Este martes, el New York Times publicó un reportaje que recoge el testimonio del fiscal anticorrupción guatemalteco, Juan Francisco Sandoval, que acusa al presidente del país, Alejandro Giammattei, de recibir sobornos de una empresa minera rusa. 

El exfiscal fue despedido hace unas semanas al comenzar la investigación por este caso.  Según Sandoval, el presidente recibió una alfombra enrollada llena de billetes, como parte del soborno para permitir que  la empresa rusa operara parte de un puerto guatemalteco. “Tras entregar la alfombra rellena de dinero, el testigo escuchó a uno de los hombres decir que acababan de garantizar puerta libre en la Portuaria, según su declaración”, señala el artículo de NYT. 

Una vez fue despedido, el fiscal viajó a Estados Unidos con todas las evidencias y las puso en conocimiento de las autoridades de este país. 

El caso ya generó reacciones en Guatemala, y como era de esperarse, la presidencia negó toda responsabilidad en este tema. 

El Ministerio Público incluso señaló al diario República que Sandoval no informó a la Fiscal General, Consuelo Porras, del caso, “por lo que se están analizando las acciones a emprender”.

Porras es señalada por otros testigos citados por el NYT como una aliada del presidente Giammattei, y quien desde su cargo como jefe del ministerio público se ha dedicado a torpedear las investigaciones realizadas por la unidad anticorrupción.

Sandoval, que estuvo al frente de la oficina anticorrupción de la Fiscalía por cinco años, era bien conocido en el país por haber desmantelado más de 50 estructuras corruptas, dentro de ellas la de “La línea”, una trama de  sobornos y contrabando en el sistema de aduanas del país, que terminó en 2015 con la renuncia del entonces presidente Otto Pérez Molina. 

En los últimos meses, la situación política en la región ha estado marcada por la inestabilidad y los escándalos, no solo en Guatemala sino en Nicaragua y El Salvador. 

En Nicaragua por ejemplo, el presidente Daniel Ortega, ha emprendido una campaña en contra de sus contendores políticos y de los medios de comunicación. 

Según CNN, hasta el momento, más de 30 políticos opositores y activistas, entre ellos siete precandidatos a la presidencia, han sido encarcelados. El pasado 2 de agosto se abrieron las inscripciones de candidatos a la presidencia, pero el gobierno sigue utilizando todas sus armas para bloquear a los candidatos inscritos, lo que le garantizaría una reelección “democrática” a Ortega el próximo 7 de noviembre.

En El Salvador, las medidas populistas del presidente Nayib Bukele, como la legalización de las criptomonedas o una reforma a la constitución que permita la reelección, también han despertado la preocupación de los expertos, pues consideran que es la entrada a otro gobierno con tintes antidemocráticos en la región.