadas en sus cárceles locales. 

Pero tras una revisión, el proyecto de ley se modificó para incluir partes de la Ley TRUST, que proporcionaría una protección aún mayor a los inmigrantes. 

Según el proyecto de ley aprobado, además de las disposiciones relativas a los contratos con el ICE, los agentes de la ley estatales y locales ya no pueden preguntar sobre la situación de inmigración o residencia de una persona durante las paradas de tráfico. 

"Miles de familias de inmigrantes celebran la aprobación de estas importantes victorias de los inmigrantes en esta Asamblea General de Maryland", dijo Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA, en un comunicado. "Los líderes elegidos entendieron su responsabilidad de construir la confianza entre la comunidad, la aplicación de la ley y el gobierno". 

A través de esta legislación, los legisladores de Maryland dan un paso hacia la prohibición de que las cárceles sean pagadas por el gobierno federal para confinar a personas por cuestiones de inmigración. 

El programa en cuestión, por el que el ICE paga a las cárceles para alojar a los detenidos, ha sido objeto de críticas en el puñado de condados de Maryland que llevan a cabo esta práctica. 

La defensa es que el programa ayuda a los gobiernos locales a recaudar dinero cuando hay espacio vacío en sus cárceles. Los opositores sostienen que las cárceles locales no deberían participar ni beneficiarse de la aplicación de la ley de inmigración, que es un asunto federal. 

"Maryland es mejor que el ICE y los centros de detención", dijo Stewart. 

Su proyecto de ley exigiría que los tres condados que actualmente albergan a los detenidos del ICE -Frederick, Howard y Worcester- pongan fin a sus acuerdos antes del 1 de octubre de 2022. 

También prohibiría a los gobiernos locales y estatales subvencionar la construcción de cualquier centro de detención de inmigrantes de gestión privada.

El proyecto de ley salió por primera vez de la cámara del Senado el lunes. Los republicanos se opusieron, alegando que suprime las oportunidades económicas para las jurisdicciones más pequeñas del estado al impedirles comprometerse con contratos potencialmente ventajosos con el ICE.

Pero el presidente del Comité de Procedimientos Judiciales del Senado, William C. Smith Jr., rebatió rápidamente este argumento, diciendo que la legislatura debería fomentar una política que no "se beneficie de las personas encarceladas sin cargos penales". 

A continuación, explicó que para muchos indocumentados en Estados Unidos, éste es su hogar.

"Este es el único país que realmente conocen", dijo, e insistió en que arrancarlos de sus vidas y detenerlos mientras esperan sus juicios es "inhumano". 

El proyecto de ley salió de la cámara del Senado con una votación de 30-17. 

A última hora del lunes, durante una breve pausa en la sesión de la Cámara, el Comité Judicial de la Cámara celebró una sesión de votación para decidir si la Cámara debía aceptar las enmiendas del Senado que ampliaban el alcance del proyecto de ley.

En última instancia, el comité aprobó las enmiendas, acelerando el proceso para que el proyecto de ley avance hasta el escritorio del gobernador Lawrence J. Hogan Jr, donde se determinará en última instancia el destino de este proyecto de ley. 

Para preocupación de los defensores, el gobernador republicano estuvo presionando públicamente a sus bases para que se opusieran al proyecto de ley a primera hora del lunes, y anunció a los periodistas que su oposición al proyecto de ley es firme. 

"Vetaría cualquier proyecto de ley de santuario que se aprobara hoy en la legislatura", dijo Hogan en una conferencia de prensa el lunes. "Esperemos que eso no ocurra. Pero definitivamente lo vetaríamos".

En un tuit, Stewart anunció la victoria, e informó a sus electores de que el proyecto de ley se dirige ahora a la mesa del gobernador. Stewart publicó una captura de pantalla de una publicación que el gobernador Hogan hizo en su página de Facebook, donde se opuso firmemente al proyecto de ley, afirmando que es "irresponsable". 

"Parece que no le gusta mucho. Sin embargo, según su publicación de hoy en Facebook, tampoco parece entender lo que hace. Espero que la firme cuando tenga la oportunidad de leer la versión final", escribió Stewart.

"Los líderes elegidos entendieron su responsabilidad de construir la confianza entre la comunidad, la aplicación de la ley y el gobierno. Estos proyectos de ley nos hacen avanzar hacia un futuro en el que los inmigrantes puedan conducir por las carreteras con seguridad, sin preocuparse de que el ICE indague en sus registros personales sin una orden judicial", dijo Torres. "Maryland está en camino de convertirse en un pionero nacional para todos los inmigrantes. Lo que el estado necesita ahora es que este proyecto se convierta en ley, inmediatamente". 

Los defensores esperan ahora que el gobernador Lawrence J. Hogan Jr. convierta este proyecto en ley, y se convierta en un modelo a seguir para otros estados.