Este martes, la Corte Suprema de Estados Unidos abordó la cuestión de si fue ilegal una decisión tomada por el Congreso hace cinco décadas de excluir a Puerto Rico de un programa federal que proporciona beneficios a personas mayores, ciegas y discapacitadas de bajos ingresos.

 

La Corte busca analizar si el Congreso violó las protecciones constitucionales al excluir a los residentes de Puerto Rico de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), un pago mensual en efectivo para personas mayores, ciegas o discapacitadas de bajos ingresos en el país.

 

"Necesitado es necesitado, ya sea en Puerto Rico o en el continente, ninguna de las personas que lo reciben en el continente paga impuestos", dijo la jueza Sonia Sotomayor, cuyos padres nacieron en Puerto Rico. "Nada del dinero va o iría a Puerto Rico para su autogobierno. Creo que las restricciones tienen que ser racionales, y no estoy muy segura de por qué uno diría que es racional tratar a un grupo de personas, de ciudadanos, de forma diferente a otros ciudadanos en el continente cuando la necesidad es la misma". 

 

El Departamento de Justicia argumentó que Estados Unidos tiene una justificación válida para excluir a Puerto Rico, señalando la exención general de sus residentes de pagar la mayoría de los impuestos federales, incluido el impuesto sobre la renta. El gobierno también señaló que añadir a Puerto Rico al programa de discapacidad aumentaría los costes en 2.000 millones de dólares al año.

Aunque el Departamento de Justicia está defendiendo la disposición de la ley que excluye a Puerto Rico, el presidente Biden indicó que su administración lo hace a regañadientes y sugirió que tenía las manos atadas. Pidió al Congreso que cambie la ley para incluir al territorio insular.

 

"Esta disposición es inconsistente con las políticas y valores de mi Administración", dijo Biden en junio. "Sin embargo, el Departamento de Justicia tiene una larga práctica de defender la constitucionalidad de los estatutos federales, independientemente de las preferencias políticas".

 

Brian Fletcher, un abogado del Departamento de Justicia, reconoció que existe una historia de discriminación del gobierno federal frente a Puerto Rico, pero argumentó que la ley en cuestión no es parte de ese sesgo.

 

"Son ciudadanos estadounidenses, pero no hay ninguna prueba que vincule esta exclusión a la etnia o a un historial de discriminación", dijo Fletcher. 

 

El caso se abrió debido a la historia de José Luis Vaello-Madero, un ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico, que comenzó a cobrar las prestaciones del SSI mientras vivía en Nueva York después de que desarrollara problemas de salud debilitantes. Siguió recibiendo los pagos durante tres años después de mudarse a Puerto Rico en 2013 para estar más cerca de su familia.

 

Pero la ley que estableció el SSI, aprobada en 1972, sólo concedía el derecho a los residentes de los 50 estados o del Distrito de Columbia. La prestación se amplió posteriormente a los que viven en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, pero no a Puerto Rico.