La situación hondureña es un vivo ejemplo de los hábitos políticos latinoamericanos: un presidente busca su reelección y cuando el candidato opositor lleva la cabeza en los resultados, surgen el fraude y las irregularidades.

Juan Orlando Hernández y Salvador Nasralla se debatían hace una semana el puesto en la presidencia de Honduras, un país de 8.5 millones de habitantes cuyo 80% vive en las más agudas condiciones de pobreza. Después de la jornada de votación, Nasralla – líder de la Alianza opositora – se encontraba cinco puntos por delante hasta que varias irregularidades en el sistema del Tribunal Supremo Electoral (TSE), controlado por el Partido Nacional de Hernández, revirtieron los resultados, indicando un fraude explícito.

La población enfurecida ha tomado las calles de Tegucigalpa entre los días miércoles y viernes, aupados por el partido opositor y reclamando los resultados ilegales. Ante la violencia desatada, las fuerzas de seguridad decretaron un toque de queda que ha sido desafiado por los manifestantes, y la capital se encuentra en “anarquía total”, según reportó la BBC.

Para intentar solventar la situación, el TSE convocó el día domingo a las directivas de ambos partidos para realizar un escrutinio especial de las presuntas 1.000 actas que presentarían problemas, pero la Alianza de la oposición ha exigido que se revisaran más de 5.000, y se han rehusado a presentarse a la convocatoria.

Según los analistas, esta crisis sería consecuencia de la “consolidación del poder” por parte de Hernández y sus aliados del ala derechista desde el golpe de estado del 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya.

El Partido Nacional aprovechó la inestabilidad política durante estos años para hacerse con el control del Congreso, los tribunales y las fuerzas armadas. Y para muestra un botón: Hernández recurrió a una sentencia controversial por parte de jueces amigos en la corte suprema para justificar su postulación a la reelección, algo que está prohibido por la constitución hondureña, según explica The Guardian.

Este día lunes, la Alianza se encuentra en proceso de negociación con el TSE alrededor de una lista de 11 demandas, mientras el tribunal supremo ha suspendido el conteo de las actas irregulares, según explicó el magistrado Marco Ramiro Lobo.

Por su parte el magistrado presidente del TSE, David Matamoros, declaró que la ciudadanía se encuentra afectada por “un proceso electoral que define un futuro de una nación y por eso no puede quedar en manos de ellos una decisión que le compete a todo el pueblo hondureño. No puede quedar en mano de ellos decidir si el Tribunal sigue trabajando o no”, según reportó el diario El Salvador.

La agudización de la situación en Honduras podría implicar una inestabilidad en toda la región, afectando en especial a Estados Unidos.

Hasta el momento, la Casa Blanca no se ha manifestado al respecto, pero la relación entre ambos gobiernos es muy cercana: Honduras recibe millones de dólares cada año en ayudas, y su policía de élite ha sido entrenada por la fuerza armada estadounidense.

Según explica el Washington Post, Hernández es percibido como “un aliado confiable para Estados Unidos, con amigos en lugares importantes”, incluyendo al jefe de personal de la Casa Blanca, John F. Kelly, y sus posturas de derecha son fundamentales en el mantenimiento de un eje políticamente sintonizado.

Así lo explica Daniel Runde, asesor Republicano de política exterior, quien percibe a Hernández como “una mejoría en la inclinación izquierdista” de la zona. “Si Hernández pierde la elección, Estados Unidos no tendrá socios efectivos en la región, la eficacia de nuestros miles de millones de dólares estaría en riesgo y más personas se verán tentadas a venir a Estados Unidos”, aseguró Runde.

La paradoja es clara: los mismos militares que expulsaron a Zelaya (presidente de izquierdas) a Costa Rica en el 2009 por intentar reformar la Constitución e intentar lograr la reelección, son los que hoy están en las calles defendiendo a un presidente de derecha que sí lo logró; un presidente que simpatiza con el gobierno estadounidense pero que se ha descubierto como patrocinador del tráfico de drogas y de la perpetuación de Honduras como pasillo exprés para el narcotráfico en Centroamérica, como bien lo explica The Economist.