Domingo lleva meses sin ver a su nieta. Tampoco es que la viera demasiado antes, los domingos por la mañana a mucho estirar, pero desde que estalló la bomba de la pandemia y la paranoia ya no puede distinguir las semanas. Pasó medio año de dudas e incertidumbre hasta que pudieron reencontrarse para constatar lo mucho que había crecido. 

Pero la soledad y el confinamiento no fueron los mayores rivales aunque tal vez sí los más emotivos. Peor es transitar la residencia y darse cuenta que falta más de la mitad del personal, que no hay todos los enfermeros necesarios para atenderlos durante las mañanas y que faltan auxiliares para gestionar las comidas y los medicamentos. Todo eso en medio de un clima de crisis global y extrema histeria mediática. 

La realidad es que han sido muchos los problemas y defectos institucionales en la relación con sus ciudadanos de la tercera edad, que si ya eran pésimas solo han sido empeoradas con la pandemia y una mala gestión de los confinamientos. En los países en los que no eran confinados la situación era mucho más extrema al desentenderse de su situación como pacientes de riesgo. Lo que estaba claro es que una población y unas políticas edadistas solo podía generar respuestas del mismo tipo.

Todo ello se concretaba parcialmente hoy en un informe de Amnistía Internacional España en el que advierten que, especialmente en Madrid y Cataluña, precisamente en las grandes ciudades, en las residencias se vulneraron mínimo cinco derechos humanos: el derecho a la salud con medidas austeras que habrían reducido personal y recursos, el derecho a la vida y a la no discriminación cuando se dieron órdenes de no trasladar a ciertos perfiles para no saturar las UCIs, el derecho a la vida privada y familiar obstaculizado por confinamientos más extremos que los del resto y el derecho a una muerte digna.

La pieza constata ciertas mejoras en la segunda oleada de la COVID-19 pero sobretodo advierte de la pauperización de la profesión médica que generó un gran impacto entre todo el personal de trabajo, sumado a la presión que recibían, de modo que durante los meses de marzo y abril había centros con más de la mitad de la plantilla de baja. 

También enfatiza que en función del perfil y la clase de residencias hubo gente discriminada con menos oportunidades para acceder al tratamiento en los momentos de auge de la expansión. La falta de equipamientos en las pequeñas urbes es algo que también queda pendiente para replantear las políticas sanitarias post-covid junto a un urgente revisión de los protocolos de visita y contacto para evitar que esta discriminación a la población de la tercera edad pueda llegar a convertirse en algo normal durante estos aciagos años.