En una investigación publicada el 11 de enero, la revista Semana reveló un nuevo caso de corrupción al interior del Ejército colombiano, que incluiría interceptaciones ilegales a altos magistrados, políticos y periodistas.

Durante el año pasado, con el objetivo de hacer frente a las disidencias de la ex–guerrilla de las FARC y la aparición de otros actores paramilitares, el Ejército colombiano robusteció su equipo de inteligencia cibernética. Para ello, recibieron dos equipos en donación de organismos de inteligencia estadounidenses y compraron una plataforma tecnológica llamada Hombre Invisible por casi 3,000 millones de pesos colombianos a la empresa española Mollitiam Industries, dedicada la cyberinteligencia.

La plataforma Hombre Invisible, como explica la revista Semana, gracias a la declaración anónima de uno de los uniformados implicados en el manejo del sistema “permite hacer de todo: [entrar] a cualquier computador, acceder a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web, descargar conversaciones de chat archivadas o borradas, fotos y en general lo que tenga almacenado en la memoria de la máquina infectada”. Como también revela el contrato entre la empresa y el Ejército, publicado por la misma revista, la infraestructura comprada por el Ejército colombiano está diseñada para operar con un número infinito de agentes activos.

El uso de este tipo de tecnología hace parte de las funciones de determinados cuerpos del Ejército colombiano. No obstante, el problema radicaría en que el Batallón de Ciberinteligencia (Bacim) y los batallones de inteligencia militar Baime 1 y Baime 4 estaban usando esta tecnología española y americana para hacer seguimientos ilegales tanto a políticos en oposición al gobierno (como el exgobernador de Nariño Camilo Romero y el senador Roy Barreras), como a periodistas (de hecho, la misma revista denuncia que los periodistas que trabajaron en esta investigación sufrieron fuertes y numerosos seguimientos y amenazas) y a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia colombiana: César Reyes y Cristina Lombana, la cual fue, hasta hace poco, también mayor del Ejército.

De acuerdo a la información obtenida y publicada por Semana, los resultados de esas investigaciones ilegales (realizadas sin una orden judicial y a instancias –como la Corte Suprema de Justicia– que exceden las competencias de del Ejército) estaban siendo entregados a un “reconocido político del Centro Democrático”, el partido de gobierno en Colombia actualmente. Esto fue así, particularmente, para el caso de la magistrada Cristina Lombana, quien está relacionada con la investigación sobre dos casos con contra el expresidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez.

Cristina Lombana está llevando la investigación contra Uribe Vélez a raíz de las declaraciones de Andrés Sepúlveda, un hacker colombiano que fue condenado por intervenir en las elecciones de 2014 a favor del candidato protegido por Uribe, que en ese momento era Óscar Iván Zuluaga, hacer trabajo de redes sociales con el fin de ir en contra del proceso de paz con las FARC y publicar información sensible de los comandantes guerrilleros involucrados en la negociación.

Lombana también fue la primera magistrada de la Corte Suprema de Justicia en llevar la investigación contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

La historia de este caso empieza en 2014, cuando el senador Iván Cepeda citó a un debate de control político sobre el expresidente por su posible participación en la conformación del Bloque Metro de las AUC, un grupo paramilitar. Cepeda llamó a debate basado en declaraciones que exparamilitares le habían suministrado estando encarcelados. En ese momento el expresidente demandó al senador Cepeda ante la Corte Suprema por manipulación de testigos. La Corte investigó durante 4 años, tras los cuales exoneró a Cepeda y decidió investigar a Uribe por los mismos cargos.  La investigación contra Uribe la llevó inicialmente la magistrada Cristina Lombana, pero finalmente se reasignó al magistrado César Reyes debido al antecedente militar de Lombana.

Con el fin de recabar pruebas sobre el caso del hacker Andrés Sepúlveda, la magistrada Cristina Lombana ordenó y dirigió un allanamiento al Cantón de Comunicaciones del Ejército, en particular al Batallón de Ciberinteligencia. El operativo fue realizado el 18 de diciembre de 2019 a las 8:45 de la mañana, duró 16 horas y contó con más de 40 investigadores entre miembros de la Procuraduría y la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL de la Policía Nacional).

A pesar de que el Batallón de Ciberinteligencia sabía que el allanamiento se iba a hacer, precisamente por tener intervenidas las comunicaciones de la magistrada Cristina Lombana, fue en el momento del operativo cuando empezaron el apresurado y accidentado proceso de destrucción que pruebas, con lo cual quedaron rastros. Una de las sorpresas del operativo fue el seguimiento ilegal que hacían a la togada.

Del seguimiento ilegal al también magistrado de la Corte Suprema César Reyes se supo el día que Semana publicó su investigación. Una asistente del magistrado notó el 16 de diciembre una irregularidad en el cielo raso de la oficina. Al revisarse, descubrieron un micrófono de 3 centímetros escondido. De momento no se sabe quién habría podido implantarlo ni cuánto tiempo llevaba allí, mas el micrófono no estaba cubierto de polvo, lo que podría indicar que había sido implantado hace relativamente poco tiempo. El lunes se supo de un segundo micrófono, esta vez implantado al magistrado auxiliar con que Reyes lleva la investigación a Uribe por manipulación de testigos. 

Estas revelaciones resultan sumamente inquietantes no solamente con relación al nivel de corrupción que hay al interior del Ejército de Colombia, sino sobre la fragilidad de la democracia y la manera en que la corrupción de múltiples entes ha ido haciendo cada vez más frágil la separación de poderes.

El otro factor profundamente angustiante del caso está en las denuncias hechas por Semana sobre la persecución de que sus periodistas están siendo víctimas por la realización de la investigación. Según dan cuenta en el reportaje, sus periodistas han sido seguidos, sus comunicaciones interceptadas y han recibido sufragios con amenazas a ellos y sus familias, así como otras formas de intimidación, como lápidas ubicadas en sus autos.

El expresidente y senador Álvaro Uribe y otros políticos del Centro Democrático han sido rápidos en salir a desmentir las posibles acusaciones en su contra frente a este caso. El problema es que al juntar dos puntos se forma una línea.